CREEL, Chih. (apro).- Alrededor de cien tarahumaras clausuraron el aeropuerto Barrancas del Cobre en Creel, municipio de Bocoyna, acompañados por representantes de organizaciones civiles y sacerdotes de la parroquia de esta población, para exigir que las autoridades estatales dejen de simular el cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito desde hace un año y medio, que ordena la reparación del daño que le causaron a la comunidad Bosques San Elías Repechique, con la construcción del aeródromo, sin consultarlos. El pasado 2 de abril, luego de negociaciones infructíferas con autoridades de diferentes dependencias, la comunidad acordó en asamblea liderada por el primer gobernador Nicolás Sánchez Torre, la clausura del aeropuerto, ya que el fallo del juez lo dictó desde el 27 de noviembre de 2014. En enero pasado, los titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Junta Central de Agua y Saneamiento y Coordinadora de la Tarahumara, así como representantes de las delegaciones de Profepa, Semarnat y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), acudieron al aeropuerto para entrevistarse con la comunidad indígena, hicieron recorridos junto con los pobladores y ante ellos y un juez pactaron compromisos para llevarles hasta su comunidad agua potable, remediar dos ojos de agua, reforestar y recorrer una malla ciclónica que tapa sus veredas naturales para llegar a escuelas, hospitales. Alrededor de las 12:00 horas, llegaron mujeres, niños, hombres, familias completas, al aeropuerto, tenían planeado parar la maquinaria y pedirles que abandonaran las instalaciones, pero debido a que se filtró la acción que realizarían, no la encontraron, sólo recorrieron la pista hasta llegar a la entrada que clausuraron con mantas y cordones para impedir el acceso. Durante el recorrido, regresaron vehículos que pretendían ingresar al aeropuerto, como el del titular de Turismo municipal, quien les dijo que iba por personas de Gobernación que llegarían en avioneta, a pesar de que el juez impidió que se utilice la pista hasta que se cumpla la sentencia. El domingo pasado, aterrizó ahí el candidato a la gubernatura del PRI, Enrique Serrano Enríquez. "El motivo de esta acción es porque el gobierno del estado ha simulado el cumplimiento de la sentencia del amparo a favor de la comunidad, ordenó al gobierno del estado la reparación del daño materiales e inmateriales causados por la construcción del aeropuerto. Los daños que deben ser reparados son: la destrucción de las veredas por donde caminamos; el daño de dos ojos de agua que utilizamos para consumo doméstico y animal; la destrucción del bosque y la remoción de miles de toneladas de tierra. También señalamos el daño causado a las personas de la comunidad que han vivido bajo presión, manifestándose estrés, malestares, tensiones emocionales y las amenazas sufridas desde el inicio de la obra, así como también la tristeza que nos da ver la destrucción", reclamaron en un comunicado que leyó Luis Enrique Pérez, líder de la comunidad. Luego de un año y medio del fallo del juez, las autoridades sólo iniciaron con el movimiento de una parte de la malla que rodea el aeropuerto para dar paso a las veredas destruidas. En cuanto a la reforestación de los aguajes, el gobierno estatal pidió una prórroga al juez para iniciar en tiempo de lluvia, pero no han iniciado. aun cuando el juez les dio un plazo de cinco meses a partir de enero, para concluir las obras. Las autoridades también propusieron y se comprometieron a llevar agua potable a la comunidad, pero justificaron ante el juzgado que no pueden iniciar pues deben pedir permiso porque es propiedad privada. Son terrenos de la familia Cuesta. "En este año y medio que ha pasado, la comunidad ha observado que el gobierno del estado ha continuado con la construcción del aeropuerto e incluso aterrizado aviones regularmente, violando la sentencia emitida por el juez", agregó Luis Enrique Pérez, quien dijo que con ese acto esperan la presencia de autoridades estatales para dar respuesta y solucionen sin dilación, la resolución y orden del juez. Enriqueta Díaz, una mujer adulta mayor, recordó que ellos son habitantes desde tiempos ancestrales en esa tierra, "vivimos aquí y no estamos viviendo agusto con el aeropuerto. Estamos viviendo tristes porque tiraron todos los pinos, antes estaba muy bonito. Ahorita estamos luchando para que el gobierno nos cumpla lo que estamos pidiendo, que pague el daño. No fueron con nosotros, no nos pidieron permiso y por eso llegamos aquí, es lo que queremos, vivir como antes, que reparen el daño. Las mujeres no podemos trabajar en la reparación, nosotros no tumbamos nada, no podemos reparar el terreno otra vez de vuelta, lo hicieron ellos". Candelaria Blanca Patricio, joven de Repechique, agregó que piden que se les reconozca como propietarios de su territorio y para eso es el plantón, para que todos los escuchen y las autoridades cumplan. Jesús Francisco Montes Enríquez anunció que estarán ahí, en el aeropuerto, hasta que resuelvan sus demandas, es decir, estarán por tiempo indefinido. Con ellos estarán representantes de organizaciones civiles que llegaron de Chihuahua y de Creel para formar un "cerco ciudadano", así como sacerdotes que se turnarán para evitar que sean agredidos. El vicario de la parroquia de Creel, Héctor Fernando Martínez Estrada, dijo que están ahí por solidaridad a la comunidad que ha emprendido una lucha digna y porque el gobierno ha simulado el cumplimiento de la sentencia, que ordena la reparación de daños materiales e inmateriales. "Lo más importante es la solidaridad, estaremos aquí por la Red Serrana y la parroquia porque es una lucha muy digna. Nos da pena que siguen empeñados en no atender los requerimientos del juez y los acuerdos con la comunidad, como la reforestación conforme a la comunidad lo propuso. Están molestos porque contrataron o quieren contratar a una compañía para mano de obra y no es justo que gane la empresa por un juicio que ellos ganaron. El juez los ampara no en lo específico, sino en lo general, pide que la comunidad debe sentirse tomada en cuenta, dar autnonómia y que sea parte ejecutiva de la indemnización", indicó el sacerdote.