La contrarreforma electoral

En el fondo, y como siempre, lo que quieren las dos mayores televisoras del país es seguir enriqueciéndose a costa del erario a propósito de las campañas electorales. En 2007 se rebelaron contra una reforma que prohibía a los partidos y candidatos comprar tiempo-aire; y quienes aprobaron esa medida ahora proponen un modelo mixto para que se autorice lo que se prohibió entonces. Es una contrarreforma electoral.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 11 de agosto de 2007 los principales comentaristas de Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y de radiodifusoras protagonizaron una “rebelión” en el quinto piso de la Torre del Caballito, sede de las oficinas de comisiones del Senado.

Encabezados por la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cúpula de los inconformes protestó por la inminente aprobación de una reforma constitucional para establecer la “prohibición total de los partidos políticos para adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión”.

Vestido de suéter rosa, Joaquín López-Dóriga fue el foco de atención de los fotógrafos que cubrieron el inédito evento. Sentado al lado de su presunto competidor, Javier Alatorre, de TV Azteca, y de Patricia Chapoy, conductora del programa de variedades de Canal 13, el conductor de Televisa “ventaneó” a sus propios colegas al preguntarle a los 41 senadores presentes si sería un delito electoral decir que el entonces gobernador del Estado de México “es muy guapo” (Proceso 1611).

No era poco lo que estaba en juego. La prohibición de comprar tiempo-aire le restaba a las televisoras una bolsa de cerca de 2 mil millones de pesos de dinero público y privado, según los cálculos de los senadores que promovían la reforma, entre ellos el priista Manlio Fabio Beltrones.

Los concesionarios buscaron el apoyo de 19 gobernadores con aspiraciones políticas, entre ellos Enrique Peña Nieto, quien tenía un convenio de comunicación y promoción millonario con Televisa. No pudieron frenarla.

A pesar de este talk show, el Senado aprobó la reforma por 111 votos a favor, incluyendo los sufragios de la bancada del PRI, coordinada en ese entonces por Beltrones. Días después, la Cámara de Diputados aprobó –por 408 votos en lo general y 362 en lo particular– la reforma a nueve artículos constitucionales, incluyendo el 6, el 41 y una adición al 134, que conformaron el llamado nuevo “modelo de comunicación política”.

Las televisoras no dejaron de quejarse desde entonces. Y lo hicieron a través de sus principales comentaristas en radio, televisión y prensa. La descalificaron una “reforma chavista”, una “expropiación”, una “tentación de censura” y un “engaño a la sociedad”.

Poco más de ocho años después, los mismos impulsores de este “modelo de comunicación política” pretenden recular y realizar una contrarreforma que permita la compra de tiempo-aire en medios electrónicos y disminuya los 48 minutos de tiempo de Estado obligatorios (30 en todas las estaciones de radio y 18 en las televisoras) regulados y distribuidos entre los partidos políticos por el propio Instituto Nacional Electoral (INE).

El banderazo de salida a la posible contrarreforma lo dio Beltrones, el actual dirigente nacional del PRI, quien en noviembre pasado habló de la posibilidad de analizar un “modelo mixto” que permita que 50% del tiempo a los partidos y candidatos sea regulado por el INE y el otro 50% se abra a la inversión privada o la compra de tiempo-aire.

El 5 de febrero último se sumó al mismo barco el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, en su discurso de aniversario de la Constitución. Frente a decenas de senadores y diputados, Gil Zuarth afirmó que “en el caso del modelo de comunicación política quisimos corregir excesos, pero cometimos otro en perjuicio de la libertad”.

Y abundó, sin dar ejemplos concretos: “Ese modelo vigente inhibe el flujo de las ideas y la participación activa de los ciudadanos, inhabilita la deliberación democrática y cancela la libertad de expresión.

“Debo decirlo con toda claridad: protege a los partidos políticos de la crítica y sanciona a quienes informan o nos juzgan. Es el régimen del silencio, de la tutela paternalista, de la censura al debate.”

Nueva campaña del duopolio

Las posiciones públicas de Beltrones y de Gil Zuarth son similares a las expresiones vertidas por los principales comentaristas de Televisa y de TV Azteca en televisión y en sus columnas periodísticas, así como de la cúpula de la CIRT, que reprodujeron los argumentos de 2007.

El 24 de noviembre de 2015, el presidente de la CIRT, Édgar Pereda Gómez, se quejó porque “el modelo de comunicación política que tuvimos en las pasadas elecciones se vio muy negativo, tanto para los candidatos como para los partidos y la sociedad. Creo que realmente es un modelo fallido y debe haber modificaciones en el sentido correcto”.

Pereda Gómez aprovechó la 57 semana de la Industria de la Radio y Televisión para afirmar que los spots electorales que se distribuyen en todas las estaciones constituyen “un modelo fallido”.

Durante la visita del Papa Francisco, en medio del teletón continuo sobre las actividades del pontífice, López-Dóriga aprovechó para quejarse al aire de que debía interrumpir las transmisiones para dar paso a la pauta de spots del INE para los candidatos constituyentes de la Ciudad de México.

El INE le aplicó “medidas cautelares” a López-Dóriga por esa mención y el comentarista de Canal 2 de Televisa y de Radio Fórmula acusó a la autoridad electoral de emprender una “ofensiva chavista” en su contra y se colocó en el papel de víctima de la libertad de expresión. Los mismos argumentos y calificativos utilizados ocho años antes.

En un artículo publicado en Milenio Diario el 24 de febrero, López-Dóriga afirmó: “La persecución del INE la basa en los comentarios que hice durante la transmisión del sábado de la visita del Papa, en el sentido de que el corte comercial al que íbamos había sido pautado por el mismo INE, lo cual es cierto; que era sobre las campañas para candidatos constituyentes de la Ciudad de México, cierto también; que en los del Partido Acción Nacional se promovía la persona del presidente Ricardo Anaya, de nuevo cierto, y habían sido programados en la transmisión del viaje papal a México, otra verdad del tamaño de una catedral, para estar a tono”.

“Víctima” del INE y del “modelo de comunicación política”, López-Dóriga recibió apoyos de otros comentaristas de radio y de televisión, destacadamente de Sergio Sarmiento, colaborador de TV Azteca, y de Javier Tejado Dondé, estratega y cabildero de Televisa en el Congreso.

Un día antes, el 23 de febrero, Tejado Dondé publicó en su columna de El Universal que el INE “se lanzó contra cuatro comunicadores (Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre, Carolina Rocha y Jorge Zarza). Su osadía fue criticar los spots que el INE y partidos lanzaron durante la visita papal. En un procedimiento sancionador, que abrieron desde las oficinas centrales del INE, consideran que es un ‘abuso del derecho (de libertad de expresión), so pretexto de comunicar u opinar, la emisión de mensajes antes o después del material pautado por el INE’”.

El operador de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, agregó: “Con esto, lo que busca el INE es anular cualquier crítica a su labor y a los contenidos de los mensajes que pauta. Son estándares de censura que nunca se vieron en la Argentina de los Kirchner, ni en la Venezuela de Chávez y Maduro”.

El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado también se sumó a la campaña. Siempre coincidente con las posiciones de Tejado Dondé y de la telebancada, el legislador panista sentenció que “el actual modelo de comunicación política en México es una basura”.

El 22 de febrero publicó en El Universal un artículo titulado El asfixiante modelo de comunicación política, en el que expuso: “El andamiaje legal que nos rige obedece a la desconfianza. Su diseño privilegia la difusión de millones de spots que poco o nada le dicen a la sociedad, y anula el debate de las ideas tan necesario en una contienda electoral”.

Y ayer jueves 10 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a López Dóriga y Alatorre por sus críticas a los “spots” del INE y partidos.

Dinero para salvar a las televisoras

La contrarreforma electoral para regresar a los términos anteriores a 2007-2008 coincide con la desventaja de los aspirantes priistas a la Presidencia de la República frente a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, y de Ricardo Anaya, dirigente del PAN, quienes aparecen en los spots pautados por el INE, pero también con la baja abrupta de ingresos publicitarios privados que registraron Televisa y TV Azteca en 2015.

TV Azteca registró pérdidas por 511 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2015, según su reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, mientras Grupo Televisa vio reducidas sus ganancias el mismo periodo en 37% y en todo el año pasado bajó en más de 10% su venta publicitaria en televisión abierta.

Al mismo tiempo, el rating en televisión abierta registró una caída de más de 15% en los últimos dos años, de acuerdo con el Tercer Informe Estadístico Trimestral 2015 sobre consumo en medios electrónicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Las televisoras quieren salvar su modelo de negocios con la ley del menor esfuerzo y la máxima ganancia”, sentenció el doctor Javier Esteinou Madrid, profesor e investigador de la UAM, al abordar este intento de contrarreforma electoral.

Otro modelo sin compra de tiempo

Javier Esteinou afirma a Proceso que tanto el PRI como el PAN “en lugar de fortalecer y corregir los errores del modelo de comunicación política, pretenden regresar a la corruptibilidad. Esto no responde a una evaluación de la reforma electoral, sino al miedo que le tienen a los precandidatos presidenciales avanzados.

“Se trata de un proyecto reactivo que se inspira en revisar la prohibición de compra de tiempo-aire para ganar ventaja electoral. El modelo mixto que plantea Beltrones es muy preocupante. No elimina la spotización que todos hemos criticado, pero tampoco incluye a los ciudadanos en un solo segundo o minuto y acaba por reforzar a la partidocracia”, según Esteinou.

Y agrega: “Es un regreso a la Edad Media para que el señor feudal se adueñe de los espacios electrónicos. No se construye un verdadero estado de derecho. Al contrario, se regresa a un modelo que fomenta los privilegios y la corrupción”.

Por su parte, el diputado federal por Morena y exdirector del Canal del Congreso, Virgilio Caballero, subrayó que “la oportunidad de la maniobra está perfectamente planeada” entre los concesionarios, el PRI y un sector del PAN en el Senado.

Caballero participó, junto con Esteinou y la consejera del INE Pamela San Martín Ríos en un foro organizado el 22 de febrero en la Cámara de Diputados por la revista Zócalo para analizar el riesgo de cambiar este “modelo de comunicación política”.

Creador de varios medios públicos, Caballero afirma a Proceso que el actual modelo tampoco sirve para comunicar, porque se privilegia la transmisión de mensajes unilaterales de 30 segundos a través de spots, se elimina la posibilidad del debate público y “no existen los ciudadanos en esta relación entre partidos, políticos y medios electrónicos”.

Dice: “Vayamos a un modelo que privilegia el debate y no los spots. Que se aprueben mensajes de tres y cuatro minutos, aprovechando los mismos 48 de Estado, pero no permitamos que se retorne a la compra de tiempos. Ese es un modelo mercantil”.

–López-Dóriga y otros comentaristas dicen que el actual modelo es un atentado a la libertad de expresión. ¿Qué opina de esta posición? –se le pregunta a Caballero.

–Es un despropósito decir eso. ¿A qué libertad se ofende? Lo que debemos evitar es retornar al tiempo de comunicar a partir de ponerle un precio al tiempo-aire.

Caballero y Esteinou subrayan que las coincidencias principales del foro organizado en la Cámara de Diputados fue que no se disminuyeran los tiempos del Estado dedicados a las campañas; no permitir la compra; abrir los espacios a los ciudadanos; erradicar la política del spot; obligar a los aspirantes a debatir; crear una comisión de vigilancia legislativa y un observatorio de medios.

Además, agrega Esteinou, “es necesario incorporar a los medios públicos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están en este debate el Canal Once, el Canal 22 o las estaciones de radio? Siguen funcionando como medios de gobierno. El único que difundió parte de este debate fue el Canal del Congreso, porque era su obligación”.

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