CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) denunció hoy que el gobierno de Eruviel Ávila busca legitimar la llamada “Ley Atenco” con los habitantes de al menos cinco pueblos mexiquenses --Xochicuautla, San Salvador Atenco, Tecámac, Coyotepec y San Francisco Magú-- quienes se oponen abiertamente a megaproyectos “depredadores” de su entorno. José Antonio Lara Duque, coordinador del organismo, indicó que los destinatarios de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México “son pueblos, comunidades, colonias y organizaciones que han protestado en defensa de sus derechos”. “Al día de hoy conozco cinco pueblos que están en grave riesgo; el gobierno del estado los intenta provocar para reprimirlos y con ello  legitimar la plena vigencia de la ‘Ley Eruviel’”, señaló. Los casos más sonados son San Francisco Xochicuautla que en días recientes registró la irrupción de la fuerza pública para el desalojo y demolición de viviendas; y el de San Salvador Atenco que mantiene en litigio sus tierras contra los decretos expropiatorios para edificar la nueva terminal aérea. También hoy, precisó, el CDHZL promovió una queja contra la incursión del Ejército en terrenos de Atenco el martes pasado, por considerar que pone en riesgo la integridad de sus habitantes. Lara Duque precisó que, de igual manera, este viernes se presentó denuncia por la intención de despojar a pobladores indígenas de la comunidad de San Francisco Magú de su bosque y agua, que se suma a las que se habían entablado en días pasados por los casos Xochicuautla y Hutzizilapan, derivados de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. En los últimos tres, detalló, “hay  una violación a los derechos indígenas, a la tierra-territorio, a la autonomía y a la disposición de sus recursos naturales”. Y en todos ellos se pide a la CNDH emita Recomendación. En tanto, explicó, Tecámac y Coyotepec están siendo hostigados porque cuentan con sistemas comunitarios de agua que los gobiernos estatal y municipales necesitan para destinar a las Ciudades Bicentenario de Tecámac y Huehuetoca. En todos los casos, alertó, las comunidades “se encuentran ante un ataque gubernamental. No son casos aislados, hay una política integral de despojo de tierras, territorio y recursos naturales, implementada por el gobierno estatal en favor de grandes empresas nacionales y extranjeras”. Mediante el uso de la fuerza pública o el Ejército se pretende “que caigan en alguna provocación para señalar a los pueblos de ser los agresores… hay un contexto de gran conflictividad social en el Estado de México”. Por tanto, consideró que el “pretendido” cambio de Eruviel Ávila en términos de que él mismo solicitó acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento, es un doble discurso, pues “en los hechos está dando pruebas de su capacidad represiva” y para eso necesita la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Esta norma, alertó, “está hecha para el despojo y la represión”, y por esta razón el CDHZL acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar al ombudsman Luis Raúl González Pérez promueva acción de inconstitucionalidad, lo que posiblemente ocurra el lunes próximo. “El Fuego de la Digna Resistencia plantea la abrogación total”, aclaró. Por su parte, José Manzur, secretario general de Gobierno del Estado de México, confirmó en el municipio de Jilotepec que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la solicitud de la Legislatura mexiquense de acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad. “Si hay una mejor idea de lo que se ha expresado en esta ley, estamos abiertos. No es corregir nada, simplemente estar atentos para atender cualquier mejor idea. No hay nada más preocupante que las policías no sepan hasta donde llegar en caso de algún conflicto”, aseguró.