Venezuela: una olla a presión

Venezolanos en demanda de la renuncia de Maduro. Foto: AP / Ariana Cubillos Venezolanos en demanda de la renuncia de Maduro. Foto: AP / Ariana Cubillos

BOGOTA (apro).- La crisis venezolana está llegando a un punto inmanejable para el presidente Nicolás Maduro.

Entre otras cosas, porque el mandatario optó por ignorar el contundente veredicto de los venezolanos del pasado 6 de diciembre, cuando la oposición obtuvo el 74% de los votos en los comicios legislativos y asumió el control de la unicameral Asamblea Nacional (AN).

Desde que inició funciones la nueva AN, en enero pasado, Maduro, con la abierta colaboración del Poder Judicial, ha ignorado todas las decisiones del Legislativo, polarizando más al país y en coincidencia con una profundización de la crisis económica.

Para el ciudadano común, día a día aumenta la escasez de productos básicos y cada vez son más las filas en los supermercados para abastecerse de alimentos.

La hiperinflación este año será de 720%, según el FMI. Esto quiere decir que cada 50 días se duplican los precios al consumidor y que los salarios se pulverizan.

La irritación social se está expresando en saqueos a supermercados, rechiflas contra Maduro en los centros de abasto, asaltos masivos a camiones repartidores de alimentos y bebidas, protestas en las calles, sobre todo en el occidental estado Táchira, fronterizo con Colombia, y en la zona metropolitana de Caracas.

Hoy, según todas las encuestas, la mayoría de los venezolanos quiere que Maduro renuncie, y su impopularidad llega al 80%.

Una encuesta de la firma Keller indicó la semana anterior que el 87% de los venezolanos rechaza las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han menoscabado el poder de la Asamblea Nacional.

“La furia popular está a punto de reventar y tomar las calles en todo el país”, considera el politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Alexis Alzuru.

La pregunta que muchos venezolanos de las élites política, económica e intelectual comienzan a hacerse es cómo propiciar una transición pacífica, institucional y sin costos adicionales para una sociedad que ha visto caer en 13.6% el ingreso per cápita en los dos últimos años y en la cual la pobreza ya alcanza al 55% de los hogares. Y la respuesta no es fácil.

Caminos complejos

Un sector de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cree que lo único que hay que hacer es sacar del gobierno a Maduro, convocar a elecciones y asumir el poder.

Para ello, la MUD contempla tres caminos: lograr la renuncia de Maduro con una amplia movilización; aprobar en la Asamblea Nacional una enmienda constitucional para reducir el mandato del gobernante y llamar a elecciones presidenciales este año, o convocar a un referendo revocatorio.

Pero cada una de esas tres líneas tiene sus complejidades. La misma oposición sabe que es improbable que Maduro renuncie, a menos que la cúpula cívico-militar chavista lo obligue a hacerlo.

Sobre la enmienda constitucional, se da por descontado que el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son abiertamente chavistas, tratará por todos los medios de bloquear una decisión legislativa en ese sentido.

Y el referendo revocatorio tiene un camino muy tortuoso. Se podrá convocar a partir del mes próximo, cuando Maduro cumple la mitad de su mandato, pero para ello la MUD deberá recopilar las firmas, huellas dactilares y fotografías de 3.9 millones de electores inscritos, el 20 por ciento del total.

La necesidad de esos datos tan precisos resulta intimidante para miles de empleados públicos, que veladamente han sido amenazados con ser despedidos si participan en esa consulta.

Dentro de la MUD, quien con más vehemencia defiende la enmienda constitucional es el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, mientras que el gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles se inclina por el referendo revocatorio. Son públicas las diferencias entre estos dos líderes opositores de Maduro.

En una decisión salomónica, y para evitar un pleito interno, la dirigencia de la MUD determinó la semana anterior poner en marcha, de manera simultánea, una movilización nacional para que renuncie el presidente venezolano, la enmienda constitucional y el referendo revocatorio.

El hecho es que en cualquiera de los tres escenarios, la alianza opositora se debate entre quitarse de encima a Maduro y al chavismo o propiciar una negociación con los sectores más moderados de la cúpula cívico-militar que gobierna Venezuela.

Lo que por ahora parece claro es que Maduro está decidido a mantenerse en el poder echando mano del control que tiene del aparato estatal, de las cada vez más exiguas finanzas nacionales y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través del cual ha desconocido todas las decisiones de la Asamblea Nacional hasta llevarlo a la virtual inoperancia.

El TSJ le quitó tres diputados a la oposición para quebrar su mayoría absoluta en la Asamblea, le ha aprobado al presidente decretos rechazados por el Legislativo y está listo para declarar inconstitucional cualquier ley que no le guste a Maduro.

En palabras del secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, se trata de una especie de “fujimorazo” contra el Poder Legislativo de Venezuela.

El momento más crítico

Al cerrarle el paso a la Asamblea Nacional, Maduro echó por tierra las expectativas ciudadanas de que la crisis encuentre una solución institucional.

Y esto ocurre mientras los venezolanos no encuentran ocho de cada 10 medicamentos que buscan en las farmacias ni siete de cada 10 alimentos de su dieta habitual.

Venezuela no tiene dólares para importar suficientes medicinas y alimentos por la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, por el desmedido gasto público durante los años de bonanza petrolera y por la generalizada corrupción.

Muchos de los miembros de la cúpula cívico-militar que se proclaman izquierdistas y revolucionarios son investigados por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción por agencias de Estados Unidos y Europa. Por lo mismo, tienen razones de peso para aferrarse al poder.

La MUD estima que el desfalco a las arcas del Estado por parte de funcionarios chavistas puede llegar a 350 mil millones de dólares, casi la mitad de las exportaciones petroleras del país entre 2004 y 2014.

A la enorme mayoría de venezolanos le parece inaudito que después de una década de bonanza petrolera, las arcas gubernamentales no tengan divisas para importar productos básicos.

No es extraño, entonces, que Maduro sea hoy un mandatario tan impopular y con muy poco presupuesto para responder al cúmulo de insatisfacciones sociales que padece en Venezuela.

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