SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, Pue. (apro).- A un año y ocho meses del violento desalojo policiaco que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y causó lesiones a ocho habitantes de esta comunidad, el gobernador Rafael Moreno Valle envió a funcionarios de segundo nivel para ofrecer una disculpa por los daños causados. Aunque los afectados dijeron que analizarán el mensaje, Elia Tamayo, madre del niño asesinado, adelantó que la disculpa le parecía insuficiente y no era lo que esperaba, ya que no incluía el castigo para los policías responsables ni la liberación del presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes, quien está preso desde el 21 de noviembre de 2014. El fiscal de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, Enrique José Flota Ocampo, leyó ante siete de los nueve habitantes agraviados, entre ellos Elia Tamayo, un mensaje en el que el gobierno poblano reconoce que durante el operativo se violaron los derechos humanos y se ocasionó la muerte del niño. “El gobierno del estado de Puebla reconoce que conductas y actos desplegados por algunos de sus servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública ocasionaron daños y perjuicios a varios pobladores de Chalchihuapan, y ocasionaron la lamentable pérdida de la vida de José Luis Tehuatlie Tamayo”, refirió el funcionario. Flota Ocampo señaló que la disculpa pública se hacía en cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, emitida por la CNDH el 11 de septiembre de 2014. La recomendación se refiere a los hechos ocurridos el 9 de julio de ese año, cuando el gobierno estatal puso en marcha un operativo policiaco para desalojar a habitantes de esa comunidad que protestaban en la autopista Puebla Atlixco, debido al cierre de las oficinas del Registro Civil. A un mes de que se había aprobado la llamada ley bala, los uniformados recibieron órdenes de disparar a quemarropa cartuchos de gas lacrimógeno contra los participantes en la protesta, lo que ocasionó una herida mortal al niño y lesiones graves en otros ocho habitantes. Además, fueron detenidos cuatro lugareños a los que el gobierno pretendió culpar de la muerte de Tehuatlie Tamayo, aunque después se confirmó que fueron apresados antes de que el niño fuera lesionado. El gobierno de Moreno Valle sostuvo en distintos foros y ante autoridades la tesis de que el niño había muerto por la “onda expansiva” que provocó un cohetón que fue lanzado por los lugareños, pero la investigación que llevó a cabo la CNDH confirmó que Tehuatlie fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por los granaderos. Cabe recordar que ya el 17 de octubre de ese año el gobierno de Puebla realizó una ceremonia en la que leyó un mensaje de disculpa para supuestamente cumplir uno de los puntos de la recomendación. Sin embargo, quedó al descubierto que ese mensaje se leyó ante empleados del gobierno estatal sin la presencia de ninguna de las víctimas de esos hechos ni de los medios de comunicación, por lo que no se dio por cumplida la recomendación de la CNDH. En esta ocasión el acto se llevó a cabo en un salón de la telesecundaria de esta comunidad, a la que asistía el niño José Luis, aunque ello ocurrió justo en la víspera de los días de guardar de Semana Santa y a unos días de que arranquen las campañas para los comicios locales en los que se elegirá gobernador. En el acto estuvieron presentes Lourdes Martínez Medellín, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y David Flores Gómez, subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial. “En nombre y representación del gobierno del estado de Puebla, de manera respetuosa y franca ofrezco una sentida disculpa institucional a cada una de las víctimas y sus familiares, que haya sufrido algún tipo de daño o violación a sus derechos humanos”, señala el mensaje leído por Flota Ocampo. “Esta disculpa implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, cuando la actuación de sus funcionarios y agentes resulta violatoria a los derechos humanos”, agrega. En el mensaje, el gobierno de Puebla pide a los pobladores “sentar las bases para conciliar y avanzar”, pues “de nada sirve que se ofrezca una disculpa si no hacemos el esfuerzo sociedad y gobierno en solucionar los conflictos que nos aquejan y nos separan”, dice el documento. Esto, a pesar de que tres meses después del operativo policiaco de desalojo, el 18 de octubre de 2014, el gobierno de Puebla envió otro operativo para allanar casas, golpear personas y detener de manera violenta a otros cinco habitantes a los que responsabilizó de lo ocurrido el 9 de julio. Pese a esto, en el mensaje que leyó el funcionario estatal se insiste en dejar atrás lo ocurrido, y luego se invita a la comunidad a “rechazar cualquier forma de manipulación o politización de acontecimientos que por cualquier razón lastimen a nuestros ciudadanos”. Repudio de Elia Tamayo Al salir del acto, Elia Tamayo dijo que no perdonaba al gobierno por la muerte de su hijo y que el mensaje que escuchó no era lo que esperaba. “Estoy aquí pidiendo la libertad de nuestro presidente Jairo Javier Montes Bautista, el castigo para los policías para que esto no quede impune y que abran la capilla de Guadalupe, es todo”, expresó. –¿Usted le perdona al gobierno por la muerte de su hijo? –No, eso no. –¿Qué le pareció la disculpa que leyeron ahorita? –Ahorita ya escuchamos, y no, no. Cuando se le cuestionó sobre si pensaba que había un fin electoral del gobierno al emitir ahora este mensaje, Tamayo sólo movió la cabeza para asentar. Otra de las víctimas, Martín Xelhua Romero, quien ese 9 de julio resultó herido en la quijada por un cartucho de gas que le lanzaron los granaderos, igual opinó que ni el mensaje ni las acciones emprendidas después de casi dos años por el gobierno de Puebla eran suficientes para resarcir los daños. Señaló que su familia sí aceptó la indemnización que le ofreció el gobierno, pero que sólo fueron 300 mil de los 500 mil pesos que aproximadamente costó la curación y tratamiento que hasta la fecha requiere, además de que a partir de la presión y persecución que vivieron, él se volvió diabético. Xelhua consideró que la disculpa del gobierno era insuficiente ante lo ocurrido ese 9 de julio, cuando no sólo a él le trastornaron la vida, sino a toda su familia. El vocero del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehuatlie Tamayo”, Hilario Gallegos, indicó que analizarán junto con las demás víctimas el mensaje que recibieron para tomar la determinación si aceptan o no las disculpas. Reconoció que el gobierno estatal ha ofrecido a Tamayo una indemnización por un millón 200 mil pesos por la muerte del niño, pero hasta ahora la mujer no la aceptado. “No es el principal interés de doña Elia, lo que ella pide es justicia para su hijo”, expresó. También coincidió en que los puntos medulares que esperaban por parte del gobierno aún no se concretan, entre ellos la liberación de Montes Bautista y el encarcelamiento de los policías responsables de la represión, los cuales fueron liberados desde diciembre de ese mismo año. El vocero adelantó que esta semana volverán a reunirse con representantes de la CNDH y que es posible que también lo hagan con personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya ha dado entrada a este caso. En rueda de prensa posterior a este acto, el secretario de Gobernación estatal, Diódoro Carrasco Altamirano, rechazó que la disculpa presentada este día tenga un fin electoral.