CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández, denunció al gobierno de Enrique Peña Nieto por incumplir las medidas cautelares ordenadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de 13 integrantes de su organización. Beneficiario de las medidas cautelares, Vergara Hernández representa a unas 400 familias de desaparecidos en la región norte de Guerrero, quienes se organizaron en la búsqueda de restos en los cerros aledaños a Iguala, luego de que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa descubrieran fosas con al menos 32 cuerpos. Debido a que el grupo de búsqueda de Los Otros Desaparecidos de Iguala, compuesto por entre 12 y 15 personas, ha sufrido amenazas y se mueve en zonas controladas por el crimen organizado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) instruyó al Estado mexicano, el 27 de septiembre del año pasado, a darles protección en la búsqueda de cuerpos, actividad que no realizan las autoridades. Apoyados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Id(h)eas Litigio en Derechos Humanos, Red Nacional de Enlaces de Personas Desaparecidas y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), los integrantes de Los Otros Desaparecidos firmaron compromisos con la Secretaría de Gobernación (Segob), PGR y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a principios de este año, mismos que según Vergara no se han cumplido cabalmente. En entrevista con Apro, en vísperas de participar en un operativo de búsqueda de restos humanos en Veracruz, Mario Vergara contó que hasta ahora la Segob no ha cumplido con el acuerdo de proporcionar una camioneta a la organización, protección policiaca durante los operativos en los cerros, acompañamiento de un agente del MP y de paramédicos durante dichos operativos, así como acordonamiento y resguardo de hallazgos óseos. Vergara se queja de que cuando son acompañados por policías sólo es con tres elementos, “para cuidar a un grupo de 12 a 15 personas que suben a los cerros y zonas donde la delincuencia estuvo operando y opera; los elementos se quedan en su vehículo, ya le dije a Sara Irene Herrerías (responsable de la Unidad de Derechos Humanos de Segob) que un día nos van a matar a todos, porque no son suficientes elementos los que nos están mandando”. Mario Vergara, quien con otros familiares ha localizado más de cien cuerpos en fosas clandestinas, apuntó que hizo ver a la funcionaria que no entendía por qué el maltrato, si Los Otros Desaparecidos de Iguala hacían el trabajo que correspondía a las autoridades, y “cuando el equipo forense de la PGR va a juntar los huesos que nosotros señalamos, sube un grupo de 10 peritos pero llevan 30 o 40 elementos de seguridad. Les digo que cuál es la diferencia, pues nosotros andamos haciendo el trabajo muy fuerte”. Se quejó de que el agente del Ministerio Público asignado para acompañarlos no se haya presentado en las excavaciones desde que se firmaron los acuerdos el 26 de enero pasado, así como de la tardanza para resguardar los restos localizados. “Hemos localizado huesos y la policía llega entre tres y seis días a resguardar, ya nos pasó en Chichihualco, donde después del hallazgo llegó el Ministerio Público, vio que había huesos y se fue, en la noche la gente mala quemó los restos y, cuando llegaron a resguardar, ya estaban muy dañados. “El domingo (3 de abril) localizamos otra fosa con restos, pero hasta el miércoles fueron a recoger los huesos, al gobierno no le interesa el tema de los desaparecidos aun firmando acuerdos”, narró. Luego resaltó que los integrantes del equipo de búsqueda han sido amenazados por miembros del crimen organizado para que ya no continúen buscando en los cerros, lo que motivó las medidas cautelares, pero “nomás nos dieron un número telefónico de un jefe de la Policía Federal en Iguala, nos dijo que cuando nos sintamos amenazados le llamemos, yo estoy a una hora de Iguala y, si hay tráfico, a dos horas, lo que ofrecen es absurdo, es un teatro”. También destacó que, a un año y cuatro meses desde que varios familiares acordaron salir a buscar a sus familiares a los cerros, de los más de cien cuerpos hallados la PGR sólo ha identificado 15. “Somos un grupo de 400 familias, de las cuales sólo 280 han presentado denuncia penal y les han hecho la prueba de ADN, cuando nosotros reclamamos a la PGR por qué no ha identificado todos los cuerpos, dice que porque no hay denuncias, pero al principio lo que hicieron fue decirle a la gente que no importaba que no pusiera denuncias, con el ADN era suficiente. “Al principio no sabíamos por qué decía eso la gente de PGR, mucha gente pidió que le tomaran muestra pero no puso denuncia, ahora sabemos que es para decir a los organismos internacionales que no hay tantos casos de desaparecidos”, señaló el representante del colectivo. En cuanto a la actuación de la CEAV, Vergara reprochó que recientemente se les anunció que estaban desaparecidos los 400 expedientes de los integrantes de su organización, sin mayor explicación que el cambio del responsable de atenderlos. Juan Carlos Gutiérrez, director de Id(h)eas, consideró que “el incumplimiento sistemático de las autoridades en la protección de las familias, los hallazgos y las garantías de seguridad se enmarcan en un constante deterioro de la posición de México frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El defensor consideró grave el desdén que el gobierno mexicano ha mostrado hacia las medidas cautelares emitidas por la CED, entre las que están “la instalación de protocolo de seguridad, el acompañamiento jurídico, psicológico y médico; el resguardo de cuerpos o esqueletos encontrados; el procesamiento de datos que deben dar a conocer a las víctimas, mismas que no han sido atendidas por el Estado mexicano”. Gutiérrez Contreras cuestionó el incumplimiento de las acciones urgentes reclamadas por la ONU “a pesar de la inseguridad constante en la entidad, en donde desde 2012 se han encontrado más de 500 osamentas en fosas clandestinas, y en 2015 fueron asesinados Norma Bruno Román y Miguel Ángel Jiménez Blanco, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, en plena búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas”.