CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, justificó a la bancada perredista mexiquense que avaló la “ley Atenco”, al argumentar que sería “ilusorio” que no hubiera discrepancias entre fracciones parlamentarias y la dirigencia nacional de su partido. “Los partidos políticos, por lo menos los grandes, los nacionales, treinta y dos fracciones parlamentarias en el país. Son diputados locales que hacen su trabajo en diversas regiones y en distintas circunstancias. Pensar que no va haber nunca una discrepancia de una fracción parlamentaria del partido con su dirigencia nacional me parece que es ilusorio. Me parece también natural que haya discrepancias, incluso discusiones, como la que hubo ayer en el Comité Ejecutivo Nacional, entre una dirección nacional y un partido político”, indicó. Entrevistado antes de solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que presente una controversia constitucional en contra de algunos artículos de la “ley Atenco”, por la que se criminaliza la protesta social, Basave destacó que por ser un tema “tan delicado” el martes llamaron a comparecer a los legisladores perredistas mexiquenses que votaron a favor de la polémica iniciativa. Enseguida resaltó que la opinión de muchos miembros del CEN es que los diputados mexiquenses del PRD no debieron aprobar dicha ley, reconoció. También aceptó las distintas opiniones al respecto entre los miembros de la fracción parlamentaria del Estado de México. “Ayer, en la discusión, hubo algunos que reconocieron que se equivocaron. Hubo otros que defendieron su punto de vista y lo argumentaron. Fue una discusión franca, abierta, creo que bastante útil, en la cual prevaleció, como debe ser, la voluntad de la dirección nacional”, acotó. Basave acudió a la sede de la CNDH junto a legisladores mexiquenses para entregar una carta al presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, quien informó que remitiría el documento a la Dirección General Jurídica y enseguida explicó sus facultades para realizar esta acción: “Nosotros hemos iniciado el análisis de esa ley. Hemos recibido algunos otros escritos donde nos solicitan valorar. Tengan la certeza de que nuestro análisis será objetivo y basado en la norma jurídica y en nuestro ordenamiento de bloque de constitucionalidad, vamos a analizar estos razonamientos de los artículos que, en opinión de ustedes, no se adecuan a la constitucionalidad y tomaremos la determinación”, agregó el ombudsman nacional. De acuerdo con el “Programa inmediato: Otro México es posible” y aprobado en 2015, los perredistas se comprometieron, en el sexto punto, a “instaurar nuevos protocolos de acción para los elementos policiacos y todo aquel servidor público relacionado con la seguridad, orientados hacia los derechos de las personas y la erradicación de la corrupción”. Y en el siguiente séptimo, a “promover medidas de prevención del delito”. En el apartado 12, denominado “Promover la agenda progresista y democrática de derechos humanos”, se planteó: “El PRD debe tener claridad sobre las causas que actualmente emprenden los defensores y las defensoras de los derechos humanos y los movimientos sociales, educativos, estudiantiles, ambientales, de los trabajadores, de la lucha contra los proyectos energéticos depredadores y por la libertad de expresión. “Es menester que el partido se convierta en un aliado esencial de sus reclamos y debe incidir en su protección, impulso y apoyo; de igual forma debe fomentar las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil progresistas y democráticas y reconocer que su trabajo es coadyuvante para un buen gobierno y para una plena ciudadanía”. También se comprometieron a impulsar como agenda la recuperación de la paz y la erradicación de la violencia. Que se respete la integridad física y moral de las personas, a no ser asesinadas por integrantes de grupos criminales ni ejecutadas por agentes del Estado, a no ser torturadas ni detenidas, desaparecidas forzadas o desaparecidas por particulares. En el punto 18 se propuso de manera contundente “eliminar de los códigos penales la criminalización de la protesta social”.