Tanto el Congreso federal como el veracruzano documentaron lo que era evidente desde hace años: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 fueron un dechado de corrupción y robo: más de 800 millones de pesos fueron mal empleados o mal comprobados. En sendos análisis, tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Órgano de Fiscalización estatal hallaron pagos para obras que no existieron, sobreprecio en las labores de remodelación y construcción de infraestructura, licitaciones y adjudicaciones amañadas, trabajos realizados con materiales de ínfima calidad y adeudos a proveedores y empleados. Aun ante las pruebas, el gobierno de Javier Duarte calla. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Es oficial: el desaseo con el cual el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, ha ejercido el presupuesto público también alcanzó a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Paracentroamericanos (JCPC) de 2014. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades en el gasto de más de 800 millones de pesos provenientes del gobierno federal, de un total de mil 800 millones que le fueron transferidos a la entidad para realizar ambas justas. Asimismo, el Órgano de Fiscalización (Orfis), el brazo técnico del Congreso local para la fiscalización, realizó observaciones financieras en el uso de recursos locales. Los informes de ambos órganos son evidencia de lo que desde 2013 Proceso publicó: sobreprecio en las obras de remodelación y construcción de la infraestructura deportiva, licitaciones y adjudicaciones amañadas, trabajos inconclusos y con materiales de ínfima calidad, adeudos a proveedores y empleados y la inexistencia de villas centroamericanas en las ciudades sede, a pesar de que tanto en Xalapa como en Veracruz se construyeron desarrollos inmobiliarios que ya no fueron utilizados para ese fin. La auditoría de la ASF a la Cuenta Pública de 2014 arroja que la administración de Duarte debe devolver 722 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos al Fideicomiso Público del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Durante ese periodo, el funcionario estatal responsable de la operación del fideicomiso fue Carlos Sosa Ahumada. El Comité Organizador (Cover) fue creado el 8 de febrero de 2012 y se extinguió mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial, número extraordinario 096 del 9 de marzo de 2015, sin haber finiquitado el pago de distintos adeudos. En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, la ASF encontró una responsabilidad administrativa sancionatoria contra el gobierno de Veracruz por “suspender las obras de modernización” del World Trade Center (WTC) de Boca del Río, donde se realizaron las competencias de judo, lucha olímpica, box y taekwondo. En este lugar también fueron abanderadas las delegaciones de los países participantes.­ Aunque el Cover decidió suspender la obra, sí liberó el pago de tres facturas por 20 millones de pesos, según revela la observación 14-B-30000-04-1021-08-005, del rubro Programa S205 Deporte. En esa supuesta obra, el WTC debió haber tenido “remodelaciones específicas”. En cambio, durante el desarrollo de las competencias se montaron muros de tablarroca y gradas portátiles, así como vallas metálicas para separar una disciplina de la otra. “Entre las irregularidades, además, tramitaron para su pago tres facturas por un monto de 20 millones de pesos, cuando a seis días del inicio se suspendió la obra”, se expone en el documento. Por tal motivo, la ASF emitió una “promoción” ante la Contraloría General del Estado de Veracruz –cuyo titular, Ricardo García Guzmán, ya lanzó su precampaña en Pánuco para ser candidato a diputado local por el PRI– con el fin de que investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que contrataron la construcción de la primera etapa de la modernización del World Trade Center de Boca del Río, la cual no corresponde al objetivo y propósito del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable”. Con recursos destinados a los certámenes centroamericanos, el gobierno de Duarte gastó 40 millones de pesos en esas supuestas remodelaciones al WTC, “que no corresponden con la infraestructura deportiva”, y con esos recursos se remozaron la oficina del gobernador, la sala de juntas, el balcón y otras oficinas, lo cual también es una irregularidad. La ASF concluye que al no tratarse de instalaciones deportivas, esos recursos no deberían haberse ejercido en dichos lugares. La partida auditada por la ASF supera los 860 millones de pesos y fue ejercida a través de siete contratos por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) que encabezaba Gerardo Buganza. Además, antes del inicio de las obras no se presentaron anteproyectos, proyectos ejecutivos ni presupuestos con precios unitarios y, por ende, no hubo supervisión a la hora de hacer las obras. La ASF también detectó que varios contratos fueron modificados en fechas, montos, pagos, lo cual no tiene ningún sustento jurídico. Frente interno En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2014, el Orfis realizó 33 observaciones y recomendaciones de carácter técnico a la obra pública del gobierno estatal y ocho de carácter financiero, que derivaron en un presunto daño patrimonial de 14.5 millones de pesos de la SIOP. Varios de esos apuntes corresponden a los JCPC. En el Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los JCPC 2014 se detectaron “obras de mala calidad por deficiencias técnicas” en la rehabilitación del gimnasio de balonmano y karate, en la unidad deportiva Carlos Serdán, en Veracruz, así como en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río. Según el Orfis, en el inmueble de karate había lavabos sin fijar, entre otros “accesorios no reportados”, mientras que en la unidad Hugo Sánchez, donde se jugó futbol femenil, las gradas presentan fisuras. Respecto de la remodelación del estadio Luis Pirata de la Fuente –casa del equipo de futbol profesional Tiburones Rojos–, la observación TP-017/2014/318 destaca “deficiencias técnicas”, con “burbujas” y “parches” en el área de la superficie de poliuretano, donde se llevó a cabo la inauguración de la justa deportiva. En la construcción del complejo de voleibol en la arena Córdoba se detectó que la colocación de butacas para el área de comentaristas implica un “presunto daño patrimonial” de 458 mil 780 pesos por volúmenes pagados pero no ejecutados. También se descubrió que los precios fueron “inflados” en la rehabilitación del gimnasio El Mexicano y en la construcción de la arena Córdoba: en los pisos de concreto, en la compra y colocación de falso plafón, y en el suministro y colocación de losa y lámparas, entre otros objetos, lo que derivó en un daño patrimonial de 4 millones 600 mil pesos. La auditoría del Orfis también exhibió que el Cover tuvo diversas irregularidades e inconsistencias, como pagos sin comprobar, retenciones sin depositar, “aviadores” en la nómina y la extinción de este órgano a pesar de que tiene adeudos, los cuales tuvieron que ser redireccionados –según la Gaceta Oficial del Estado– a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El Cover tuvo cinco observaciones financieras. En la número FP-038/2014/005, el auditor local detectó que en los saldos señalados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 existen cuentas por cobrar a corto plazo por 341.6 millones de pesos. A otros proveedores del gobierno se les deben pagar adeudos por 313.2 millones de pesos. En la observación FP-038/2014/001, el Orfis destaca un faltante de 4.9 millones de pesos “en la cuenta de retenciones y contribuciones”. También detectó “un aviador” en el Cover. Aunque no aparece su nombre, se trata de un servidor público que mientras se desarrollaban los JCPC cobraba en el Cover y, al mismo tiempo, en la Secretaría de Educación de Veracruz como director general de Educación Física estatal. “No se contó con un oficio de comisión o evidencia de compatibilidad de empleos, por lo que no se tiene la certeza del cumplimiento de sus actividades y horarios laborales como analista especializado en el comité, por lo que obtuvo pagos de nómina en el ejercicio 2014 según dispersiones, por un importe de 253 mil 658 pesos”, se lee en la auditoría de la cual Proceso posee copia. Otro desaseo financiero se encontró en los convenios de colaboración con los municipios sedes del certamen. En la observación FP-038/2014/004, el Orfis determinó la existencia de un Convenio Específico de Colaboración para el otorgamiento de “un subsidio” para instaurar las acciones derivadas del Convenio Marco de Colaboración Administrativa, celebrado con el ayuntamiento de Boca del Río, por 10 millones de pesos, “en el cual no se encontró evidencia de cuál fue el ejercicio, destino y resultados obtenidos”. El Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) también cometió inconsistencias técnicas y financieras en 2014. Aunque en este caso el Orfis no detectó daño patrimonial, sí realizó observaciones de carácter financiero. En la observación FP-064/2014/002 encontró que en la revisión y análisis de la Cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios hubo un importe de 2.7 millones de pesos, etiquetados en septiembre de 2014 y correspondiente a ejercicios anteriores, que desapareció un mes después. “Ya no aparece su registro al mes de octubre de 2014, del cual no se proporcionó la documentación comprobatoria que justifique su amortización o la autorización para su cancelación”, se expone. En la observación FP-064/2014/004, acerca de las cuentas por pagar del IVD al cierre del ejercicio 2014, halló un saldo pendiente por 11.6 millones de pesos registrado en la cuenta 2-1-1-7-0000-0000 “por retenciones y contribuciones” a liquidar en el corto plazo. El Orfis acusa que no se realizaron las acciones necesarias para solventarlo o depurarlo. “Incluye contribuciones fiscales pendientes, por lo que podría generarse un pasivo contingente como resultado del fincamiento de créditos fiscales con actualizaciones, multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente; además no proporcionó la integración detallada de las cuentas que conforman dicho rubro que permitan verificar los movimientos y la antigüedad de saldos.” En la observación FP-064/2014/006 quedó asentado que el IVD realizó erogaciones por 625 mil 859 pesos. Sin embargo, no hay evidencia de que los servicios recibidos fueron formalizados a través de un contrato. Tampoco hay constancia de que a los seis proveedores a los cuales se les pagó dicho monto hayan dado algún servicio. En las recomendaciones de carácter financiero, el Orfis exige al IVD que atienda los saldos contables de cuentas por cobrar, continuar con los procesos de depuración, análisis de antigüedad y gestión para la recuperación de los mismos saldos, además de que los bienes en situación de comodato cuenten con sus respectivos contratos actualizados. Historia de la opacidad Durante 2013, 2014 y 2015, este semanario dio cuenta de las irregularidades en las que el gobierno de Javier Duarte incurrió antes, durante y después de la realización de los Juegos Centroamericanos y Paracentroamericanos (Proceso 1922, 1941, 1973, 1985, 1986, 1997 y 2018). Hasta la fecha no se sabe si la Secretaría de Turismo y Cultura y el IVD ya liquidaron los 3.6 millones de pesos (unos 200 mil dólares) por la compra del pebetero y 250 antorchas que trasladaron la flama centroamericana por distintas entidades. En enero de 2014, el gobierno de Duarte pagó 25% de un contrato por 400 mil dólares –administrado por la outsourcing llamada CREE, propiedad del secretario de Turismo, Harry Grappa– a una empresa china. Otro 25% fue cubierto cuando los proveedores enviaron a dos de sus empleados (en octubre de aquel año) para hacer funcionar las antorchas, tres semanas antes de la justa deportiva. Cuando en diciembre de 2014 el Orfis entregó al Congreso veracruzano el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013 se detectaron las primeras irregularidades.­ Tan sólo la extinta Secretaría de Comunicaciones, hoy convertida en la SIOP, invirtió más de 51.5 millones de pesos para dotar de infraestructura al desarrollo habitacional Crystal Lagoons, en la zona Mata de Pita en Veracruz. El proyecto fue creado para erigir la Villa Centroamericana que, tres meses y medio antes de la justa deportiva, el gobierno priista decidió abortar con el pretexto de que no contaba con recursos para equiparla. Según Duarte, sería más caro comprar colchones, ropa de cama y muebles que rentar habitaciones de hotel. De esta manera, los JCPC Veracruz han sido los únicos en la historia en los que los atletas no tuvieron una villa. El Orfis detectó un presunto daño patrimonial, pues la constructora ARA “no ha cumplido” con la recuperación de la aportación convenida entre gobierno y la iniciativa privada, establecida en un contrato.­ Por su parte, la constructora Carpin, encargada de construir la Villa Centroamericana en Xalapa, no tiene de qué preocuparse, pues su contrato no formó parte de la muestra auditada por el Orfis. Los terrenos donde se edificaron los departamentos fueron donados por el Instituto Tecnológico y esta empresa se benefició con recursos públicos. Las obras de infraestructura que alcanzó a realizar la Secretaría de Comunicaciones fueron el canal Mata de Pita, vialidad de acceso al desarrollo habitacional denominado ARA Crystal Lagoons Veracruz, y tres colectores pluviales que beneficiaron a la empresa ARA –en prejuicio del erario. Ni un peso ha sido devuelto al gobierno estatal, según el Orfis. En la observación FP- 016/2013/019 el Orfis asentó que, en el Convenio de Colaboración celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social y la inmobiliaria El Globo SA de CV, mediante la subsidiaria Constructora y Urbanizadora ARA SA de CV, la administración de Duarte no ha podido “recuperar la aportación convenida”, pues una vez cancelado el proyecto de las villas en vísperas del certamen, el gobierno estatal dejó en el limbo las cláusulas del convenio. “La inmobiliaria daría en comodato inmuebles con servicios habilitados en el desarrollo habitacional antes mencionado; sin embargo no existe evidencia de la contraprestación del apoyo otorgado por la inmobiliaria o, en su caso, la recuperación de la aportación convenida.”