Persisten niveles alarmantes de agresiones contra activistas: CIDHM

Mujeres de Ecatepec protestan por feminicidios en la Segob. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala Mujeres de Ecatepec protestan por feminicidios en la Segob. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las agresiones contra defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se mantienen en niveles alarmantes, denunciaron integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).

Las activistas señalaron que las agresiones escalaron desde la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, con un saldo de 36 feminicidios hasta la fecha.

Al presentar el informe “Defensoras somos Todas/2”, Perla Estrada y Juliana Quintanilla apuntaron que la conservación del modelo de seguridad “basado en la militarización del país”, heredado de la administración de Calderón, “no ha significado una disminución en las agresiones hacia mujeres defensoras”.

De acuerdo con el informe, 36 activistas fueron asesinadas de 2001 a 2016, registrándose la mayoría de los crímenes en Guerrero (8), Chihuahua (7) y la Ciudad de México (5). A excepción del caso de Digna Ochoa, ocurrido en 2001, el resto de los feminicidios se reportaron a partir de 2010.

Estrada explicó en rueda de prensa que, a partir de 2006, el número de agresiones a defensoras creció, y se elevó de manera alarmante en los últimos tres años de Calderón, y desde entonces no ha disminuido la violencia contra las activistas.

También explicó que a partir de una encuesta aplicada a 52 defensoras de 21 estados del país, 61% aceptó haber sido agredida, en tanto que 16.3% de los casos ocurrieron en 2014, mientras que en 2009 el porcentaje fue de 11.6, nivel similar al registrado en 2015.

Al recordar que en 2014 la CIDHM emitió su primer informe sobre defensoras, “sin que hasta ahora hayan sido tomadas en cuenta las observaciones”, Estrada explicó que la “violencia psicológica” es la más denunciada (48%), seguida de intimidación gubernamental (31%), hostigamiento (27%), amenazas (25%), difamación (25%) y persecución (17%).

Las activistas denunciaron además otros tipos de violencia detectados, entre ellos la física (21.2%), económica (21.1%), patrimonial (15.4), robo en general (11.5) y violencia sexual (5.8).

La investigación realizada por la CIDHM destaca que 23.1% de las mujeres defensoras agredidas identificó a agentes del Estado como los perpetradores; mientras que 11.5% señaló a “grupos de poder económico”, y un porcentaje similar a “poderes fácticos”.      Otras clases de perpetradores de violencia contra activistas son los caciques (9.6), “intimidación paramilitar” (7.7) y grupos del narcotráfico (7%).

Teresa Valdés, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), advirtió que a pesar de que desde 2012 está vigente el Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), “no se toma en cuenta la condición de mujer para otorgar las medidas de seguridad”.

Incluso destacó que las mujeres defensoras tienen particularidades que no son tomadas en cuenta, “por ejemplo, cuando son amenazadas las advertencias van dirigidas a sus familias”.

La ausencia de la perspectiva de género para la Segob, añadió Perla Estrada, se advierte al momento de pedir información sobre los beneficiarios del Mecanismo, pues “no hay datos desagregados entre hombres y mujeres”.

Luego apuntó que en el estudio realizado por la CIDHM se incluyó el Protocolo de Atención en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, diseñado con perspectiva de género por esta organización, que espera sea tomado en cuenta para ser aplicado por el Mecanismo nacional y en los estados.

Juliana Quintanilla, fundadora del CIDHM hace 26 años, resaltó que la violencia contra las mujeres defensoras se ha visto agravada entre aquellas que defienden recursos naturales y los derechos de las mujeres.

“A lo largo de los años hemos visto el recrudecimiento de la violencia contra mujeres que salen a defender a sus comunidades o a otras mujeres, sobre todo en casos de feminicidio, crimen que se ha extendido en todo el país y que, ante la impunidad, incrementa el riesgo para ejercer la defensa de derechos humanos”, apuntó.

 

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