CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles que se oponen a la privatización de los centros de reclusión en México pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar un informe sobre el impacto de la medida avalada por el gobierno federal. Realizaron dicha petición tras una audiencia realizada en la CIDH el pasado 7 de abril denominada “Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México” en la que denunciaron que los centros penitenciarios a cargo de la iniciativa privada promueven la corrupción, no son transparentes y evitan la garantía de derechos humanos de los internos. Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC-IJPP, presente en la reunión en la que participaron autoridades del gobierno federal y el presidente de la CIDH James L. Cavallaro, afirmó que el modelo privatizador se importó a México “sin tomar en cuenta las controversias que ha generado su adopción en varios países, incluyendo Estados Unidos”. María Sirvent, de Documenta AC, detalló que la privatización inició en 2010 bajo un esquema de asociación público-privada que de acuerdo con la versión oficial pretendía mejorar la infraestructura y los servicios, y reducir costos. Sin embargo, dijo, un informe de 2013 de la Auditoría Superior de la Federación reveló un subejercicio del 40% en la aplicación del presupuesto “lo que pone en duda la validez del argumento de la falta de disponibilidad de recursos del Estado”. Desde 2010, añadió, se han construido nueve centros con recursos privados que serán gestionados por empresas y dentro de un periodo de 20 a 30 años serán cedidos al Estado. Sin embargo, dijo, los contratos celebrados con la Secretaría de Gobernación fueron adjudicados directamente, lo que no permitió establecer “criterios de evaluación claros” de las propuestas presentadas vía un concurso y en caso de irregularidades en la construcción y manejo de infraestructura, “la ley establece que la empresa no tendrá responsabilidad”. Sirvent destacó también la renuencia de la Segob a transparentar los contratos al negar el acceso a éstos con el argumento de que revelarlos “comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”. Al respecto, dijo que en ningún momento se han solicitado los planos de los centros y “lo que interesa y se debe dar a conocer son las condiciones de contratación, los lineamientos que tienen que respetar las empresas en la construcción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. En el caso particular del Cefereso Femenil número 16 de Morelos, Sirvent denunció que la privatización “crea una oferta de espacios carcelarios que genera una demanda artificial, porque las empresas, además de conjuntar la inversión, aportan los terrenos donde se ubican los penales”. Respecto de este caso las representantes de las organizaciones civiles pidieron a la CIDH dar curso a la solicitud de medidas cautelares presentada en febrero del año pasado respecto del traslado de las mujeres internas al Cefereso 16, instando al Estado mexicano “a que las atienda”. Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, expuso que el modelo de acreditación de los penales con inversión privada es promovido con fondos de la Iniciativa Mérida y está a cargo de la American Correctional Association (ACA). Desde 2011, dijo, se acreditaron 12 centros estatales, cinco federales, tres para adolescentes y la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Según Cariño Cepeda, este modelo no ha resuelto los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario, pues en los casos acreditados por ACA persiste la violación de derechos humanos, los servicios deficientes de salud, alimentación, custodia y prevención de la violencia, los autogobiernos y la corrupción, debido a que “sus estándares no son adecuados para una certificación penitenciaria con perspectiva de derechos humanos”. Aunado a ello, dijo, cuando se anunció que la ACA empezaría a trabajar en México, fue nombrado como presidente del capítulo México Eduardo Guerrero Durán, exfiscal de ejecución de penas del Chihuahua y actual comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, quien estuvo presente en la reunión como representante del gobierno mexicano. A la fecha, sostuvo, Guerrero Durán aparece en el sitio de la ACA como miembro de su comité, por lo que “resulta preocupante su posición, por un lado, como funcionario y, por el otro, como miembro del comité de esta empresa”. Guerrero Durán afirmó que renunció a la ACA desde el 12 de septiembre del año pasado y defendió la inversión privada en la construcción y operación de prisiones “por el déficit en la capacidad de alojamiento”, mediante un modelo de centros penitenciarios basados en contratos de prestaciones de servicios o CPS. Y negó que esta modalidad implique privatización: Bajo ninguna circunstancia significó ni significa en la actualidad la privatización del sistema penitenciario, toda vez que la organización y administración de las prisiones en México es una responsabilidad indelegable de los poderes ejecutivos federal y de los estados”, dijo. El funcionario se refirió a la acreditación de la ACA como “una de las plataformas hacia una verdadera política de penitenciaria nacional”, al estandarizar los procesos de evaluación de las prisiones. Tras la audiencia, las organizaciones civiles pidieron a la CIDH elaborar un informe sobre el impacto de la privatización de las cárceles y al gobierno mexicano le solicitaron transparentar y revisar los contratos públicos de asociación pública y privada de acreditación existentes, suspender los procesos de privatización y acreditación de las prisiones, e investigar los casos de violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tanto en los centros de adultos como en los de adolescentes También investigar el posible conflicto de interés en relación con las funciones públicas de Eduardo Guerrero; garantizar la supervisión independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal; permitir a las ONG ingresar y entrevistar a la población interna y a las autoridades de los centros privados y/o acreditados. Y finalmente garantizar la seguridad de las peticionarias y “abstenerse de cualquier acto de intimidación, extorsión o amenaza en contra de las personas privadas de la libertad, sus familias y de todos y todas los defensores de derechos humanos de México”. Cavallaro destacó la importancia de retomar las visitas a México, agradeciendo la disposición y la transparencia del Estado mexicano al facilitar la organización de visitas anteriores.