Nestora Salgado, a un paso de obtener la libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Durante 10 meses Nestora Salgado García caminó al lado de la población indígena y lideró la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, un poblado enclavado en La Montaña guerrerense, donde, como muchas otras mujeres, ejerció su derecho a defender a otros y otras.

En menos de un año la activista trabajó por la seguridad de su pueblo y logró que bajara el número de secuestros, el robo de ganado y los asesinatos, además de que implantó un sistema de reeducación para quienes delinquieran, lo que le valió ser aprehendida y encarcelada arbitrariamente.

Después de pasar dos años y medio en prisión, este viernes 18 la excomandanta podría ser finalmente liberada después de la resolución que se dictó en los juzgados de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, Guerrero y en caso de que no se encuentren pruebas para condenarla por los supuestos delitos de robo de armas, secuestro y homicidio.

Líder de una policía integrada en su mayoría por varones, Nestora apostó por la autoorganización para que sus hijas y nietos no vivieran en medio de la violencia y, así como otras mujeres guerrerenses, se dedicó a la defensa de los derechos humanos (DH), como ella misma ha señalado en sus cartas escritas desde el encierro.

Su lucha se hizo visible el 27 de octubre de 2012, cuando Olinalá atendió el llamado de repicar las campanas de su iglesia para convocar a una asamblea en la plaza pública. Aquel día la gente conmocionada se preguntó qué hacer ante el reciente asesinato de un joven de la comunidad.

Clara en sus ideales, la activista tomó el micrófono y dio respuestas. Su primer llamado fue a la unidad. En esa fecha nació el Concejo Social Olinalteco que organizaría la PC, de la que luego ella fue electa coordinadora. Y así se hizo comandanta.

Nestora surgió como líder en Guerrero, cuna de organizaciones magisteriales, campesinas y guerrilleras, donde los pueblos indígenas que congregan a más de 600 mil personas se han volcado en una defensa permanente de sus derechos.

Semillero de dirigentes comunitarias, en Guerrero se han desarrollado las luchas de mujeres que defienden su tierra y territorio, que denuncian los abusos militares, que promueven los derechos sexuales y reproductivos, o que simplemente pugnan por condiciones de vida digna para los pueblos indígenas.

Allí están Felicitas Martínez Solano, quien dirigió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM).

También están Matilde Pérez Romero, integrante del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa de Álvarez; Hermelinda Tiburcio Cayetano, integrante de Kinal Antzetik –grupo defensor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres–, y Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.

Aunque cada una trabaja desde diversas temáticas, cualquiera podría correr la misma suerte de Nestora. Y como muestra están las amenazas que han vivido.

Obtilia Eugenio recibió medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005, y desde abril de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ante las amenazas de muerte por denunciar violaciones sexuales de parte de militares.

Otras defensoras han corrido con peor suerte. Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), fue desaparecida el 8 de diciembre de 2011. Desde entonces se desconoce su paradero.

Casos igual de impunes son los asesinatos de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ultimada en 2013. Desde entonces su hermana Norma, quien decidió continuar su activismo, tiene medidas de protección ante las amenazas que enfrenta.

Con su hija de apenas tres años de edad, Nestora emigró a Estados Unidos cuando tenía 19. En Washington trabajó de pastelera, mesera y en labores de limpieza. Más de 10 años después regresó a su estado natal, una entidad ya marcada por la militarización y el crimen organizado.

Para ella no era normal la inseguridad y mucho menos la pobreza tan cerca de su pueblo. Y es que Cochoapa el Grande y Metlatónoc son los dos municipios guerrerenses con mayor pobreza extrema en México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Néstora sólo terminó la secundaria, pero su capacidad para proponer soluciones la hizo una líder nata hasta que la tarde del miércoles 21 de agosto de 2013 fue detenida sin orden de aprehensión en un megaoperativo de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, acusada de secuestrar a los reos que delinquieron en su comunidad.

Desde entonces ha visto pasar tres administraciones estatales: la de Ángel Aguirre, que renunció al cargo de gobernador después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la del interino Rogelio Ortega y la actual, de Héctor Astudillo. Y, mientras, las policías comunitarias siguen trabajando por las comunidades indígenas.

Ingresada primero en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, y luego trasladada a la Torre Médica del reclusorio de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, Nestora podría regresar nuevamente a Olinalá para seguir defendiendo a su gente.

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