Mossack Fonseca al servicio de Los Cuinis

También usan los paraísos fiscales. Foto: Especial También usan los paraísos fiscales. Foto: Especial

Entre los clientes del bufete Mossack Fonseca figura la “élite” del narcotráfico en el occidente de México, a través de Gerardo González Valencia. Señalado por los gobiernos estadunidense y mexicano como parte de los negocios ilícitos de su clan, ese inversionista es pariente y socio de tres importantes cárteles: Los Valencia, Los Cuinis y el CJNG, que se formaron en Michoacán y Jalisco pero despliegan millonarias actividades internacionales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El despacho panameño Mossack Fonseca no es ajeno a los cárteles del narcotráfico mexicanos. Su relación más reciente es con integrantes del grupo conocido como Los Cuinis, socio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2012, Wendy Delaithy Amaral Arévalo y su esposo, Gerardo González Valencia, compraron dos empresas offshore a la firma panameña a través de un despacho en Uruguay, según los archivos que forman parte de los #PanamaPapers, la investigación periodística global que se hizo a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca.

La información fue entregada en forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung (https://www.sueddeutsche.de/) y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (https://www.icij.org/) con más de 100 medios en el mundo, entre ellos Proceso.

Amaral Arévalo y González Valencia, que en los documentos se presentan como matrimonio, abrieron las empresas Montella Global y Deltodo Enterprises, en Montevideo, Uruguay. Según los registros, el objeto de la primera es la posesión de bienes inmuebles en Uruguay; el de la segunda, la posesión de marcas de propiedad industrial en el exterior. De acuerdo con los documentos, que cubren desde el inicio del despacho en 1977 hasta diciembre de 2015, ambas empresas seguirían activas.

En respuesta a un cuestionario de Proceso, Carlos Sousa, director de Marketing y Ventas del despacho panameño, aseguró que Mossack Fonseca hace una revisión estricta de quienes llegan a abrir una empresa con ellos, además de que muestran referencias de despachos y bancos de otros países.

Aseguró que la firma vende una compañía a una persona cuando las diferentes búsquedas que se hacen en su sistema, entre ellos World Check y World Compliance, no arrojan nada negativo.

“Si posteriormente obtenemos información de que la compañía ha sido listada en OFAC, se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción diferente”, aseguró.

Algo que no ha pasado, al menos hasta donde revelan los documentos obtenidos por Proceso con la pareja aludida. Tampoco ocurrió en los años ochenta con el líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien les compró dos empresas en Costa Rica, adonde huyó tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

Mossack Fonseca dejó de lado la carrera delictiva de los 18 hermanos González Valencia. En la década de los noventa, José María, el mayor de ellos, se inició en el narcotráfico como parte del Cártel del Milenio. Todos los hermanos se fueron incorporando hasta que la organización se convirtió en 2007 en uno de los más poderosos clanes del país que tienen actividad internacional.

De compras

Desde el principio Amaral y González Valencia contrataron como asesora y consultora a Gianella Guarino Anfossi, directora y fundadora de la empresa Asconsur, establecida en Uruguay. Proceso la buscó en varias ocasiones pero ella evitó responder las llamadas.

El 13 de septiembre de 2013 Guarino Anfossi, en un correo electrónico enviado a Mossack Fonseca, anexó un documento en el que se asegura haber realizado la debida diligencia para conocer a su cliente (know your customer, abreviado KYC).

El KYC consiste en controles y procesos de supervisión que tiene una entidad para saber quiénes son sus nuevos y antiguos clientes, a qué se dedican y de dónde proceden sus fondos, con la intención de evitar relaciones comerciales con personas involucradas en delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción gubernamental y delitos relacionados con drogas, entre otros. González Valencia y su esposa pasaron ese filtro.

En los registros de #PanamaPapers, la relación del matrimonio González Valencia-Amaral Arévalo con Mossack Fonseca se documenta a partir del 17 de enero de 2012, cuando Verónica Corbo, de la empresa Asconsur, vía correo electrónico solicita nombres de sociedades disponibles para ser adquiridas y los costos de la transacción.

El mismo día, entre una lista de 10 eligen a Montella Global, y el 26 de enero Gianella Guarino presiona a Mossack Fonseca: “Esta sociedad va a comprar un inmueble en Punta del Este (Uruguay) y tenemos que tener legalizado el pacto social y el poder antes del 10 febrero por parte del consulado uruguayo”.

Ante la tardanza de Mossack Fonseca, el 6 de febrero insiste: “Tengo una concatenación de acontecimientos que inician con este poder, please (sic) dame una fecha lo antes posible”. El consulado uruguayo oficializó el trámite al día siguiente.

Y el 7 de febrero Gerardo González Valencia obtuvo en México el pasaporte con el que justificaría en Uruguay su participación en ambas empresas.

Para diciembre, el matrimonio ya tenía planes de expandirse a Panamá. A través de Gianella Guarino preguntan si Montella Global está habilitada para actuar en Panamá y comprar bienes en ese país, como lo hace en Uruguay, en donde la empresa es propietaria de inmuebles y realiza inversiones en ese ramo.

De acuerdo con los archivos, la comunicación se reinició el 3 de julio de 2013, cuando Mossack Fonseca le envía a Asconsur siete nombres de empresas disponibles: Seaside Company, Clarisse Company, Amanecer Enterprises, Deltodo Enterprises, Delirio Business, Vani Business y Tarima Holding.

Hasta el 10 de septiembre siguiente, Valeria Martino, encargada del servicio exterior de Asconsur, comunicó a Mossack Fonseca: “Procederemos a comprar la sociedad Deltodo Enterprises, S.A., jurisdicción Panamá, de la siguiente forma: con pacto apostillado, directorio contratado panameño (designado por Mossack Fonseca) y otorgamiento de poder (a favor de Wendy Amaral Arévalo y de Gerardo González Valencia), el que necesitamos que venga apostillado”.

En los documentos no existe referencia de las operaciones que estas empresas realizaron durante más de un año. Fue hasta el 16 de diciembre de 2014 cuando Cecilia Bonino, de Asconsur, sin más explicación notificó a Mossack Fonseca la decisión del matrimonio González-Amaral de terminar la sociedad de Deltodo Enterprises.

Sin embargo, dos días después la pareja cambió de opinión y condicionó la vigencia de la empresa a la posibilidad de que Deltodo Enterprises fuera titular de la marca internacional de una bebida alcohólica que se registraría en Estados Unidos, China, Rusia y México, entre otros. La empresa siguió operando.

Hasta el 26 de octubre de 2015, los propietarios de Deltodo Enterprises y Montella Global solicitaron que las acciones al portador cambiaran a nominativas, todas a nombre de Héctor Amaral Padilla, originario de Sinaloa, según la copia de su pasaporte mexicano contenida en el expediente.

En la declaración “jurada” del supuesto nuevo dueño, Amaral Padilla señala que es casado y que su domicilio principal es en calle Circunvalación al Golf s/n, Chalet Quincho Grande, Ciudad Punta del Este, departamento de Maldonado, Uruguay.

Los Cuinis y el CJNG

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, José María González Valencia, hermano de Gerardo –el dueño de Montella Global y de Deltodo Enterprises–, traficaba droga desde la década de los noventa. Formaba parte de una facción del Cártel del Milenio dedicada al tráfico de cocaína y metanfetaminas.

De ser comerciantes de aguacates, a finales de los noventa, los hermanos se transformaron en una poderosa organización de narcotraficantes denominada precisamente Los Valencia.

Por aquellos años los jefes del Cártel del Milenio, Luis y Armando Valencia Cornelio, comenzaron a crecer en el negocio de las drogas y eran considerados los amos y señores del Pacífico mexicano: a través de barcos atuneros transportaban cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Un informe de inteligencia del gobierno mexicano consigna que José María González Valencia, El Chema, formaba parte de esta organización.

En esa época también Abigael González Valencia, El Cuini, pertenecía al círculo del Cártel del Milenio. Fue capturado en mayo de 1996 en California, Estados Unidos. Pagó una fianza de 80 mil dólares y en noviembre de ese año obtuvo libertad condicional.

De acuerdo con documentos de la Corte Federal del Distrito Este de California, fue acusado de manufacturar, poseer y distribuir metanfetaminas en las ciudades de Fresno y Madera. Al parecer llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable. Nueve años después, el 28 de abril de 2005, debía presentarse ante la Corte para recibir sentencia, pero no asistió porque ya se encontraba en México.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 1994 Abigael González Valencia coincidió en ese país con su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, también implicado en el narcotráfico. El Mencho fue sentenciado en la Corte Federal del Distrito Norte de California por conspiración para distribuir heroína.
Permaneció cerca de tres años en prisión y al quedar en libertad volvió a México para formar el CJNG. Actualmente está prófugo en México.

El 27 de enero de 1998 El Chema fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) en Apatzingán, Michoacán, en un laboratorio acondicionado en el sótano de una casa, donde se fabricaba heroína.

En 10 años la organización de Los Valencia sufrió severos golpes. En 2003 se pensó que con las detenciones de sus principales jefes –entre ellos Armando Valencia, El Maradona– el grupo estaría exterminado, pero fue al contrario.

Cuando Abigael González Valencia obtuvo a su vez la libertad bajo fianza, regresó a México y creó el grupo delictivo Los Cuinis junto con sus 17 hermanos.
El Cuini se asoció con su cuñado, El Mencho. El expediente de la Corte estadunidense dice que el CJNG “es una fuerza dominante en el tráfico de narcóticos en los estados de Jalisco, Colima, Veracruz y otros”. Detalla que comparte el comercio ilegal de drogas con Los Cuinis.

El 1 de noviembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos interpuso una denuncia en la Corte Federal del Distrito de Columbia contra Oseguera Cervantes y González Valencia, ante la peligrosidad de sus respectivos cárteles. En marzo del año pasado fueron imputados en dicha Corte por “conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con el fin de importarlas” a ese país.

Entre los cargos contra El Cuini y Oseguera Cervantes están el haber obtenido más de 10 millones de dólares en un año por la manufactura, importación y distribución de cocaína, mariguana y metanfetaminas en Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Australia y Colombia.

La acusación engloba actividades ilícitas que cometieron durante 2000, 2005, 2007, 2009, 2013 y 2014: se les atribuye una conspiración internacional para distribuir cocaína y metanfetaminas desde 2000; en 2005, por portar armas para realizar actividades de tráfico de drogas; en 2007, por transportar cocaína en Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos; en junio de 2013 son señalados por transportar metanfetaminas entre México y Estados Unidos y en noviembre del mismo año se les imputa tráfico de cocaína de México hacia Estados Unidos.

En enero de 2014 se les adjudica distribución de metanfetaminas entre Australia, México y Estados Unidos; entre enero de 2000 y 2014, según la denuncia, conspiraron para realizar asesinatos en los que murieron “una o más personas”.

Abigael González Valencia fue arrestado en México en febrero de 2015. Desde entonces sus 17 hermanos, principalmente El Chema, se convirtieron en el blanco prioritario de Estados Unidos.

El 26 de agosto de 2015 el clan de Los Cuinis recibió otro fuerte golpe: como parte de una red de 30 empresas en varios países, señaladas como parte del circuito de lavado de dinero del narco, el gobierno estadunidense solicitó a la PGR la incautación del Hotelito Desconocido, un exclusivo hotel-boutique ecoturístico que cobraba mil dólares por noche. Los Cuinis y el CJNG lo abrieron en el municipio jalisciense de Tomatlán desde 2007.

Los gobiernos de México y de Estados Unidos identificaron a Abigael como el propietario del Hotelito Desconocido y como la administradora a Wendy Amaral Arévalo. A pesar de ello, dos meses después, el 26 de octubre, Asconsur y Mossack Fonseca pusieron a salvo a las empresas Deltodo Enterprises y Montella Global a solicitud del matrimonio, y pasaron todas las acciones a nombre de Héctor Amaral Padilla. 

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