Chile: la privatización de los peces

Exministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira. Foto: Gobierno de Chile Exministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira. Foto: Gobierno de Chile

VALPARAÍSO (apro).-Cada día que pasa se comprueba que la Ley 20.675, que en 2013 privatizó las principales pesquerías, está hundiendo –aún más– en el desprestigio a la clase política, en especial a la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), principal partido implicado en los ilícitos cometidos en la aprobación de esta norma que fuera promulgada en febrero de 2013 por el entonces presidente Sebastián Piñera.

No sólo eso, también ha derivado en la deslegitimación de esta reglamentación, conocida como ley Longueira, en alusión a su principal operador, el exministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira. Esta desacreditación se expresa –entre otros aspectos– en que muchos pescadores artesanales están saliendo a pescar sin contar con permiso para ello.

Los detractores de la ley Longueira, agrupados en el Comité Social para la Defensa del Mar y en el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), consiguieron que la Cámara de Diputados admitiera a trámite –en sesión de 19 de enero– una iniciativa legal que apunta a anular dicha ley. Esta propuesta fue promovida por los diputados del Partido Comunista y fue respaldada, desde las tribunas del Congreso Nacional –con sede en Valparaíso—por grupos de furiosos pescadores.

Esta decisión de los diputados generó el rechazo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y de la derecha, quienes advirtieron que nunca en la historia de Chile una ley ha sido anulada.

Del otro lado, el avance de este proyecto de anulación fue considerado como un triunfo por dichas agrupaciones que, pese a estar habitualmente marginadas de los grandes medios, han conseguido convencer a la opinión pública de la justicia de sus argumentos.

Según una encuesta de la consultora Cadem, dada a conocer el 9 de enero, 89% de los chilenos cree que hubo cohecho por parte de empresarios a parlamentarios durante la tramitación de la Ley Longueira. Asimismo, 93% estima necesario volver a legislar en la materia.

Lo complejo es que la población ya no confía en la clase política ni en el Parlamento para acometer dichas modificaciones. Según encuesta de la consultora Adimark –dada a conocer el 3 de marzo– todos los partidos tienen menos de 30% de respaldo, siendo la UDI el peor evaluado, con sólo 17% de opiniones positivas y casi 80% de rechazo.

De acuerdo con esta misma fuente, la Cámara de Diputados tiene 13% de aceptación mientras que el Senado sólo 11%.

La Ley Longueira” entregó a empresas del grupo Angelini (Corpesca SA, Orizon SA y South Pacific Korp.), en forma gratuita y a perpetuidad, cerca de 52% de las cuotas de pesca de jureles, sardinas y anchovetas. Estas empresas, que operan en el extremo norte de Chile, también fueron beneficiadas con la autorización para que sus barcos pudieran ingresar a la zona de cinco millas de la costa, históricamente reservada a la pesca artesanal.

A tres años de la puesta en marcha de esta normativa, más de 48% de las pesquerías se encuentran colapsadas o sobreexplotadas, según información del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

“Corrupto de mierda”

Aunque el escándalo de corrupción en la aprobación de la Ley de Pesca estalló hace dos años, el surgimiento de nuevos antecedentes y las nefastas consecuencias de esta normativa han provocado que esta causa se mantenga en el primer plano del interés nacional.

El 21 de marzo el exsenador y excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, declaró por más de tres horas ante la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong. A la salida del tribunal fue encarado por un grupo de manifestantes, en su mayoría pescadores, que le reprochaban haber sido el principal impulsor de esta iniciativa. Ellos portaban carteles que decían: “Pueblo movilizado, Longueira encarcelado” y “A anular la corrupta Ley de Pesca”. Uno de los que protestaba le espetó en su cara al exministro: “¡Corrupto de mierda (…) legislaste para los Angelini, los Luksic!, ¡ladrón!”. Mientras esto hacía, otros le lanzaban monedas y huevos.

Aunque Longueira declaró en calidad de testigo, las sospechas respecto de su actuación en la aprobación de la citada ley crecieron luego de que, el 7 de marzo, el medio electrónico Ciper difundiera un reportaje que daba a conocer una serie de correos electrónicos en los que quedaba en evidencia que Longueira vendió –total o parcialmente– el articulado de la “ley de Royalty Minero”, promulgada por Piñera en octubre de 2010. El 28 de marzo, el propio Longueira informó –mediante un comunicado– que será notificado en esta causa.

Longueira –de profesión ingeniero civil– no es el único político de la UDI involucrado en la gestación de la ley bautizada con su apellido. El 14 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador de este partido, Jaime Orpis, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco.

Según acreditó la fiscal Chong, Orpis recibió de Corpesca –grupo Angelini— unos 264 millones de pesos, a través de 76 boletas “ideológicamente falsas”, los que fueron destinados al pago de asuntos personales, “como contribuciones, lavandería y membresía del Club de Yates”.

En esta causa se ha comprobado que Orpis recibió instrucciones directas de Corpesca respecto de cómo votar la citada ley. Así lo estableció la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupi Aguirre, quien señaló en la audiencia de desafuero que “es indudable que Orpis se constituyó virtualmente en un empleado de Corpesca, desde 2009 a 2013, momento en que los pagos cesan (…) porque se produce el descubrimiento de los hechos que dan origen a esta investigación”.

La jurista alude a que, en mayo de 2013, Ciper publicó dos reportajes que destaparon el cohecho en la Ley de Pesca. Corpesca pagó a la entonces diputada de UDI, Marta Isasi, al menos 50 mil dólares por estudios ficticios, facturados por su exasesor parlamentario y amante, el periodista Giorgeo Carrillo.

En el trámite legislativo, Isasi –que representaba a la norteña ciudad de Iquique– siguió al pie de la letra las instrucciones del gerente de Corpesca, Francisco Mujica, quien era el encargado, además, de coordinar los pagos a la parlamentaria.

Isasi incluso incurrió en el descaro. En sesión de la Comisión de Pesca de 17 de julio de 2012, ingresó en calidad de asesores suyos a los gerentes de Corpesca Ramón Pino y Michel Campillay, quienes le indicaron cómo votar, según queda expuesto en video de la Cámara de Diputados difundido por la campaña Yo Pesco lanzada por pescadores artesanales.

En mayo de 2012, esta diputada informó al pleno de la Cámara de Diputados, en nombre de la Comisión de Pesca, del proyecto aprobado en el primer trámite legislativo.

Pese a que miembros de la UDI son los más expuestos en este escándalo, no son los únicos involucrados, pues esta legislación contó con el decidido apoyo de la mayoría de los diputados y senadores de la centroizquierdista Concertación por la Democracia.

Desobediencia civil

Sin embargo, fuera de las esferas políticas y judiciales se está dando otra disputa que tiene que ver con la sobreviviencia del pueblo pescador. En entrevista con Apro, el vocero de la Condepp, Cosme Caracciolo, expresa su satisfacción “porque la ciudadanía se ha dado cuenta de que hemos sido víctima de la ambición desmedida de los empresarios, que han pretendido apoderarse para siempre los recursos marinos que nos pertenecen a todos”.

Caracciolo, hijo y nieto de pescadores, asegura que la Ley Longueira, en lo sustancial, “despojó del derecho a pescar a la totalidad de los pescadores que no tienen embarcación”.

El vocero de los pescadores dice que han intentado todo con el fin de revertir la privatización de los peces. “Hemos protestado en las calles, hemos dialogado con las autoridades y hemos iniciado acciones legales (caso Corpesca)”.

Sin embargo, dice que el gobierno –representado en esta materia por el ministro de Economía Luis Céspedes y por el subsecretario de Pesca Raúl Sunico– “se ha opuesto a cambiar el fondo de esta ley, que tiene que ver con la propiedad de los peces”.

Además, reconoce que el Ejecutivo ha accedido a cambiar algunos aspectos de la cuestionada ley, como la modernización de la gestión de las caletas, pero Caracciolo considera estos cambios como cosméticos. “Lo importante es acabar con la privatización de los peces”, señala el pescador.

Según Caracciolo, los pescadores artesanales están desobedeciendo la Ley Longueira: “Si no lo hacemos, moriremos de hambre”, expresa. En este sentido, informa que miles de pescadores ya están saliendo a pescar sin tener permiso para ello. “Yo soy uno de ellos”, confiesa.

También argumenta: “No podemos obedecer leyes ilegítimas que nacen del cohecho. Seríamos estúpidos si lo hiciéramos”.

Caracciolo subraya que la Ley Longueira fue antecedida por otra normativa privatizadora de los peces: la Ley 18.849, promulgada por el presidente Ricardo Lagos, en diciembre de 2002. “Lagos lo que hizo fue entregar ‘cuotas individuales transferibles’, por un periodo limitado de tiempo, a quienes pudieran acreditar que habían pescado”.

Añade: “Ahí se las ingeniaron los industriales para justificar, mediante papeles de desembarque construidos fraudulentamente, una gran historia de pesca que les favoreciera en la entrega de cuotas”.

Asegura Caracciolo que “ese historial fraudulento, hecho con trampas, fue reconocido como derechos de propiedad sobre los peces. Pero la verdad es que fuimos los pescadores artesanales quienes descubrimos el 100% de las pesquerías de este país. Descubrimos el bacalao, la albacora, que estaban en el agua pero nosotros las pescamos por primera vez. La industria llegó después y se apropió de nuestra historia”.

El vocero de los pescadores afirma que el Parlamento “ya no tiene legitimidad para legislar ni el gobierno para gobernar. Por eso nosotros nos declaramos en desobediencia civil”.

En relación con los criterios que deberían orientar una nueva política pesquera, Caracciolo manifiesta que el primero de ellos debería ser la preservación de los recursos. “Lo primero que habría que hacer es prohibir la pesca de arrastre, debido a que no es una pesca selectiva”.

En segundo lugar, apunta contra la harina de pescado que se usa como alimento industrial de cerdos, pollos, salmones y vacunos: “No es posible que la industria haga harina con las jibias (calamar chileno), sardinas, jureles y anchovetas que proteínicamente son alimentos muy completos”.

El vocero de la Condepp estima que la aplicación de las señaladas medidas permitiría que las especies marinas se preservasen en el tiempo. También afirma que los únicos que dan garantías para que ello ocurra, son los integrantes del sector pesquero artesanal. “Nosotros pescamos para vivir, no para enriquecernos como hacen los industriales; nosotros usamos artes de pesca selectivos y respetuosos del medio ambiente”, asegura.

Caracciolo opina que los industriales deben salir del sector pesquero y que los trabajadores de la industria deben trabajar en la pesca artesanal “como históricamente lo han hecho”.

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