Sesión de la ONU sobre drogas: la terquedad del prohibicionismo

BOGOTÁ (apro).- La esperada Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (conocida como la UNGASS 2016, por sus siglas en inglés), que se convocó con la expectativa de dar un giro a la estrategia global contra los narcóticos y que se realizará esta semana en Nueva York, ha estado precedida de tantos augurios de fracaso que, a unas horas de su inicio, nadie espera demasiado de ese encuentro.

Es más, los expresidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil), que son integrantes de la Comisión Global de Políticas de Drogas, emitieron una declaración en la que señalaron que la UNGASS 2016 “parece haber naufragado incluso antes de zarpar”.

Gaviria explica a Apro las razones de ese pesimismo: la opacidad con que se desarrollaron las reuniones previas de la cita; la resistencia de Rusia, China, los países árabes y el bloque asiático a cualquier viraje en la estrategia antinarcóticos, y la monopolización del debate por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), una de las agencias más conservadoras de la ONU.

De acuerdo con el expresidente colombiano, en los trabajos preparatorios de la UNGASS 2016, que se llevaron a cabo en Viena, sede de la UNODC y de su órgano de gobierno, la Comisión de Estupefacientes, se impuso una visión que da la espalda a nuevas formas de abordar el fenómeno y a caminos “que reviertan la destrucción política, social y económica que ha causado la fallida guerra contra las drogas”.

El problema, dice Gaviria, “es que la prohibición de drogas es una política bastante fracasada, que la guerra contra las drogas es un desastre en términos de resultados y que esto no se quiere reconocer”.

Explica que el proyecto de declaración final de la UNGASS 2016 –que se elaboró en Viena el mes pasado bajo la batuta de la Comisión de Estupefacientes— es un documento donde prevalece “la defensa del prohibicionismo y del cumplimiento de las Convenciones sobre drogas que se hicieron hace décadas, cuando el problema de los narcóticos era completamente diferente a lo que es hoy”.

Gaviria señala que él y los expresidentes Cardoso y Zedillo esperan que durante la UNGASS, que se realizará del martes 19 al jueves 21, “haya cambios importantes en el documento final porque, de lo contrario, consideraríamos esa reunión como un retroceso”.

Y advierte que “si es así, vamos a ser muy críticos, porque no podemos pretender hacer más de lo mismo” para abordar el fenómeno de la producción, el tráfico y el consumo de drogas.

“Espero que Colombia y México, al llegar a Nueva York, sean capaces de tomar distancia de la Comisión de Estupefacientes y obligar a que haya cambios en la declaración, cambios que promuevan una estrategia más eficiente y humana contra las drogas, con menos costos de violencia e inseguridad para nuestros países”, señala Gaviria.

La UNGASS 2016 fue convocada en diciembre de 2012 por la Asamblea General de la ONU a solicitud de México, Colombia y Guatemala, tres de los países que más altos costos han pagado en muertes y violencia por la llamada guerra contra las drogas.
Las tres naciones pidieron revisar el enfoque de la lucha antidrogas, hacer un balance de sus alcances y limitaciones, de la violencia que genera y analizar en el marco de la ONU “todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia el crimen organizado”.

Instaron, además, a que las sesiones sobre la estrategia contra las drogas convocadas por el organismo internacional tuvieran como fin “tomar decisiones” en esa materia.

El pulso con los “duros”

En las reuniones preparatorias de la UNGASS 2016 la postura de México, Colombia y Guatemala ha contado con el respaldo de Uruguay, Suiza, Holanda, Noruega y una veintena de países más que coinciden en que la estrategia global contra los narcóticos debe ser más efectiva, tener un enfoque de salud pública y privilegiar el respeto a los derechos humanos.

En noviembre pasado, representantes de los gobiernos de 26 países y 15 organizaciones de la sociedad civil que favorecen una reorientación de la política de drogas se reunieron en Cartagena, Colombia, para consensuar posturas frente a la UNGASS, que será la primera reunión de este tipo en 18 años.

La cita de Cartagena, que fue convocada por Colombia, Suiza, México y Ghana, emitió un documento que fue presentado a la junta preparatoria de la UNGASS en Viena.

“Es imposible seguir aferrados a una visión desbalanceada que ha privilegiado la utilización de la represión y la sanción penal. La lucha contra el mercado ilegal de las drogas no se puede dar a cualquier costo. La salud pública, el desarrollo, los derechos humanos, no pueden seguir en un lugar irrelevante”, señala el texto.

Pero esa posición reformista se topó una y otra vez con el bloque conservador que domina la Comisión de Estupefacientes de la ONU en la capital austriaca.

Países como Rusia, China, Irán, Singapur, Pakistán, Egipto, los Estados árabes y varias naciones asiáticas se opusieron a que el documento que debatirá la Asamblea General esta semana abriera el debate hacia temas como la regulación del mercado de narcóticos y la revisión de las tres Convenciones sobre drogas de Naciones Unidas, que datan de 1961, 1971 y 1988 y son enfáticamente prohibicionistas.

Entre los países “duros” y los moderados, que hacen mayoría en la Comisión de Estupefacientes, el bloque reformista encabezado por Colombia y México tuvo que transitar un camino cuesta arriba para impulsar sus propuestas, entre ellas el hacer más énfasis en el control de la demanda de narcóticos, establecer compromisos para prevenir la violencia y abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un comportamiento que deba criminalizarse.

El resultado de la falta de consenso en torno a las posturas más vanguardistas fue un proyecto de declaración considerado “tibio” y “muy tímido” por especialistas en políticas de drogas.

El politólogo e investigador de políticas de drogas del Woodrow Wilson Center en Washington, Juan Carlos Garzón, señala que el documento de 27 páginas aprobado en Viena y que será sometido a consideración de la Asamblea General “tiene unos pequeños avances en el lenguaje, pero al leerlo, uno queda con la sensación de que no hay reformas importantes”.

De acuerdo con el experto, el principal paso adelante del proyecto de declaración es que señala que las Convenciones sobre drogas ofrecen a los Estados “suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”.

Se trata, dice, de “pequeñas victorias, pero al final las contradicciones de régimen siguen vigentes”.

Garzón explica, por ejemplo, que aunque se hable de “flexibilidad” en la interpretación de los tratados, Uruguay y los cuatro estados de la Unión Americana donde es legal el uso recreacional de la mariguana están violando las actuales Convenciones.

Estas, además, no permiten a los Estados regular los mercados de drogas ilegales, como hoy se hace con el tabaco y el alcohol en todo el mundo, o como lo hace Uruguay con la mariguana.

“Esos temas son como el elefante en la habitación. De ellos no se habló en Viena, o cuando se habló, se cerró la puerta. Queda la sensación de que quedaron muchos asuntos pendientes y que los fundamentales siguen sin resolverse”, considera el politólogo y maestro en estudios latinoamericanos.

Por ello, dice, el documento de la UNGASS está lleno de paradojas. Pide, por ejemplo, respetar, proteger y promover los derechos humanos al formular y aplicar políticas antinarcóticos, pero el bloque “duro” impidió incluir en el texto un llamado a los países que aplican la pena de muerte por delitos de drogas –China, Arabia Saudita, Indonesia, Irán y una veintena más– a derogar ese tipo de condenas.

Otra muestra de los “pírricos avances” en el debate es que el texto ya no habla de la utópica meta de llegar a un mundo “libre de drogas”.

Esa aspiración, que formó parte de la declaratoria de “guerra contra las drogas” hecha por Estados Unidos hace medio siglo, cedió el paso en el documento de la UNGASS a un objetivo más modesto: llegar “una sociedad libre del uso indebido de drogas”, un eufemismo que al expresidente Gaviria no sólo le resulta utópico sino “ridículo”.

Una “ranura”

Estados Unidos, que está atrapado en sus contradicciones internas –una política federal prohibicionista y leyes estatales que permiten el consumo de mariguana— ha insistido en los trabajos previos a la UNGASS que cada nación puede formular su propia política sobre drogas en el marco de la “flexibilidad” que permiten las Convenciones.

Para la experta colombiana en seguridad y drogas María Victoria Llorente, esa “flexibilidad” aludida en el documento final de la cita de esta semana puede ser una “ranura” que abra espacios a los países que buscan decisiones más audaces para abordar el fenómeno.

“Creo que México y Colombia van a ser pragmáticos y van a avanzar por esta ranura. El documento preparado en Viena no tiene los avances que algunos quisiéramos, pero hay que mirarlo en el contexto de lo que es posible, y en esa línea abre espacios para seguir avanzando en temas como la regulación de la mariguana medicinal”, señala la directora ejecutiva del centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En Colombia, el uso de la mariguana medicinal está legalizado desde diciembre de 2015 y el mes pasado la Corte Suprema de Justicia decretó que un adicto puede tener la cantidad de esa droga que necesite para su consumo.

El Congreso argentino también debatirá este año una iniciativa para regular el uso medicinal de la mariguana. Y en Chile, la presidenta Michelle Bachelet firmó en diciembre pasado un decreto que faculta al Instituto de Salud Pública a permitir y controlar el uso en la elaboración de productos farmacéuticos.

En México, el Senado promueve un debate sobre el uso de mariguana medicinal y la Suprema Corte emitió en noviembre anterior un fallo que considera legal el uso recreativo de ese estupefaciente.

Para Llorente, esta serie de medidas que apuntan a la regulación estatal de la mariguana está “en los límites” del régimen global sobre drogas y puede llevar a que cada día resulte mayor el desfase entre lo que establecen las Convenciones de la ONU en esa materia y lo que permiten los países.

La coordinadora del Programa para América Latina de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y de la ONG inglesa Transform Drug Policy Foundation, Lisa Sánchez, considera que los verdaderos cambios para abordar el tema de la producción, tráfico y consumo de narcóticos se producirán en ciudades, estados y países que orientarán sus legislaciones hacia la regulación de los mercados ilegales.

Costos de la guerra antidrogas

De acuerdo con Sánchez, quien como delegada de una sociedad civil presenció las deliberaciones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, la participación de México en el proceso preparatorio de la UNGASS 2016 fue muy activa a través de sus misiones diplomáticas en la capital austriaca y en la sede de la ONU en Nueva York.

Lo que le parece paradójico, es que México haya sido uno de los promotores de la UNGASS cuando finalizaba, en 2012, la presidencia de Felipe Calderón, “uno de los mejores alumnos de la prohibición” y quien privilegió la represión al declarar una guerra contra el narcotráfico que dejó más de 100 mil muertos y desaparecidos en su sexenio.

Con el presidente Enrique Peña Nieto han continuado la violencia, las desapariciones –la más emblemática es la de 43 normalistas en Iguala– y las violaciones a los derechos humanos asociadas a lucha contra el crimen, como la matanza, a manos del Ejército, de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya.

Sánchez explica que el aumento de la violencia relacionada con las drogas es un tema tan sensible para los países latinoamericanos, que México y Colombia desplegaron un gran esfuerzo diplomático para que ese tema fuera reflejado en la declaración final de la UNGASS con el mismo énfasis que se da al daño social que causan las drogas en los países consumidores.

“Era importante que se reconociera que en este esfuerzo por contener la producción y el flujo de drogas hacia los países donde se consumen, los latinoamericanos estamos pagando un costo humano importantísimo, en guerras que dejan una ola de violencia tremenda y que son consecuencia directa de la estrategia de represión frente al fenómeno de las drogas”, asegura.

Y ese reconocimiento se logró, pero a medias. Apenas un párrafo de la extensa declaración menciona las consecuencias sociales de la lucha antidrogas, entre ellas la violencia.

“Esta mención no tuvo la preminencia que se quería y por eso no se avanzó mucho en la superación de este discurso que dice que las drogas son malas porque causan adicción en los países consumidores y que entonces son responsabilidad de los países donde se producen y por donde pasan, sin que nadie se pregunte cuál es el daño que sufre las poblaciones de estos países”, explica Sánchez.

Para la experta mexicana en políticas de drogas es un hecho que “se esperaba mucho más” de la UNGASS 2016, debido a que fue una reunión convocada para abordar la ineficacia de la estrategia global contra las drogas, y el resultado fue que una mayoría de países “optaron querer por tapar el sol con un dedo y por hablar de avances de esta política, lo que es ridículo”.

La realidad, dice Sánchez, es que han aumentado la oferta y la demanda de drogas, así como la violencia y el daño social que causa la forma en que se está combatiendo el fenómeno.

“Desde ese punto de vista, la UNGASS 2016 será un fracaso, pero de todos modos hubo un esfuerzo de resistencia muy importante
por parte de los países que estamos pagando estos costos”, señala.

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