Familiares de alumnos del ITESM acribillados piden a Peña no ser “cómplice” de la impunidad

Los retratos de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Foto: Arturo Rodríguez Los retratos de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Foto: Arturo Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) acribillados por las fuerzas armadas hace seis años, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto “que no sea cómplice” de la impunidad en que se encuentra este caso “que se trató de encubrir”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Amnistía Internacional (AI), Rosa Elvia Mercado Alonso y Joel Medina, padres de Jorge Mercado, y Patricia Varela y Jesús Arredondo, tíos de Javier Arredondo, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene retenida la indagatoria de la ejecución sumaria cometida por miembros del Ejército Mexicano en las instalaciones del ITESM el 19 de marzo de 2010, a pesar de que ya está lista para ser consignada desde febrero de este año.

Además, exigieron que el próximo 8 de abril, cuando tienen programada una reunión en la PGR, esté presente la titular Arely Gómez para que explique los motivos por los que no se ha consignado el expediente.

Y es que, dijeron, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR Gilberto Higuera Bernal argumentó el pasado 4 de marzo que sería revisado el pliego de consignación una vez más y que antes del 19 de marzo, día del aniversario luctuoso, sería puesto a disposición de un juez de distrito en Monterrey, Nuevo León.

Mercado Alonso narró la serie de reuniones que desde octubre del año pasado sostuvieron con funcionarios de la PGR, entre ellos Higuera Bernal, así como la oportunidad que tuvieron de revisar los 40 tomos del expediente.

Agregó que en éste se incluyen más de 100 declaraciones y un número similar de peritajes, en los que quedó evidenciado que la ejecución de los jóvenes “no fue un error (de los militares), que los muchachos murieron dentro de las instalaciones del Tec y que no murieron en fuego cruzado”.

La madre de Jorge dijo que el 19 de febrero el agente del ministerio público federal responsable de la investigación le llamó para avisarle que ya tenía los boletos de avión a Monterrey para consignar el caso. Sin embargo, un día después le marcó para informarle que la diligencia se suspendía hasta nuevo aviso.

Al pedir explicaciones, Higuera Bernal les dijo que quería revisar el pliego de consignación consistente en 547 fojas a detalle para evitar que el juez lo rechazara, pero a partir del 4 de marzo no volvió a tomarles la llamada.

“Lo que más nos indigna es que se llegó a una fecha, desde entonces no nos quieren ni dar la cara, nos atienden otras personas secretarios de los funcionarios que desconocen el caso y parte se portan de manera altanera y quieren justificar lo injustificable”, dijo la señora Rosa.

Joel Medina, esposo de Mercado Alonso, destacó que mantuvieron silencio sobre esta situación a petición de los funcionarios de la PGR, pero que a partir del incumplimiento en el compromiso, decidieron revelar la situación.

Que gobierno reconozca sus errores

La investigación, contó, fue prácticamente reabierta en 2014 y “de ahí para atrás estaban los expedientes perdidos, el Ejército se adueñó del área y la PGR quedó afuera, hasta que la gente del Tec nos reunió con Amnistía Internacional y empezamos otra vez a abrir camino. En la PGR ha trabajado pero la gente de campo, les decimos que es triste ver que el trabajo ya está hecho pero está detenido arriba”.

Medina explicó que de la revisión del expediente pudieron identificar que ocho militares pertenecientes a la Unidad Néctar IV fueron identificados como los presuntos responsables de la ejecución sumaria de los estudiantes sobresalientes. También observaron que en el fuero militar uno de ellos fue enjuiciado por “alteración de los hechos”, aunque fue exonerado.

Hasta ahora, apuntó, ninguno de los soldados está detenido. “Gilberto Higuera dijo que ya no hay diligencias que hacer, se supone entonces que ya declararon (los militares) ante el ministerio público, además el expedientes está sellado, empaquetado y arrinconado en una oficina de la PGR”, agregó.

Patricia Varela y Jesús Arredondo exigieron que “el gobierno reconozca sus errores” y que se castigue a los responsables de las ejecuciones porque “no se debe proteger a nadie”.

Los tíos de Javier Arredondo puntualizaron que están convencidos que no es la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) como institución “responsable de los hechos, pero sí algunos malos elementos”.

Los familiares exigieron verdad y justicia, así como que se limpien los nombres de Javier y Jorge, a quienes se les criminalizó además de que les sembraron armas de grueso calibre en el lugar donde quedaron sus cuerpos.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional en México, señaló que la situación en que se encuentra el caso de los jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey, es que “persiste un pacto de impunidad” y que la PGR actúa con “indolencia” ante los reclamos legítimos de justicia de los familiares de las víctimas.

También lamentó que los familiares de víctimas “tengan que salir a medios para que reaccionen las autoridades” y que este caso, como muchos más, que todos los mexicanos “podemos ser víctimas de graves violaciones a derechos humanos”.

Comentarios

Load More