Para Nestora, por la alegría de saberla libre y de nuevo en la lucha. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A unas semanas de la conmemoración del quinto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un grupo de ultraderecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, levantó una denuncia penal no sólo en contra de quien fue uno de los más importantes dirigentes del MPJD, sino en contra del ahora secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza. La acusación, un supuesto fraude por el dinero que el gobierno mexicano entregó a la CIDH para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) ayudara a localizar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, no tiene otra finalidad que calumniar y ensuciar tanto el nombre y la trayectoria de Álvarez Icaza como la de todos los integrantes del GIEI: Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain, Francisco Cox, Ángela Buitrago y Alejandro Valencia. La acción no es nueva. Se remonta a una vieja práctica del PRI y de los gobiernos autoritarios que, a falta de legitimidad, utilizan la legalidad a través de organizaciones civiles financiadas por él, para, mediante la calumnia, la coerción y el descrédito, destruir cualquier legitimidad política. El padre de Emilio, José Álvarez Icaza, fue una víctima constante de esos métodos desde que en 1964 fundó el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). En el caso de su hijo Emilio y del GIEI, la denuncia –que se suma a la campaña mediática de desprestigio iniciada por la señora Wallace, una víctima trasformada en victimaria– intenta poner en duda sus claras y contundentes investigaciones que no sólo han derrumbado la “verdad histórica” del gobierno en el caso Ayotzinapa, sino también mostrado la complicidad de miembros del Ejército, de las fuerzas policiacas y de funcionarios públicos en ese crimen, y los obstáculos y la falta de voluntad política del gobierno para encontrar la verdad verdadera. Intenta, por lo mismo, quitarles legitimidad, ante la opinión pública internacional, por el desenmascaramiento de las graves y espantosas violaciones a los derechos humanos que, bajo la guerra contra el narcotráfico, suceden todos los días en México. Busca algo más: restarle fuerza al próximo regreso de Emilio al país y desalentar así a quienes, desde las trincheras de los derechos humanos, intentan desarticular el ya insoportable contubernio de las partidocracias con el crimen organizado y la destrucción del país. Emilio Álvarez Icaza, como Carmen Aristegui en la trinchera de la comunicación, es una figura pública, a nivel nacional e internacional, con una probidad incuestionable. Es también una figura que, como lo mostró en su participación en el MPJD, es capaz de aglutinar y movilizar, junto con otros, grandes porciones de la reserva moral del país. Eso, a un gobierno y a unas partidocracias corrompidas hasta la médula, que llevan sobre sus espaldas casi 200 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, cientos de miles de desplazados, la miserabilización de grandes franjas de seres humanos y una destrucción sin precedente del ambiente y de las culturas que pueblan nuestro territorio, produce miedo. Sé que a muchas organizaciones civiles les gustaría ver a Emilio como candidato independiente en 2018. Sé también que el imaginario de las partidocracias y de quienes viven a la sombra de su clientelismo, lo ven desde esa perspectiva como una amenaza a sus oscuros y criminales intereses. Lo que no sé es si Emilio quiera ser candidato y vea condiciones para ello. En todo caso, sabiendo lo que sabe de la profunda corrupción de las instituciones y de su responsabilidad en el horror que vive México, volverá al país para tomar su lugar entre quienes buscamos refundar a la nación y construir los caminos que se requieren para hacerlo. En uno u otro escenario, Emilio es una amenaza a la corrupción del sistema, y esa corrupción hará todo lo posible para fabricarle delitos, denostarlo y desapropiarlo en la conciencia pública de su fuerza ética. Cuando a un líder moral no se le puede asesinar físicamente por los costos políticos que traería, cuando tampoco se le puede corromper con dinero o puestos públicos, entonces se le busca asesinar mediante la difamación y la calumnia disfrazadas de legalidad o, como en el caso de Carmen Aristegui, despojándola, a través de otro disfraz de legalidad, de su plataforma comunicativa. La calumnia –lo saben los tiranos, los criminales y los políticos sin escrúpulos– puede destruir imperios y personas. Puede también, en un país como México, lleno de mezquindad y resentimiento, generar la desconfianza hacia hombres y mujeres que, como Emilio y quienes conforman el GIEI, han empeñado su vida en la justicia y la paz, mantener la división entre los ciudadanos y restarle base social a los movimientos. A eso le está apostando el sistema con la denuncia que se le ha hecho a Emilio. Sin embargo, el descrédito del gobierno y de las partidocracias es tan grande y profundo, que no lo lograrán. Lejos de ello, su manera de buscarnos dividir, de llenarnos de miedo y de lodo, y de continuar asesinándonos y enterrándonos, de una u otra manera, en las fosas de las que han llenado el país, nos hace más fuertes y más dignos. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, boicotear las elecciones, y devolverle su programa a Carmen Aristegui.