Emprenden campaña difamatoria contra colaboradora de Proceso en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portal informativo La Opción en Chihuahua emprendió el 1 de marzo una campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga mediante la difusión de notas informativas anónimas en las que la acusa de estar metida en líos judiciales, de haber militado en partidos políticos y de lucrar con fondos para periodistas, entre otras calumnias.

La campaña periodística generó que integrantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas exigieran en los días subsecuentes — 2 y 3 de marzo–, a Mario Trevizo Salazar, secretario de Gobierno del estado, que detuviera la embestida de desprestigio en contra de la colaboradora del semanario Proceso.

Además, pidieron que se regule la publicidad oficial, toda vez que ese medio de comunicación es uno de los más beneficiados con la publicidad gubernamental, por lo que no descartaron que la embestida provenga desde el Palacio de Gobierno, como ha sucedido con opositores al gobierno de César Duarte Jáquez.

Otro indicador no menos importante es que dicho portal de noticias ha lanzado ataques contra otros periodistas y voceros en los últimos meses.

Trevizo Salazar se comprometió a resguardar la integridad física de Mayorga y a ofrecer una postura oficial sobre el respeto hacia el trabajo de la reportera y del periodismo libre.

En la manifestación de apoyo a Mayorga, los activistas, entre quienes se encontraban defensores de indígenas, familiares de personas desaparecidas, migrantes, y del Movimiento de Mujeres, recriminaron a Trevizo que el gobierno permita que se orquesten campañas de desprestigio a través de medios oficialistas como La Opción de Chihuahua.

“Controle a sus medios”, reclamó Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

El origen de la campaña contra Mayorga, de acuerdo con el Movimiento de Mujeres, fue la publicación en proceso.com.mx y la agencia APRO de la denuncia formulada por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, contra el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, por violencia institucional, el pasado 29 de febrero en el marco de su informe de actividades. Pocos medios locales hicieron eco de la querella.

Un día después, el 1 de marzo, La Opción difundió la siguiente nota sin firma.

La corresponsal de la revista semanal Proceso, Patricia Mayorga Ordóñez, se halla envuelta en líos judiciales.

Su nombre aparece en un amparo indirecto, señalado al rubro 09/2016 y radicado ante el Juzgado Décimo de Distrito. El juicio fue promovido por un grupo de ex periodistas, en su mayoría, pues ya no ejercen, o son voceros de gobierno del estado.

Reclaman no haber sido tomados en cuenta por el Colegio de Periodistas de Chihuahua para la elección del Consejo Directivo 2016.

Patricia Mayorga Ordóñez, la corresponsal de Proceso, fue presidenta de la agrupación en su segundo año de vida, en 2006.

Su periodo fue caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que obtuvo para el Colegio de Periodistas.

En la demanda de amparo, firmó junto a otros ex periodistas, una serie de mentiras que, en un proceso penal, podrían ser tipificados como delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Por ejemplo, señala que no se le permitió presentar una planilla para la elección del Consejo Directivo 2016, que le fue negado a la asamblea electiva y que se le prohibió votar.

Todo esto es mentira, falso de toda falsedad, como dicen los abogados rascuaches, pues ella misma se retiró de la agrupación, al señalar que no le interesaba regresar a la organización gremial.

Mayorga fundó una red de mujeres periodistas, que se ha constituído en un auténtico fracaso y, a raíz de ello, decidió volver a la grilla del Colegio de Periodistas de Chihuahua.

En su segunda parte, este lío judicial le obligará a rendir cuentas ante la autoridad judicial de los recursos que tuvo entre sus manos cuando fue Presidenta de la organización.

Activa militante de Acción Nacional, Paty Mayorga, como le dicen sus amigos, cambió radicalmente de ideología a partir de su ingreso a la revista Proceso y se constituyó desde entonces en una furibunda militante de izquierda.

Además de ser corresponsal, se dedica a brindar asesoría en materia de medios -a pesar de su pésima redacción- a organizaciones civiles y grupos de distinta índole.

Posteriormente, un grupo de periodistas se reunió también con Trevizo para manifestar su preocupación por los ataques de ese medio contra la colaboradora del semanario Proceso.

Asimismo lamentaron que el propio gobierno estatal empodere a un puñado de medios de comunicación que hacen un periodismo cómodo con el flujo de recursos millonarios por publicidad.

En el encuentro, el secretario de Gobierno reconoció la necesidad de hacer una regulación oficial y sugirió que esa iniciativa debe ser impulsada por los propios periodistas o las mismas empresas periodísticas.

El pasado 7 de marzo organizaciones civiles de esta entidad y una veintena de agrupaciones del país, lanzaron públicamente una alerta preventiva para defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua.

La alerta fue dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de prevenir futuras agresiones.

Luego de hacer un recuento de las campañas de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que han sostenido en contra de defensores durante la actual administración gubernamental, Alejandra Niño, representante del Cedehm, destacó los últimos ataques en contra de las defensoras de indígenas Diana Villalobos y María Teresa Guerrero de Consultoría Técnica Comunitaria, y de Isela González, de Alianza Sierra Madre.

Las integrantes de esas organizaciones defienden, además, casos de desplazamiento forzado, asesinatos y amenazas.

La semana pasada, luego de que las organizaciones manifestaron su apoyo público a la colaboradora de Proceso, el portal La Opción atacó a las activistas Luz Estela Castro Rodríguez y Blanca Gámez Gutiérrez, a quienes acusó de exigir 36 millones de pesos para crear una cooperativa para familias de personas desaparecidas y de “lucrar con desapariciones, en serio, no tiene nombre”.

“Estas aseveraciones, realizadas de mala fe, sin fundamento y con la evidente intención de crear un perjuicio en las mujeres a las que se involucra en las diferentes notas, son posibles por el evidente control que ejerce el ejecutivo del estado a partir de la publicidad oficial que contrata”, dijo Nuño.

Pidieron reforzar la protección de las mujeres defensoras y periodistas por parte del Estado mexicano, basadas en tratados internacionales que ha firmado.

“Por otra parte, dado que no existe reglamentación en la publicidad oficial, los convenios de publicidad son completamente discrecionales. El Gobierno decide con qué medios firma convenios y con cuánto monto. Obviamente esta fórmula lo que propicia es que el Gobierno convenga la publicidad con los medios que más le favorecen, tanto impresos, como electrónicos, incluidos los digitales.

“Ello ha propiciado que algunos medios, especialmente páginas digitales hayan crecido exponencialmente, con una política completamente oficial y lo más grave es que algunos hacen campañas de difamación contra las personas que son críticas del Gobierno.

“De acuerdo con FUNDAR y Artículo 19, “en términos absolutos, de estas quince entidades, la que más gastó en publicidad oficial desde 2005 hasta el 2012 fue Chihuahua con 2 mil 550 millones, le sigue el Distrito Federal con 2 mil 396 millones y en tercer lugar Nayarit, con mil 726 millones”, asienta la alerta de las organizaciones.

Además, consideran que Chihuahua enfrenta diversos retos para garantizar libertad de las voces que luchan por los derechos humanos o por evidenciar los actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades por parte de las autoridades.

“No obstante ello, es obligación del Estado eliminar todos los obstáculos que ponen en riesgo a personas defensoras y periodistas”.
En la alerta, los activistas urgen a adoptar medidas preventivas que desincentiven futuras agresiones u obstaculizaciones la labor informativa y de defensa de derechos humanos y periodistas.

También piden que se informe de la alerta de manera inmediata al gobernador, al fiscal general y al secretario de Gobierno, para que cooperen en la implementación de medidas de protección, solicitan no incentivar o tolerar las campañas de desprestigio y urgen a difundir en todos los medios que tengan publicidad contratada un boletín en el que resalten la labor positiva que desarrollan los defensoras de derechos humanos y la periodista afectada, así como pedir información a la Fiscalía General sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los ataques sufridos por beneficiarios del Mecanismo de Protección, de medidas cautelares y provisionales.

La periodista Dora Villalobos dijo en el marco del Día Internacional de la Mujer:

“No es posible que se calumnie a nadie (…) tenemos que tomar conciencia, preocuparnos y exigir, exigirnos como gremio, un periodismo ético. Nos preocupa mucho esta relación entre el poder y medios de comunicación porque no hay reglamentación y hay mucho dinero de por medio”, abundó Villalobos.

El pasado 6 de marzo la organización Periodistas de a Pie y media docena de agrupaciones civiles y periodistas de distintos puntos del país lanzaron otra alerta. En ella, los periodistas pidieron a Campa Cifrián, entre otras autoridades federales y estatales, iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la iniciativa de esta campaña de desprestigio contra la periodista Patricia Mayorga y otros periodistas de Chihuahua.

Exigieron aplicar acciones preventivas en coordinación con la periodista, para anular la escalada de ataques y prevenir alguna agresión física que pongan en riesgo su vida y la de su núcleo familiar.

De igual forma, demandaron respetar el mandato que cada autoridad tiene para establecer garantías básicas para que el periodismo libre se pueda ejercer, particularmente el que somete a rendición de cuentas el ejercicio del poder.

“Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad (…) Lamentablemente, nuestra labor dentro del periodismo dado el clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha tenido que fusionar también con la tarea de denunciar y protegernos colectivamente ante situaciones como la que hoy alertamos”, subrayaron.

Antecedentes

En la alerta emitida a través de Periodistas de a Pie se explica que “por la virulenta redacción de la nota, nos resulta evidente que se ha activado una campaña de desprestigio a raíz de su trabajo periodístico, por parte de Osvaldo Salvador, director del portal La Opción ,quien, precisamente, protagonizó el arrebato de la presidencia del Colegio de Periodistas a finales de 2015 y ha sido señalado como posible responsable de mensajes anónimos vía correo electrónico enviados a otros reporteros involucrados en el juicio de amparo.

“La policía cibernética en su momento detectó que el origen de tales mensajes de amenaza y acoso salieron del servidor del portal La Opción, según consta en la denuncia 26046/2015 en la Unidad de Delitos de peligro con la paz, seguridad de las personas y fe pública. Tenemos conocimiento que organismos civiles de Chihuahua en solidaridad con la periodista Mayorga, realizaron diversas acciones en Palacio de Gobierno el 3 de marzo 2016 y resultaron, también, difamadas por el mismo director de La Opción en represalia, por lo que se constata que se trata de una orquestación claramente definida contra voces críticas y disidentes a la actuación gubernamental”.

Señalan además el ataque mediático se dio después de las publicaciones “El carcelero de turbio historial” a partir de la visita del Papa en ciudad Juárez y la nota “Funcionaria denuncia violencia institucional y acusa a juez de golpeador” sobre la denuncia de Emma Saldaña Lobera del Ichmujer.

“Trabajos periodísticos que dan cuenta de comportamiento institucional no adecuado y acciones de corrupción en el sistema penitenciario, por lo que la consecuencia al dedicado trabajo periodístico, lo sabemos, suele ser una campaña de hostigamiento y agresiones como la que se ha dirigido contra Patricia Mayorga”.

Luego de las alertas, La Opción publicó otra columna anónima, en la que asegura que la corresponsal no estuvo en el evento de Saldaña, pese a que hay evidencia de lo contrario porque tuvo como invitados a autoridades, organizaciones civiles y estuvieron presentes los medios de comunicación locales.

La acusa de haber copiado de otro medio, el 4 de marzo, una nota en la que se evidencian nombres de presuntos líderes de grupos delictivos que afiliaron a familiares como candidatos del PRI, que elaboró en conjunto con la reportera de otros medios, por razones de seguridad y a la que ambas entrevistaron al mismo tiempo al presidente del PRI, Guillermo Dowell.

La segunda publicación fue en la columna del mismo medio, el 6 de marzo:

La corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, ha agregado nuevas mentiras a su currículum profesional. Al menos dos, que han sido detectadas, se comentan en este espacio. La primera mentira, de esta semana, consiste en haber dicho que fue la única reportera que trató el tema de Emma Saldaña. La Fuente Móvil (es esa columna), y a las pruebas se remite, publicó la misma tarde noche del día del informe, la noticia de la polémica. El Diario de Chihuahua publicó en su edición impresa, con cintillo en portada, el mismo tema. Y decenas de digitales, amén de los electrónicos, realizaron publicaciones diversas. Con esto se cae la teoría del complot, a través de la cual, muy al estilo pejelagarto, aseguran que fue la única que hizo una publicación.
Mayorga no asistió al evento del informe, sino que, fiel a su estilo, se fusiló los datos de los medios digitales para enviar la información, un día después a la revista Proceso. La otra gran mentira fue decir que había hecho sólo ella un reportaje de los candidatos vinculados al narcotráfico, allá en la sierra. La corresponsal no viajó al lugar de los hechos, sino que se limitó a hacer copy-paste de la columna Mirone, del periódico Norte de Ciudad Juárez. No fue la única y tampoco la primera en escribir sobre el tema.
Como buitres de la información, o como zánganos del periodismo, algunos reporteros, como es su caso, se dedican a checar los digitales para cazar la nota y, tras darle una revolcada, enviarla a medios nacionales, pomposamente con su firma y cara de exclusividad, pero no engañan a nadie dentro del gremio. Les gana el protagonismo y las ansias de figurar, y para ello utilizan la paranoia y la neurosis obsesiva, que les lleva a inventar móviles que, en su afán de justificar sus yerros, hace que se crean sus propias mentiras.

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