CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada del gobierno panameño inspeccionó por segundo día computadoras y documentos en las oficinas de Mossack Fonseca, en busca de evidencias sobre posible blanqueo de capitales u otras prácticas oscuras en sociedades fachada creadas por el bufete, tras el caso #PanamaPapers. En rueda de prensa, la procuradora general Kenia Porcell señaló que aún no podía informar sobre los hallazgos ni si la información encontrada permitía establecer si el despacho en el centro del escándalo por las filtraciones sobre cuentas en paraísos fiscales fue usado para actividades delictivas. Porcell dijo que ello tendrá que establecerlo el fiscal que encabeza la pesquisa, Javier Caraballo, quien con un grupo de expertos forenses y en informática realiza la inspección desde la tarde del martes 12. El allanamiento incluyó a filiales del bufete y revisiones en el servidor de la empresa telefónica que brinda soporte informático a ese despacho. La fiscal general aclaró que “es importante que se tenga algo muy presente: si bien en principio se habla de computadoras, estamos en una investigación muy compleja porque estamos hablando de una firma que tiene distintos servidores en distintas áreas, por lo que el allanamiento se realizó de manera simultánea”. Lo que se está verificando, abundó, “es la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilícito. No estoy diciendo en sí que hay un delito”, acotó, para enseguida señalar que la diligencia no busca establecer si la firma incurrió en evasión fiscal, toda vez que ello no representa un delito en Panamá y no está en la jurisdicción penal. La funcionaria insistió en que se está detrás de pistas que prueben la comisión de alguna actividad ilícita en Mossack Fonseca, tomando en cuenta las publicaciones de los documentos filtrados. El allanamiento de la sede principal del despacho comenzó la tarde de ayer, diez días después de que se publicara la investigación global de los llamados Papeles de Panamá, una cascada de documentos filtrados de la firma que arrojaron luz sobre cómo personalidades ricas y poderosas utilizaron empresas de papel para ocultar fortunas en plazas con ventajas fiscales. Por ello, agentes de la Policía Nacional y periodistas nacionales y del extranjero han permanecido en las afueras del inmueble que alberga el despacho desde que comenzó la diligencia. Además, poco antes del mediodía, una treintena de personas llegó hasta las inmediaciones del edificio donde opera la firma para exigir que se lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias. No obstante, algunos juristas renombrados del país cuestionaron a la Procuraduría General al considerar que demoró en ordenar el allanamiento del bufete, cuyas filtraciones han golpeado duramente la imagen del país y su vieja actividad de servicios legales y financieros. Ítalo Antinori, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, sostuvo que “al día siguiente en que se hicieron las revelaciones, el MP debió haber intervenido inmediatamente Mossack Fonseca, haber capturado la data, la computadora, recogido toda la prueba”. “Muchísimas pruebas se pueden haber diluido, alterado”, alertó. También recordó que autoridades de El Salvador y Perú allanaron filiales del bufete poco antes de la acción judicial panameña.