CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del gobierno de Miguel Ángel Mancera no le han bastado 27 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana (CDHDF) para evitar y eliminar la dilación en el acceso a la justicia entre su personal contra los ciudadanos. Desde 1993, --hace 23 años-- el organismo defensor ha posicionado ese tema ante la autoridad local; sin embargo, continúan las violaciones recurrentes a los derechos humanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación u omisión para integrar y determinar las indagatorias, así como la negativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas de delitos. Por estas mismas razones, la CDHDF emitió este viernes la Recomendación 2/2016 dirigida a la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos Garza, como autoridad responsable por diversos casos de dilación en el acceso a la justicia en periodos que van de los dos hasta más de 13 años. El documento incluye investigaciones de 19 expedientes de queja registrados en la Comisión entre 2009 y 2014. Ese periodo incluye la gestión de Miguel Ángel Mancera como procurador capitalino y de Ríos Garza como su secretario particular y amigo personal. También abarca el primer tercio de la jefatura de gobierno mancerista y el puesto en el que éste dejó a su subalterno. De acuerdo con la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, estos casos están relacionados con el inicio e integración de averiguaciones previas en las que la falta de diligencia y la dilación se tradujo en un impedimento para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de delito y en una revictimización de las mismas, según un comunicado del organismo. La funcionaria enlistó los derechos humanos violentados por servidores públicos de la PGJ, según la Recomendación emitida: Derecho al debido proceso por falta de determinación adecuada en un plazo razonable, Derecho al acceso a la justicia y 3) Derecho a un trato digno y la integridad psicoemocional. Participación ciudadana v/s omisión oficial En todos los casos la Comisión identificó que los denunciantes tuvieron participación activa durante el trámite de sus expedientes, ya sea aportando pruebas para acreditar la probable responsabilidad o dándole seguimiento a las indagatorias. En contraste, agregó Gómez Gallardo, los agentes del Ministerio Público de la PGJDF y sus respectivos Oficiales Secretarios “incurrieron en omisiones para tomar medidas para la ubicación, localización y citación a declarar de los probables responsables”. Dichas omisiones derivaron también en “falta de realización de diligencias tendientes a recabar elementos de prueba, no se solicitaron dictámenes de criminalística, se ejercitó la acción penal indebidamente, se incumplieron disposiciones legales, se incurrieron en errores técnicos, en fallas para dar un seguimiento puntual y oportuno a las indagatorias”, entre otras. Las investigaciones de la CDHDF concluyeron que en estos 19 casos las víctimas resultaron afectadas porque las indagatorias de la Procuraduría local no condujeron a la determinación de sanciones y a la reparación del daño. Según sus cifras, en seis casos prescribió la pretensión punitiva, en ocho están concluidas por diversas causas y siete aún se encuentran en investigación. Por ello, la CDHDF recomendó a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos determinar las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurrieron en dilación, indemnización y tratamiento psicológico a las víctimas y llevar a cabo un acto general de reconocimiento de responsabilidad. Además le solicitó la revisión y modificación de los acuerdos A/010/2009 y A/016/2009 del procurador, “a fin de reforzar las garantías de cumplimiento de los plazos establecidos en los mismos para la realización de diligencias necesarias y sustantivas en plazos razonables”. Por último, la ombudsman PerlaGómez se dijo confiada en que con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio que debe entrar en plenitud este año, el procurador Ríos Garza “identifique, atienda y modifique aquellas actuaciones y sancione a aquellos servidores públicos que de manera reiterada emiten asignaciones que les regresan los jueces y posteriormente no se puede llevar a cabo una responsabilidad clara, generando esta desconfianza de la sociedad”.