Pese a acusaciones de tortura, en Colima avalan a Muñoz Vázquez como procurador

COLIMA, Col. (apro).- En medio de cuestionamientos por su presunta implicación en casos de violación a los derechos humanos, el extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Felipe de Jesús Muñoz Vázquez fue ratificado esta tarde por el Congreso del Estado como procurador general de Justicia de esta entidad.

Aunque votaron a favor del dictamen, los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano se lavaron las manos en el nombramiento de Muñoz Vázquez como procurador, adjudicándole la responsabilidad al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

El PRD estatal, que no cuenta con representación en el Congreso, advirtió que por sus antecedentes en cargos anteriores ese personaje “no es confiable”.

Originario del estado de Aguascalientes, donde fue procurador de Justicia de 2010 a 2015, Felipe de Jesús Muñoz acumuló en esa entidad 272 quejas por tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Como titular de la SEIDO avaló la versión oficial sobre la situación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, según  denunció la delegada estatal del PRD, Martha Zepeda del Toro.

A través de un comunicado emitido al mediodía, horas antes de la sesión del Congreso, Zepeda señaló que si la mayoría de los diputados del PAN aprobaban la propuesta, que “luego no anden llorando” porque en Aguascalientes Muñoz Vázquez —conocido como el Fiscal de hierro— fue denunciado por el propio panismo por prefabricar delitos y torturar a personas con fines político-electorales contra los mismos panistas.

Al leer el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el panista Luis Humberto Ladino Ochoa, dijo que aún cuando la propuesta realizada por el mandatario está cuestionada, es su responsabilidad enviarla y “nosotros, con esa responsabilidad que nos caracteriza como grupo parlamentario es que leemos el siguiente dictamen”.

Más adelante, en el documento se estableció que la comisión dictaminadora, “consciente de la necesidad de una debida procuración de justicia que repercute en la seguridad pública del estado, emite un voto de confianza a favor del ejecutivo estatal, para que con su propuesta de procurador general de Justicia se implementen la medidas de seguridad y de prevención del delito para lograr un estado más seguro”.

En su intervención en la tribuna, la diputada Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, refirió que Colima está urgido de paz y necesita justicia, pues “nunca antes habíamos vivido la situación de inseguridad por la que hoy atravesamos, jamás pensamos en vivir la situación de que día a día encontramos situaciones de injusticia, de asesinatos y de inseguridad que hoy estamos viviendo”.

Sin embargo, comentó que hay quienes en aras de tener un poco de paz “creen que podemos transgredir las reglas con el fin de detener esta ola de violencia”. Advirtió que la tortura “ha sido el alimento más eficaz para la impunidad y la verdad es que no deseamos que paguen justos por pecadores”.

Al anunciar su voto a favor de la ratificación de la propuesta, la legisladora conminó a Felipe de Jesús Muñoz, quien se encontraba en el recinto parlamentario, a que “asuma esta responsabilidad como si viviera aquí en Colima, como si tuviera sus hijos aquí, como si todos lo conociéramos, que lo vamos a conocer”.

Y añadió: “Estamos ciertos de la necesidad de un procurador de Justicia y va el voto de Movimiento Ciudadano a la sabiduría con la que seguramente vino la propuesta por parte del gobernador para remediar esta situación”.

De acuerdo con sus datos curriculares, Felipe de Jesús Muñoz cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente cursa una maestría en Derecho Procesal Penal con Especialización en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y tiene una especialidad en Ciencias Penales por la UNAM.

Asimismo, tiene experiencia de más de 20 años en procuración de justicia, además de contar con los estudios necesarios que acrediten su conocimiento en la materia procesal penal.

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