CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sentencia exculpatoria a los presuntos responsables de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, por parte de un juzgado militar, puede ser utilizada como prueba de descargo en el juicio que se les sigue en el fuero ordinario, alertó Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En entrevista con Apro, la abogada resaltó que uno de los defectos de la reforma al Código de Justicia Militar es que permite que se sigan dos juicios paralelos (en los fueros civil y militar) en casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas cometen violaciones a derechos humanos. En un comunicado, diversas organizaciones –entre ellas el Centro Prodh, que representa a Claudia Gómez González, una de las sobrevivientes– revelaron que en octubre de 2015 seis militares fueron exonerados por el delito de infracciones a los deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados se le condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada. De acuerdo con la revisión de la sentencia militar que hizo Gómez González, madre de Erica, una adolescente víctima de la masacre, “el argumento que esgrime el juez para exonerar a seis y condenar a uno es que hay insuficiencia probatoria, y no se pronuncia sobre la orden de ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, en congruencia con lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional (Salvador Cienfuegos) cuando señaló que abatir no es matar, y después que había sido un error de transcripción, con lo que se demuestra la parcialidad de la justicia militar”. Olivos Portugal consideró que la sentencia absolutoria del tribunal militar podría incidir en la resolución final que se tome en el fuero penal civil, donde tres militares fueron consignados por homicidio calificado en contra de ocho personas, discrepando de la investigación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual identificó entre 12 y 15 víctimas de ejecución arbitraria. “A pesar de que hable de la independencia del Poder Judicial, la sentencia militar podría ofrecerse como prueba, como estrategia de defensa en el juzgado penal. Es un riesgo muy grande poder utilizar esto como un indicio de algo que resolvió una autoridad jurisdiccional y que al final la sentencia en el fuero civil sea similar a la militar”, apuntó. La abogada del centro Prodh abundó que a pesar de que la autoridad militar “es un órgano incompetente” en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense y, por tanto, la sentencia “carece de validez” en el fuero militar, no hay garantías de que no sea tomada en cuenta por jueces penales civiles. “Justamente es uno de los riesgo de tener juicios paralelos en distintos fueros, eso afecta un principio que se conoce como continencia de la causa, que implica evitar que existan resoluciones contradictorias respecto de los mismos hechos, y al día de hoy es un riesgo latente. Desde luego esto podría incidir en el resultado que emita el juzgado civil en materia penal, a pesar de que insista en la independencia del Poder Judicial”, puntualizó. Al recordar que en el fuero militar Gómez González y su defensa tuvieron acceso al expediente militar, gracias a un amparo, Olivos Portugal alertó que la Procuraduría General de la República no ha reconocido la calidad de víctima de la madre de Erica, por lo que se han visto impedidos para revisar las actuaciones que sigue esa dependencia, así como de las subprocuradurías de Derechos Humanos y Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. “En julio del año pasado no sólo aportamos la documentación de que la orden que recibieron lo soldados involucrados en esta matanza fue abatir, para que se investigara la cadena de mando, sino que pedimos a la PGR que esclareciera la discrepancia entre el número de víctimas establecido por ellos y el de la CNDH. “Pedimos que reconociera los delitos que se cometieron en contra de Clara o en los que ella tiene interés, por ejemplo abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, alteración del lugar del hecho delictivo, el derecho de ella como víctima indirecta a la verdad y la justicia, pero al día de hoy la PGR no ha atendido la solicitud”, explicó Olivos Portugal. La defensora también resaltó que el año pasado el Centro Prodh se enteró de la exoneración en el fuero civil por ejercicio indebido del servicio público de cuatro soldados implicados en el caso, pero que “de atenderse la solicitud podrían ser investigados por otros delitos, incluidos homicidio, alteración del lugar y encubrimiento”. Hasta ahora, lo que la defensa de Clara sabe es que “hay dos averiguaciones previas en la SEIDO, donde se aborda lo referente al crimen organizado, que sólo ha criminalizado a las víctimas, y en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, donde cabe todo lo demás, incluido el homicidio calificado, sin que haya claridad sobre la línea de investigación, y no se ha hecho nada de lo que le pedimos desde hace nueve meses”, lamentó la abogada.