MADRID (apro).- El lunes 7 el rey Felipe VI comunicó al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, que “por el momento” no abriría una tercera ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación parlamentaria de cara a la formación del nuevo gobierno. El presidente de la Cámara explicó que Felipe VI consideró que era “el tiempo de los partidos” para seguir intentando un acuerdo de investidura y de gobierno. Nunca antes en democracia un gobierno español había pasado 77 días sin gobierno –hasta ese lunes 7— tras las elecciones. Tampoco había sucedido que el candidato propuesto por el monarca, en este caso el socialista Pedro Sánchez, fracasara en las dos votaciones –celebradas los días 2 y 5 de marzo— para obtener la confianza mayoritaria del Congreso de los Diputados para ser el nuevo presidente de España. La decisión del monarca de no convocar “por el momento” a una nueva ronda de consultas dificulta más al presidente en funciones Mariano Rajoy presentarse a una sesión de investidura. En el Partido Popular (PP) esperaban que el rey iniciara nuevas consultas y propusiera a Rajoy, como la fuerza más votada en las elecciones de diciembre, y tener más elementos para presionar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Ciudadanos para que se sumaran a un acuerdo de investidura. Pese a ser la fuerza política más votada, aunque sin tener una mayoría parlamentaria (123 escaños, 63 menos que en 2011), el PP y su líder Rajoy están aislados políticamente por la cascada de casos de corrupción y por su dura política económica. A eso se suma que el estilo político de Rajoy es dejar correr las controversias políticas hasta que se resuelven solas o que el “adversario” se canse; pero en esta ocasión su pasividad provocó una paralización institucional en España. Es por ello que el rey propuso al socialista Pedro Sánchez al constatar la pasividad de Rajoy. Las relaciones entre La Moncloa y La Zarzuela parecen no estar en su mejor momento. No se puede hablar de choque, pero sí hay tirantez. En la primera ronda de consultas, Rajoy se negó a acudir a la Cámara para someterse al pleno con el argumento de que no le cuadraba la aritmética parlamentaria. Ese día, 22 de enero, desde la casa del monarca emitieron un comunicado en el que quedaba clara la oferta a Rajoy y que éste la había rechazado. “Don Mariano Rajoy Brey ha agradecido a su Majestad el Rey dicho ofrecimiento, que ha declinado”. El escenario político inédito que vive España, que está poniendo a prueba los cimientos de algunas de sus instituciones, deja en claro que pasada esta convulsión se requerirá de un profundo trabajo de regeneración política, de reformas de calado y de acciones de gobierno de corte social para compensar a los ciudadanos, la parte más vulnerable y golpeada con las medidas de choque que aplicó el gobierno conservador de Rajoy. Esa inestabilidad política ya tuvo consecuencias. De acuerdo con los datos del Banco de España divulgados este mes, en 2015 salieron 70 mil 200 millones de euros de inversiones. Sólo en diciembre, mes de las elecciones, los inversionistas retiraron 19 mil millones de euros del total, de acuerdo con la balanza de pagos de esa institución, un síntoma del temor que esta inestabilidad provoca entre los inversionistas y los mercados. De acuerdo con la ley española, el nuevo plazo para someterse a un nuevo intento de investidura del gobierno tendrá que ser el 30 de abril, en primera votación, y el 2 de mayo, en segunda. Esta última fecha es el date line para un acuerdo. De no conseguirlo, el 3 de mayo se publicaría en el Boletín Oficial del Estado la disposición del monarca para disolver las Cortes Generales (Congreso y Senado) y convocar a nuevas elecciones, que se celebrarían el 26 de junio. Hoy en los pasillos de las instituciones, en la televisión o en los bares la principal pregunta es si habrá acuerdo de investidura de gobierno o si habrá nuevas elecciones. Nuevos comicios que generarán un gran desgaste a los partidos, porque los españoles muestran ya su cansancio por años duros de crisis y la falta de acuerdo de los políticos. Nadie quiere pagar ese costo. El desaliento es mayor si se toma en cuenta que en pleno periodo de investidura se siguen sucediendo los casos de corrupción. La formación política de Rajoy no sólo arrastra las tramas corruptas Bárcenas o Gürtel… también han surgido nuevos capítulos en otros casos recientes. A partir de la elección del 20 de diciembre y en plena discusión de investidura, el PP ha tenido que sufrir el cateo policial de su sede en Madrid por orden de un juez (Operación Púnica), y que al PP de Valencia se le acuse de blanqueo de capitales, como entidad pública, en la Operación Taula. Tanto en el caso Púnica (Madrid) como en el caso de Valencia hay indicios de blanqueo de capitales para su financiamiento como partido, al lavar dinero que obtenía de sobornos, haciéndolo pasar por una mecánica de donaciones legales. Esperanza Aguirre, la lideresa de Madrid, tuvo que renunciar a esa posición en el PP. Y la lideresa de Valencia, la senadora Rita Barbera, fue conminada a presentarse a declarar al juez de manera voluntaria, antes de que se decida si se le pide al Tribunal Supremo su desafuero y que sea investigada. Al PSOE también le surgió un nuevo caso, que se suma al de los ERE en Andalucía, que es el apoyo de Pedro Sánchez a favor del secretario socialista de Galicia, Ramón Gómez Besteiro, acusado en la Operación Pulpo, que la justicia investiga por presuntas irregularidades en un programa turístico de la Diputación de Lugo en la etapa que el líder presidía la institución. Sánchez es uno de los principales críticos contra la corrupción del PP. Sin embargo, su vara de medir a sus correligionarios parece ser distinta. A pesar de ello, éste anunció que intentará nuevamente ser investido presidente. Lo mismo dice Rajoy, que quiere encabezar la negociación, pero tiene en su contra que Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, tiene una alianza, hasta ahora sólida, con el PSOE, lo que le deja sin aliados en la Cámara. Este acuerdo PSOE-Ciudadanos parece haber dejado más aislado al PP. En el PP aún retumban las duras palabras que Albert Rivera dedicó en el Congreso al presidente en funciones: “¿Alguien en España cree que el señor Rajoy va a ser el azote contra la corrupción? No puede hacerlo porque no ha limpiado ni su casa, ¿cómo va a limpiar España de la corrupción?”. Según una encuesta del diario ABC, de haber nuevas elecciones el acuerdo con Ciudadanos dejaría buena imagen al PSOE, que subiría de 90 a 98 escaños; Pablo Iglesias, de Podemos, y sus “confluencias”, los partidos pequeños que le apoyan, perderían nueve escaños, para bajar a 81, sería uno de los damnificados por negarse a llegar a un acuerdo con Sánchez y Rivera, con el argumento de que Ciudadanos es un partido neoliberal y de derecha, es la “marca blanca del PP” y que le impuso a los socialistas una parte de su plan económico. Según esa encuesta, el PP mantendría los 123 escaños y Ciudadanos subiría a 42 de sus actuales 40. Es decir, de no haber acuerdo el 2 de mayo y de celebrarse las elecciones el 26 de junio, no existe la garantía de que cambie el actual escenario de fragmentación y polarización política que vive España. Por último, aparte de ser el “tiempo de los partidos”, parece que también empieza a ser el tiempo del IBEX-35, la bolsa de valores donde conviven las mayores empresas españolas. Cada vez hay más presión desde las grandes empresas trasnacionales para que los partidos acuerden un gobierno para frenar el daño causado al país.