Asfixia política

La bancada del PRI en el Senado. Foto: Benjamin Flores La bancada del PRI en el Senado. Foto: Benjamin Flores

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No es racional aceptar ser gobernados por corruptos, pero no es fácil evitarlo. El rechazo ciudadano a la corrupción como elemento constitutivo del priismo hegemónico explica, al menos en parte, la alternancia del 2000. Sin embargo, el hábito de utilizar el poder y los recursos públicos en beneficio privado se propagó viralmente sin distinción de etiquetas partidarias durante los dos sexenios panistas, no obstante la Ley de Transparencia y la creación del IFAI. Ante esa decepción, el retorno del PRI a la silla presidencial se dio bajo la premisa implícita de que ellos eran igual de corruptos que los demás, pero sí sabían gobernar. Con feroz contundencia, los hechos han comprobado la radical falsedad de ese supuesto. Las malas mañas producen mal gobierno. El desencanto con políticos y partidos de todos los colores aumenta día a día, lo mismo que el sofocamiento creciente de la paciencia social. Sumergida en un inframundo político dominado por la inexpugnable pareja siamesa de corrupción e impunidad, la ciudadanía respira y transpira desesperanza e incertidumbre.

No es para menos. La corrupción le cuesta al país cerca de 10% del PIB. El 97% de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años han quedado en el limbo. De un total de 656, sólo 19 han llegado a tribunales; el resto se ha empantanado, la mayoría en la Procuraduría General de la República. El 91% está “en integración del ministerio público”, es decir, atascadas en los archivos de la PGR. Únicamente el 2% han alcanzado los tribunales y cuentan con orden judicial. El resto se reparte entre amparos y reservas (El País, 25/II/16). La impunidad en pleno. Sin hablar de la colusión entre crimen organizado y política.

La iniciativa ciudadana conocida como #Ley3de3 es una oportunidad para manifestar el reclamo social de erradicar la corrupción de manera activa y propositiva. La Ley General de Responsabilidades Administrativas formula que todo funcionario público tenga la obligación de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de manera periódica y pública. De ahí el nombre por el que se le conoce, a fin de que el ciudadano la identifique fácilmente y acceda al sitio www.ley3de3.mx, donde podrá descargar, llenar y firmar los formatos destinados a apoyar esta propuesta de la sociedad civil. Se requieren 120 mil firmas para que la legislación avance como iniciativa ciudadana en el Congreso. Por tanto, la contribución de quienes estamos hartos de la corrupción rampante es indispensable para que prospere esta herramienta jurídica que haga posible la prevención, el combate y la sanción de ese mal endémico nacional de forma eficiente y eficaz. Quedan sólo tres semanas para hacerlo.

La Ley3de3 identifica y define varios tipos de corrupción grave: soborno, malversación, peculado y desvío de fondos públicos; tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. Asimismo, establece directrices para normar la conducta ética de los servidores públicos, además de un marco de responsabilidades único para todo el país que rija su actuación en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Se incluyen los órganos autónomos, los candidatos, los partidos políticos y los particulares. Figuran mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de forma segura y anónima, e incluso para que participen de un porcentaje del monto recuperado. También se determina la forma de logar una mayor coordinación entre las autoridades encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos legislaciones que deberán crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (lo que deberá ocurrir a más tardar en mayo próximo), fue elaborada por un grupo de 18 ciudadanos expertos en la materia, entre los que destacan: Jesús Cantú, María Amparo Casar, Mauricio Merino y Juan Pardinas. Fue redactada por Josefina Cortés, Max Kaiser y José Roldán Xopa.

Toda ley es perfectible. En el caso de las sanciones descritas en el artículo 74 de la Ley3de3, me extraña que no se considere a la corrupción como delito grave susceptible de castigarse con cárcel, como ocurre en muchos países, sino que forma parte de las “faltas administrativas”. Esa omisión evita que el presidente de la República sea juzgado por corrupción y que los corruptos sean sancionados penalmente. En ese tipo de faltas ningún funcionario debería disfrutar de fuero, ya que ello es el origen de la impunidad de la que han gozado los exmandatarios del país, así como quien ahora ocupa el cargo. El fracaso ético del gobierno actual está indisolublemente ligado a la debacle en ámbitos tan diversos como Pemex, la legitimidad del régimen y el respeto a los derechos humanos. Nadie, menos aún quien ostente la más alta responsabilidad política de la nación, debiera estar exento de ser juzgado por transformar el servicio público en negocio privado.

En consecuencia, es indispensable que el Sistema Nacional Anticorrupción, al igual que las leyes e instituciones que surjan de él, garanticen la autonomía de los encargados de investigar y juzgar presuntos actos de corrupción en todos los niveles del servicio público, del presidente para abajo. Si no se evita que se repita una farsa legaloide como la protagonizada por el secretario de la Función Pública para exonerar a su jefe de toda responsabilidad en los hechos revelados por Carmen Aristegui (que causaron su salida del aire), cualquier intento de combatir la corrupción nacerá muerto.

La única forma de evitar la asfixia política es que los mexicanos expresemos nuestras demandas y exijamos su cumplimiento. No hay democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin voz. El mandato debe ser claro y sin concesiones: La corrupción no puede quedar impune.

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