CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En próximos días, en el Senado votarán una reforma que pretende prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos o el tráfico de infantes, y así desincentivar el denominado “turismo reproductivo”. La senadora del PRI e integrante de la Comisión de Salud, Mely Romero Celis, afirmó que luego de la prohibición en países como Tailandia o India, México fue catalogado como el paraíso de la renta de vientres, pues no hay una legislación federal que lo prohíba. El dictamen, que va contra esta práctica con propósitos distintos al establecimiento de una relación paterno o materno filial y el establecimiento de la patria potestad, establece penas que van de seis a 17 años de prisión y multas de 8 mil a 17 mil días de salario mínimo al que obtenga el consentimiento de una mujer para que geste un bebé a cambio de una remuneración económica. Los castigos también serían para quien realice un procedimiento de gestación por sustitución para entregar a los hijos resultantes a una persona de nacionalidad distinta a la mexicana; al que realice actos de simulación jurídica o de fraude a la ley, que tengan por objeto el que una mujer se someta a un procedimiento de gestación subrogada. Y a los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten dicha práctica. La Secretaría de Salud sería la encargada de vigilar que no se instalen agencias y comprobar que no existe remuneración económica de por medio para que una mujer preste su vientre a una pareja que busca tener un bebé. Romero Celis explicó que esta reforma dará un marco mínimo regulatorio para que todos los Estados regulen el tema de “maternidad subrogada” en un plazo máximo de 120 días después de su aprobación en el Congreso.