MONTERREY, NL (apro).- En el exterior del campus central del Tecnológico de Monterrey están delineados con tiza dos cuerpos, como una representación de la conocida marca forense para indicar el lugar donde han sido encontrados cadáveres. Elaboradas por estudiantes, las figuras representan a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, los alumnos de la institución que fueron asesinados por soldados la madrugada del 19 de febrero del 2010. Los trazos están en la esquina de la calle Luis Elizondo y la avenida Garza Sada, frente a uno de los accesos al campus. De pie y sobre las marcas de tiza blanca se encuentran Rosa Elvia Mercado Alonso y Joel Mercado, padres de Jorge Antonio, su único hijo. Con el semblante sombrío, ella indica que los cuerpos de su hijo y su amigo fueron colocados ahí por los militares, quienes los movieron del lugar y los manipularon para sembrarles armas y hacerlos pasar por pistoleros. En realidad, dice, fueron masacrados a balazos detrás del portón, en terrenos de la escuela, a unos metros de donde fueron colocadas las marcas. Han pasado seis años desde que los estudiantes de excelencia fueron privados de la vida por elementos del Ejército Mexicano que, de acuerdo a la versión oficial, intercambiaba fuego con integrantes de la delincuencia organizada. Jorge Antonio y Javier Francisco salían a cenar. Se cree que fueron confundidos con pistoleros y acribillados. Sin embargo, además de los balazos los cuerpos presentaban lesiones en la cabeza provocadas con un objeto contundente que, se supone, fueron culatas de fusil. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo que los jóvenes bajaron de una camioneta armados y por eso fueron objeto del uso de la fuerza letal por los uniformados. La versión no ha sido desmentida, pese a que los padres de las víctimas aún esperan más de un lustro después que la Sedena exprese: “Perdón, nos equivocamos, no eran sicarios”. La madre de Jorge resume el clamor de los familiares en una sola frase: “Pedimos justicia”. En entrevista con apro, se dice engañada por la Procuraduría General de la República (PGR), que en diciembre le anunció que el expediente AP/PGR/DGAP/DF/027/2010 ya sería turnado al juez para valorar las pruebas y dictar sentencia contra los culpables. Por eso, ahora lo que pide es que el caso ya sea consignado, pues no encuentra explicación de porqué luego de todos estos años el caso sigue en etapa de investigación. “Queremos que se consigne el caso. Sabemos que el expediente está terminado y esperamos que se haga la justicia (…) No son intocables los militares. Si cometen un error, que sean castigados como en cualquier otro trabajo. Si uno comete un error hay que corregir. Uno debe ser castigado y disciplinado. ¿Por qué con ellos no? Nos parece muy injusto que la forma en que cayeron los muchachos quede impune”, reclama. Imagen de los estudiantes, pendiente Además de luchar contra la justicia pasmosa, los familiares tienen que abrir otro frente de batalla para que el nombre de los muchachos quede limpio, pues la versión oficial todavía indica que pertenecían a la delincuencia organizada. “No se ha logrado absolutamente nada. El caso está en averiguación previa. Se terminó el expediente. Sabemos que ya lo terminaron y lo que esperamos es que se consigne. Se hicieron todas las investigaciones necesarias, se tomaron muchas declaraciones a familiares y amigos, pero hasta ahí”, dice Rosa Elvia. -¿Por qué cree que el proceso no ha avanzado? -No sé. Lo que nos han dicho es que se está revisando el expediente, pero hasta ahí. No sé. El caso de nosotros estuvo mucho tiempo detenido, en silencio más de dos años. Hasta el 2014 que se empezó a mover el caso. Luego se volvió a detener más de medio año. A la pregunta  de cómo ha sido el respaldo del Tecnológico de Monterrey hacia su causa, enseguida responde: “De los alumnos, cien por ciento”. Sin embargo, dice que los maestros y directivos “no tenemos el apoyo. No lo hemos pedido. Sí debería (haber), pero si no nos lo dan, no lo podemos exigir tampoco”. En su búsqueda de justicia por los estudiantes muertos, el alumno Jorge Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consideró que las autoridades --como lo han hecho a lo largo de la historia-- buscan que el paso del tiempo borre el recuerdo de los hechos. Así se ha obtenido impunidad en muchísimos casos. “No sólo se enfrentan los padres en estos seis años a la búsqueda de la justicia, frente a una autoridad que, parece que voluntariamente es ineficiente. Se está enfrentando a algo que se llama olvido sistemático”. El pasado jueves, en la conmemoración adelantada del aniversario luctuoso, continuó: “Parece que la autoridad hace mal el trabajo, intenta dar carpetazo con tal de que olvidemos como sociedad lo que está pasando. No nos es indiferente esta situación”. Al acto de protesta asistieron los padres de Jorge Antonio, así como Jesús Arredondo y Patricia Varela, tíos de Javier Francisco, procedentes de Todos Santos, Baja California. Los acompañaron unos 100 estudiantes de universidades locales. Todos se reunieron en la esquina donde fueron encontrados los cadáveres, luego de que los soldados los cambiaron de lugar, les colocaron armas y los acusaron de sicarios.