CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, una de las mayores desigualdades es la relacionada con la distribución del agua. Las poblaciones más pobres son las más susceptibles de sufrir escasez de agua y daños relacionados con este problema, afirma Edith F. Kauffer Michel, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, (CIESAS). Entre los daños relacionados con la escasés del agua en zonas pobres está la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades gastro-intestinales, “flagelo donde Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional”, dice la académica. Según datos del 2015 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere Kauffer, el 67% del agua se concentra en cuatro de las 25 regiones hidrológico-administrativas ubicadas en el sureste del país, siendo esta zona la que tiene “los peores indicadores nacionales de cobertura de agua entubada”, 82.39% contra un promedio nacional de 90.94%”, precisa la académica “Lo anterior significa que en México la ausencia de correspondencia entre la cantidad de agua y el acceso al líquido nos ubica en un universo de marcadas injusticias hídricas”, subraya Kauffer en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo. En su trabajo, “Comentarios sobre la seguridad y la soberanía hídrica, un revés a la (in) gobernabilidad del agua”, publicado en el libro “Gestión pública y social del agua en México”, editado por la UNAM, Daniel Murillo Licea, investigador del CIESAS, considera que una mala gestión hídrica causa la escasez del agua, por lo que propone políticas públicas que tomen en cuenta el concepto de “soberanía hídrica”. “Esta soberanía se base en un supuesto de que la comunidad, y en general los seres humanos, somos capaces de realizar acciones que cambien la realidad de nuestro propio entorno y, en este caso, que nos permita recuperar el agua como un bien común, lo que nos permite el dinamisno y no la inmovilidad”, refiere. En su opinión, deben revisarse los marcos conceptuales sobre los que se basa la política hídrica en Mexico, como la gestión integrada de recursos hídricos y la gobernanza del agua, porque “luego de varios lustros de observar los efectos de ambos conceptos en la práctica, México enfrenta un camino hacia una crisis hídrica”, advierte. Las políticas de trasvase, la fractura hidráulica, la afectación a cuerpos de agua y a la biodiversidad, la construcción de megaproyectos, la sobreexplotación creciente de acuíferos y la afectación a territorios indígenas, afirma, son algunos ejemplos actuales de “la falta de sustentabilidad en la política hídrica”. Por su parte, Lourdes Romero Navarrete, investigadora del CIESAS, señala que tras la reforma al artículo 4º Constitucional en 2012, donde se incluyó por primera vez el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico en forma “suficiente, salubre, aceptable y asequible”, el Congreso no ha discutido la Ley General de Aguas que instruementaría este derecho. La discusión sobre la ley conocida como “Ley Korenfeld”, recuerda, presentada en San Lázaro a principios de 2015, fue detenida de manera abrupta luego de que una acción colectiva demandara que en el debate fuera incluída la propuesta ciudadana que se hacia sobre dicho ordenamiento. Por ello exhortó a los legisladores a dar “un tratamiento procesal adecuado a la iniciativa o iniciativas que se presenten y convocar a un debate amplio que dé legitimidad al nuevo marco legal que deberá instrumentar un derecho tan vital como el recurso que busca regular”. En el marco del Día Mundial del Agua los tres investigadores proponen a las autoridades federales algunas recomendaciones para lograr una distribución del agua, más equitativa. Kauffer Michel considera necesario promover la justicia hídrica que tome en cuenta “una distribución equitativa de los impactos positivos y negativos del agua; una exigencia de participación ciudadana en la toma de decisión en torno a los recursos hídricos y un reconocimiento de los distintos valores culturales, místicos e incluso estéticos del líquido”. Murillo plantea por su parte una revisión crítica a fondo de la política hídrica de sus conceptos y sustentos; la búsqueda de consensos en torno a la política del agua; ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y reconocer la diversidad cultural hídrica en México para hallar soluciones inclusivas y no homogéneas a los problemas ambientales. En tanto, Lourdes Romero sugiere mejorar los criterios de control de datos relacionados con la situación del agua en el país pues observa que la autoridad federal “maneja cifras distintas y en ocasiones registra opacidad, imprecisión y dispersión de datos”, lo que cancela la oportunidad de hacer de la información sobre el agua un valor cotidiano que coaduyve a la toma de decisiones individuales y colectivas a favor de su conservación y cuidado.