CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El director de personal del gobierno estatal, Jaime Ramírez Solís, informó que el exdiputado local perredista acusado de tener vínculos con el narco, Roger Arellano Sotelo, y el exdirigente de la normal de Ayotzinapa, Izcoatl Benito Coronado, trabajan para la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores. No obstante, el funcionario negó especificar el centro de adscripción y el monto que ambos perciben con el argumento de que se trata de información clasificada como “confidencial”. El hecho contrasta con el discurso del gobernador Astudillo, quien el lunes 4 asumió públicamente el compromiso de homologar la norma local con la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el propósito de cumplir con esta obligación de los servidores públicos y combatir la opacidad en la entidad. El pasado 7 de marzo, Apro solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), vía solicitud de acceso a la información pública, el monto del salario desglosado del ejecutivo y el resto de los secretarios de despacho. También el número de trabajadores del sector central y la dependencia donde laboran Arellano Sotelo y Benito Coronado, el líder de la última generación de egresados de la normal de Ayotzinapa que recibió un millón de pesos para su graduación durante el interinato de Rogelio Ortega. El exlegislador señalado por sus presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia y el normalista han sido exhibidos públicamente formados en la fila donde cobran los empleados del gobierno estatal a través de una lista de raya en la sede del Ejecutivo, ubicada al sur de esta capital. El 17 de marzo, el director general de administración y desarrollo de personal del gobierno estatal, Jaime Ramírez, emitió una respuesta parcial a través del oficio 537/2016 donde señala que 16 mil 208 trabajadores conforman el sector central del Poder Ejecutivo, de los cuales tres mil 748 son de base; ocho mil 149 de confianza y cuatro mil 311 supernumerarios. Sobre el sueldo del gobernador Astudillo, que asciende a 146 mil 916 pesos, no se especificó el desglose de su percepción salarial ni la de sus colaboradores. Tampoco se indica el área laboral y el sueldo de Roger Arellano y Benito Coronado, porque la información está clasificada como “confidencial”. El pasado 30 de marzo, la titular de la unidad de transparencia y acceso a la información de la Secretaría de Finanzas y Administración, Alma Delia Cienfuegos Ojendiz, difundió la postura oficial del gobierno estatal mediante la plataforma digital de acceso a la información denominada Infomex Guerrero. Opacidad gubernamental La resistencia de los sujetos obligados a transparentar el uso de recursos públicos y garantizar a la sociedad el derecho a la información pública ha sido una constante en los gobiernos en turno. En septiembre pasado, el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Guerrero (ITAIG), ordenó al gobierno del estado encabezado en ese entonces por Rogelio Ortega Martínez, hacer pública la información sobre el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación. El Instituto argumentó que esta clase de información se considera por mandato legal “pública de oficio” porque está relacionada con la erogación de recursos. La dirección de Comunicación Social del gobierno estatal encabezada por Arturo Solís Heredia, ocultó la información solicitada por Proceso desde junio pasado argumentando cambios del titular del área y la ausencia de la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información. A finales de octubre pasado, el pleno del ITAIG multó a la administración saliente de Ortega con 13 mil 290 pesos por negarse a transparentar el gasto de publicidad oficial en medios de comunicación. Y a pesar de que el Instituto exhortó al ejecutivo cumplir la resolución, a la fecha la administración de Astudillo no ha emitido una respuesta oficial. Ejerce de forma discrecional el gasto de publicidad oficial en medios y privilegia a los que mantienen una línea editorial favorable a su gobierno o en los que puede influir de manera “sutil o indirecta”. Incluso, esta semana Astudillo exigió públicamente a reporteros del puerto de Acapulco asumir “un convenio de silencio” frente a la ola de violencia que azota a la sociedad para atraer turistas como ocurre en el balneario de Zihuatanejo.