La automotriz Kia planeó instalar una planta industrial en Nuevo León y para ello pactó con el anterior gobernador, Rodrigo Medina. Pero la actual administración, la del Bronco, ha encontrado un cúmulo de irregularidades en la negociación: se le dieron a la compañía sudcoreana todas las facilidades, todas las prebendas, más allá de lo que dictan las leyes y el sentido común. “¿Por qué lo haría?”, se pregunta ahora el gobierno nuevoleonés. Y el exmandatario priista deberá aclarar las cosas. MONTERREY, NL (Proceso).- Cuando Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, llegó al gobierno de Nuevo León, una de sus primeras tareas fue desenredar el polémico contrato de incentivos que su predecesor, el priista Rodrigo Medina, firmó con la automotriz sudcoreana Kia. Fernando Turner Dávila, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), revisó el contrato y encontró que era irregular y, además, en las cláusulas había ilegalidades que actualmente son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción (FA) de Nuevo León. Turner halló que el paquete de apoyos era desproporcionado, pues ninguna contraprestación era ofrecida por Kia Motors de México, empresa cuya planta se instaló en el municipio rural de Pesquería, 30 kilómetros al norte de esta capital. Pese a las inconsistencias en el contrato –el cual, según el gobierno estatal, carece de validez–, el actual secretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, es posible que haya conocido y validado su contenido, y hasta que se haya ofrecido como gestor para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por Nuevo León con la armadora, según un documento encontrado en los archivos electrónicos de la Sedec por el equipo de transición. Se trata de una carta con membrete de la Secretaría de Energía (federal), sin firma y dirigida a Kia y al gobierno estatal. Proceso tiene copia de la misma. El texto se refiere a las gestiones que se harían: “En particular, me refiero a los fondos para la adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto, de aproximadamente 500 hectáreas, así como los costos de la construcción de la nueva infraestructura, así como la mejora de las ya existentes, planteadas en el documento y sus apéndices”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación