CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su intención de buscar otro mandato como jefe de Estado, la justicia del país sudamericano lanzó nuevas acusaciones en su contra, esta vez por lavado de dinero y falsedad ideológica, y exigió llevarlo a prisión preventiva. A cualquier precio los fiscales quieren hallar indicios en contra mía y de mi familia, dijo ayer Lula da Silva, quien afirmó que es víctima de una “persecución política”. De acuerdo con información difundida por la agencia Notimex, la fiscalía y la prensa brasileña dieron a conocer este jueves que el Ministerio Público (MP) del estado de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente por los crímenes de lavado de dinero y falsedad ideológica, en una causa judicial separada de la Operación Lava Jato. Destacó que en una rueda de prensa celebrada esta tarde en Sao Paulo, los tres fiscales que firman la denuncia detallaron los fundamentos jurídicos contra Lula, su esposa Marisa Leticia, su hijo Fabio Luiz y otras 13 personas denunciadas. Sin embargo, rechazaron explicar públicamente si pidieron la prisión provisional de Lula, aunque la prensa brasileña, que tuvo acceso a una filtración de documentos judiciales, señaló que el Ministerio Público estimó como “imprescindible la prisión preventiva” del exmandatario para evitar “amenazas a víctimas y testigos”, así como una eventual obstrucción a la justicia. Los fiscales negaron a la prensa que la denuncia –presentada la víspera, y que de ser admitida a trámite podría provocar la detención provisional de Lula– responda a cuestiones políticas. “El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Es judicial. Poco importa si éste u otro procedimiento tiene cualquier repercusión política”, aseguró José Carlos Blat, uno de los tres fiscales que suscribe la denuncia. Este es un caso judicial separado de la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras y se lleva a cabo en la ciudad de Curitiba, y las acusaciones contra el expresidente en Sao Paulo se fundamentan en el intento de ocultar la propiedad de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad balnearia de Guaruja, apuntó. La causa contra Lula y contra su esposa e hijo se enmarca en un caso que se remonta a 2009, cuando la empresa constructora OAS –investigada en la Lava Jato– asumió las obras de la Cooperativa Habitacional de los Banqueros de Sao Paulo (Bancoop), que se había declarado en bancarrota para acometer varios proyectos inmobiliarios por supuestos desvíos de fondos con fines políticos. Según la nota publicada por Notimex, los fiscales aseguran que OAS omitió varios compromisos contractuales con cientos de familias que habían pagado sus casas y jamás las recibieron porque no fueron terminadas, pero sí hizo las obras en el edificio Salinas en la localidad de Guarujá, donde Lula y otros miembros del Partido de los Trabajadores (PT) tendrían de facto residencias, aunque sin propiedad escritural. “Miles de personas se quedaron sin apartamentos y fueron despojadas de realizar el sueño de tener una casa propia, mientras uno de los investigados era beneficiado con un tríplex”, subrayó ante la prensa el fiscal Cassio Roberto Sonserino, que también firma la denuncia. Lula negó en varias ocasiones la propiedad del tríplex –cuyas obras dentro del departamento para incluir un ascensor y reformar la cocina también están siendo investigadas en la Operación Lava Jato–, pero la fiscalía asegura que “dos decenas de personas” la confirmaron. “Dos decenas de personas han relatado que los Lula eran los propietarios. Interrogamos a trabajadores del edificio, al celador, al portero, a trabajadores de la constructora OAS. Incluso el propietario de la empresa que hizo las obras dentro del triplex dijo que presentó a la esposa de Lula y a su hijo el proyecto de reforma”, señaló. Los fiscales, cuya denuncia debe ser ahora analizada por la justicia en un plazo de tiempo indeterminado, aseguran incluso que los inmuebles en el edificio Salinas eran vendidos con el gancho comercial de tener al expresidente como vecino. A finales de febrero pasado, durante la fiesta de celebración del 36 aniversario del PT, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se defendió de las acusaciones en las que se le señala como dueño de una chacra en el interior del estado de Sao Paulo y poseedor del apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá. También criticó al Ministerio Público y al fiscal Cassio Conserino, que lo citó a una declaración luego suspendida, y defendió a la presidenta Dilma Rousseff, ausente en la fiesta por un viaje a Chile. En esa ocasión la mandataria mandó al encuentro del PT una carta con un mensaje contundente en el que dijo que existe en Brasil un intento de usurpar un mandato legítimamente conquistado en las urnas. “No me harán retroceder”, dijo, y también defendió a su antecesor, al que calificó como un “patrimonio político”. “Soy y seré solidaria con mi amigo y compañero Lula en todas las ocasiones, y continuaré a su lado en todas las batallas que ciertamente todavía trabaremos”, subrayó Rosseff en la carta leída por el presidente del PT, Rui Falcao. Lula, en tanto, dijo estar “harto” con el compartamiento de “nuestros enemigos, de nuestra prensa. Yo no imaginaba ver un Ministerio Público haciendo el juego de la prensa, de la (revista) Veja”. Añadió: “Hoy los jueces tienen miedo de votar a una portada de un periódico”. Y “un país nunca será serio si un juez del STF, del STJ, del TCU están con miedo de la opinión pública. Hoy primero la prensa condena”. El exmandatario brasileño dijo nuevamente que no es candidato, pero que “si fuera necesario, si entienden que el mantenimiento del proyecto corre riesgo, yo quiero decir bien alto: yo estaré con 73 años y con fuerza de 30 para ser candidato a presidente de la República”.