CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la tragedia humanitaria que vive México por las desapariciones forzadas, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, alertó sobre el olvido en que han quedado los menores que conforman 30% de los más de 22 mil casos registrados oficialmente.
Al señalar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha incrementado 191% el número de mujeres adolescentes desaparecidas, el defensor resaltó que en la iniciativa presidencial para una ley general sobre desaparición de personas, presentada el 10 de diciembre del año pasado, “no hay consideraciones especiales para los niños, niñas y adolescentes por lo que no se les ve como víctimas de desaparición”.
A una semana de acudir a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) a una audiencia temática sobre las desapariciones de menores en México, Pérez García recordó en entrevista que pese a que desde hace más de un año la Redim ha denunciado que 30% de las desapariciones registradas de 2006 a 2014 –equivalentes a 6 mil 725 personas– corresponden a menores de 18 años, es un tema que no se abordado de manera frontal.
“Los niños viven tal nivel de discriminación en México que incluso en graves violaciones a derechos humanos donde son víctimas, tampoco se les ve”, lamentó el director ejecutivo de la agrupación civil. Destacó que de los más de seis mil infantes desaparecidos, 30% tienen entre cero y cuatro años de edad.
El origen de la discriminación de los menores como víctimas tiene que ver con que “no son vistos como ciudadanos y por eso el gobierno no asume responsabilidad sobre ellos, sino que en lo general son las familias las que lo asumen. Tanto así, que a excepción de los padres de adolescentes que reclaman, los demás no se ven”, advirtió.
Pérez García destacó que en la audiencia temática que se llevará a cabo el jueves en Washington, se pretende “buscar una respuesta a este incremento preocupante de desapariciones de niñas niños y adolescentes, sobre todo en el periodo de 2006 a 2014, que pudimos documentar gracias al apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)”.
El defensor destacó que la base de datos oficial de 2015 tiene inconsistencias y contó que en días recientes funcionarios de la Secretaría de Gobernación comentaron al personal de la Red que “el panorama es distinto” con los datos del año pasado.
“Nosotros les dijimos: si ha disminuido el número de desapariciones en la niñez, muy bien, pero continúa la responsabilidad del Estado en las otras 6 mil 725. Esos números muestran su ineficacia, ineficiencia y eso es lo que vamos a exponer ante la CIDH”, expuso.
De acuerdo con la información que la Redim ha podido sistematizar, las entidades que presentan el mayor número de desapariciones son Tamaulipas, Estado de México y Guanajuato. Los datos obtenidos les permiten formular hipótesis sobre que las jovencitas son secuestradas con fines de explotación sexual y trata, en tanto que los más pequeños lo son con fines de adopción ilegal.
En el sector de 15 a 17 años, “siete de cada 10 son mujeres, mientras que en el rango de cero a cuatro son varones. Toda esta información ya la tenía el gobierno desde hace tiempo pero no vemos que se haga algo al respecto”.
La Red también pudo identificar tres bloques de desapariciones de infantes. El primero es en la ruta de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y hasta Guanajuato, donde el mayor número de víctimas son mujeres adolescentes.
Otra ruta se extiende por el Golfo de México, de Veracruz a Tamaulipas hasta la frontera con Estados Unidos; en ella se registran desapariciones de adolescentes y pequeños. La tercera es en las ciudades fronterizas con Estados Unidos que van de Tijuana a Ciudad Juárez, donde la prevalencia es de niños menores de cuatro años.
Pérez García apuntó que en el caso del Estado de México, los datos oficiales hablan de 393 mujeres adolescentes desaparecidas, “lo que concuerda con la denuncia de las defensoras de derechos humanos que han exigido la alerta de género en todo el estado y no sólo en algunos municipios”.
El defensor destacó que a pesar de que el gobierno de Peña Nieto tenía esta información, en su propuesta de ley general de desaparición de personas, los niños no fueron considerados más que para “una obviedad, es la declaración de ausencia para que puedan tener garantizado su derecho a registro y a tener acceso a patrimonio, pero no se reconoce la gravedad del hecho y menos como víctimas de desaparición”.
Hasta ahora, acotó, la propuesta de ley presentada por la organización de familiares de desaparecidos Hasta Encontrarlos es la única que ha retomado la propuesta de la Redim de incluir un capítulo especial sobre desaparición de menores de edad.
“En el proceso de discusión de la ley general se debe reconocer en un capítulo específico que 30% de los desaparecidos en este país son niñas, niños y adolescentes, que no pueden ser tratados como adultos y que para ello se requiere un protocolo de búsqueda específico”, concluyó.