CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR), inició una averiguación previa en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación, por un monto aproximado de 2 millones de dólares. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, informó que acudió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales para ratificar su denuncia y solicitar a la autoridad ministerial, una ampliación del término para aportar pruebas en contra de Álvarez Icaza. Argumenta que Álvarez Icaza firmó el adendum del Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región y que tuvo como contraparte al gobierno federal”. Ortega Sánchez, quien interpuso la denuncia desde el pasado 16 de marzo, explicó que el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y tres de ellos son deshonestos, y no han contribuido a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos. Ello, además de que han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum. Señala que Alvarez Icaza no solo firmó el adendum, sino que autorizó el presupuesto asignado a los integrantes el GIEI, quienes además de malversar los recursos, utilizaron su posición para desvirtuar la investigación realizada por la PGR sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con un fin político. De acuerdo con Ortega Sánchez, la indagatoria se realiza a través de la Unidad Especializada en Investigar los Delitos Fiscales y Financieros. La averiguación previa UEIDFF/FINIM17/123/2016 se radicó en la mesa número 17 de delitos financieros a cargo de la licenciada Georgina Gutiérrez Aceves. Ortega Sánchez asegura que se engaña a los contribuyentes mexicanos y al gobierno federal, pues “el dinero entregado por parte del gobierno mexicano para cubrir los gastos del GIEI, proviene de nuestras contribuciones vía impuestos y no es justo que los integrantes de este grupo lo utilicen con otros fines distintos a otros por los que nuestro país los contrató”. Por su parte, ante estos señalamientos, Emilio Álvarez Icaza ha negado que incurre en conflicto de interés por trabajar en la CIDH y participar en el proceso de designación del GIEI.