Macri: Legitimidad en entredicho

El presidente de Argentina, Mauricio Macri en el Foro de Davos. Foto: AP El presidente de Argentina, Mauricio Macri en el Foro de Davos. Foto: AP

BUENOS AIRES (apro).-“Este gobierno va a combatir la corrupción”, dijo Mauricio Macri en su discurso de asunción de mando, el pasado 10 de diciembre, para recibir a continuación un aplauso sostenido.

El presidente argentino se comprometía a terminar con un estilo de administración de los asuntos del Estado al que calificaba de corrupto. Su gobierno impulsaría, por el contrario, la transparencia y la ética públicas.

La gestión de Macri cuenta con el cerrado apoyo de los grandes medios y de la Justicia federal. Los requerimientos judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y contra Lázaro Báez, el contratista de obra pública más importante durante los gobiernos kirchneristas, dominan la agenda de los multimedios.

El brutal ajuste de la economía ha hecho que la popularidad de Macri baje 10 puntos en tres meses de gobierno. Su presencia al frente de empresas fantasma, radicadas en paraísos fiscales, cuestiona su legitimidad para seguir pidiendo comprensión y sacrificios.

Los medios del Grupo Clarín y La Nación se regodean con la posibilidad de que la expresidenta Fernández termine presa. El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue detenido el pasado 5 de abril frente a las cámaras de la televisión en el marco de un expediente iniciado en 2013 a partir de una pesquisa periodística.

El afán investigativo baja de manera drástica cuando se trata de informar sobre las cuentas de Macri en paraísos fiscales; o sobre las consecuencias del ajuste económico entre los más pobres; o sobre los dos contratistas de obra pública más importantes de la Ciudad de Buenos Aires durante los años que Macri estuvo al frente del gobierno (2007-2015): Nicolás Caputo, amigo del presidente desde la escuela primaria, y Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri.

Ni la justicia ni los grandes medios han mostrado interés por investigar si existe aquí un conflicto de intereses.

El lunes 4 de abril, el diario La Nación –que participa desde mayo de 2015 en la investigación de los documentos del despacho Mossack Fonseca filtrados al Süddeutsche Zeitung– relegó la primicia mundial al segundo lugar de relevancia en su portada.

“Revuelo en el mundo: filtran datos de paraísos fiscales”, podía leerse a dos columnas de un total de seis. El nombre del presidente argentino se perdía en la volanta junto al de Lionel Messi. No hubo foto. El rostro de Macri, por el contrario, es desde ese día uno de los más usados por los medios internacionales para ilustrar las historias derivadas de los #PanamaPapers.

“En términos de intensidad de la cobertura, los medios sí podrían haberle dado algo más de profundidad al tema, y ahí sí creo que hay cuestiones de conveniencia en cuanto al énfasis que se le da a cada agenda, inclinándose por la corrupción kirchnerista”, dice a Apro el especialista en medios Marcelo García, director de Relaciones Institucionales del capítulo argentino de la Sociedad Interamericana para el Desarrollo (SID).

García aclara, sin embargo, que todos los gobiernos han tenido en sus inicios un periodo de gracia en el que se le perdonan ciertas cosas. “La actitud de los medios ante un gobierno nuevo es más o menos la misma que ha sido siempre: intentan seguir el humor social”.

García excluye de este análisis a algunos medios vinculados al kirchnerismo, “que hábilmente hablan de cerco mediático”. Y también a La Nación, por su afinidad ideológica con el gobierno conservador liberal de Macri.

Tándem

La revelación de las cuentas secretas en paraísos fiscales se ha cobrado el puesto del primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson y del ministro de Industria español Juan Manuel Soria.

Al presidente argentino, por el contrario, le alcanzó con declarar que había sido “designado ocasionalmente” como vicepresidente de la empresa fantasma Fleg Trading, que operó en las Bahamas en 1998 y 2009. Y que no la incluyó en sus declaraciones juradas ya que nunca había sido accionista.

De la segunda empresa fantasma, Kagemusha, constituida en Panamá en 1981 y aún vigente, Macri no ha hecho hasta el momento mención alguna, pese a figurar en su directorio.

El martes 5 de abril –transcurridas poco más de 24 horas de la revelación– el juez federal Sebastián Casanello adelantó la detención de Lázaro Báez. El empresario kichnerista debía presentarse a declarar en su juzgado dos días más tarde.

Fue capturado cuando bajó del avión privado que lo traía desde Santa Cruz a Buenos Aires, mientras los medios transmitían en directo. Báez está imputado por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. El juez alegó que podía fugarse. La Justicia y los grandes medios actuaron en tándem.

“Sin ninguna duda –coincide Marcelo García–. Pero no me parece que sea algo nuevo. La Justicia federal, que es quizá el fuero más influenciado e influenciable políticamente, en el sentido más negativo del término, siempre ha trabajado en tándem para generar los climas necesarios para sus decisiones políticas –sostiene–. A Lázaro Báez lo arrestaron como si fuera El Chapo Guzmán, cuando ni siquiera estaba prófugo. Fue algo espectacular e innecesario”, dice.

“La Justicia, sobre todo en el tramo Federal, tiene un pésimo funcionamiento, con la salvedad de algunos jueces y tribunales que honran la función”, dice a Apro el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

“Dependen primero del poder comunicacional y en última instancia del poder económico de las empresas transnacionales. Así es que evidentemente, de justicia idónea, independiente e imparcial, nada. Pertenecen al partido del poder”, sostiene.

Macri y los #PanamaPapers volvieron a los titulares recién el 7 de abril, cuando el fiscal Federico Delgado decidió imputar al presidente, haciéndose eco de dos denuncias. Una presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Martínez. Otra por el propio Eduardo Barcesat: “La imputación es por evasión fiscal agravada, por posible lavado de activos, en cuyo caso hay que investigar el origen ilícito de esos activos, y por haber violentado la ley de ética pública”, explica el abogado.
El blindaje de la prensa a la figura de Macri se resquebrajó cuando el periódico alemán Süddeutsche Zeitung criticó a los grandes medios argentinos con dureza.

“Llama la atención que el presidente –teniendo en cuenta la gravedad de la acusación que se le endilga– sea tratado hasta el momento de manera benevolente, con algunas excepciones”, sostuvo el diario de Múnich el 5 de abril. “Sin ninguna duda, a su antecesora en el cargo (Cristina) Kirchner, se le hubiera exigido hace ya tiempo la renuncia”, graficó.

El 12 de abril, el diario francés Le Monde cuestionó a su par argentino La Nación la cobertura sobre el escándalo de los #PanamaPapers.

Criticó “el silencio” con el que no sólo se brinda apoyo al presidente Macri sino también al director del matutino, Luis Saguier, quien también figura en una sociedad offshore inscripta por el despacho Mossack Fonseca.

Este dato clave fue dado a conocer por La Nación recién el 11 de abril, ocho días después de la filtración internacional.
“Desde el inicio de la investigación de los #PanamaPapers, La Nación multiplica artículos argumentando que las empresas offshore no son ilegales”, señala Le Monde. Esto explica por qué los grandes medios no exigen que quienes poseen empresas en paraísos fiscales transparenten su movimiento, mostrando los libros.

El escándalo de los #PanamaPapers también salpica al grupo Clarín, cuyos máximos ejecutivos figuran al frente de las empresas Agea Inversora y Semar Inversora, con sede en Panamá y operatoria vigente.

Contratistas

Lázaro Báez está acusado de evasión fiscal y lavado de dinero. Su hijo Martín, también detenido, es una de las caras sonrientes captada por las cámaras de la compañía financiera SGI Argentina SA, el 2 de noviembre de 2012, mientras contaba una suma total aproximada de cinco millones 100 mil dólares estadounidenses.

El dinero podría provenir de sub o sobrefacturaciones de Austral Construcciones SA. La empresa de Lázaro Báez monopolizó la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz a partir de los mandatos de Néstor Kirchner (1991-2003). Y luego sumó el 12% de la obra pública licitada a nivel nacional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Por esta causa está imputada la expresidenta y también el exministro de Planificación, Julio De Vido.

La operatoria por la que se denuncia a funcionarios del gobierno anterior tiene su correlato en el gobierno actual. Durante sus dos mandatos en la ciudad de Buenos Aires, Macri le otorgó a su amigo y consejero Nicolás Caputo contratos por casi mil millones de pesos. Macri y Caputo fueron compañeros de primaria en el colegio Cardenal Newman. Caputo pagó en persona el rescate de su amigo cuando éste fue secuestrado en 1991. Juntos fundaron en 2003 Propuesta Republicana (Pro), el partido que hoy encabeza el gobierno, y del que Macri es presidente y Caputo vicepresidente.

El otro gran contratista de la ciudad de Buenos Aires es Angelo Calcaterra, primo y exsocio del presidente. “Cada vez que se lo recuerdan, alega que todas las obras fueron ganadas en licitaciones, y en eso no hay ninguna diferencia con las de Lázaro Báez”, sostuvo Página 12 en su edición del 9 de abril.

“Iecsa y Creaurban, que son del primo de Macri, Angelo Calcaterra, junto con la constructora de Caputo compiten con Techint entre las principales empresas contratistas del Estado”, se lee.

Un informe televisivo que denunciaba a Nicolás Caputo como socio de Macri, a cargo del periodista Roberto Navarro, fue levantado de la programación del canal de noticias C5N en dos oportunidades. En el mismo se critican además graves incumplimientos en las obras, tales como sobreprecios o servicios que se cobran sin la contraprestación respectiva.

“Es claro el acoso que está sufriendo el medio y sus consecuencias para la empresa y sus empleados: mis compañeros”, dijo entonces el periodista.

“Al igual que (a otros empresarios) con el kirchnerismo, hoy Cristóbal López –dueño del canal C5N– también está bajo presión de las deudas que tiene con el organismo de recaudación impositiva. Son presiones indirectas a la actividad periodística”, dice Marcelo García.

“Ahora bien, yo creo que en el mundo actual, en el marco democrático, no hay forma de censurar información de manera atroz y todo de alguna forma llega a la luz. El informe de Roberto Navarro ha tenido en internet una cantidad de vistas espectaculares, con lo cual, si hay intentos (de censura), son infructuosos y tienen poca vida”, explica.

Ajuste

Los grandes medios han conseguido desplazar hacia un segundo plano la caída de la actividad económica y el consumo, el crecimiento de la inflación y la pobreza, el alza de las tarifas de todos los servicios públicos, los despidos masivos y el temor de la población a perder el empleo. De acuerdo con un informe de la Universidad Católica Argentina, desde que Macri gobierna un millón 400 mil argentinos cayeron en la pobreza y 350 mil en la indigencia.

“A partir de marzo, el gobierno puso mucho énfasis en la herencia recibida y aceleró el ritmo del ajuste, atribuyéndole la culpa al gobierno anterior, intentando que pague al menos una parte del costo político –explica Marcelo García–. Y en paralelo comienza a moverse fuertemente la agenda judicial de corrupción contra el kirchnerismo.

Si hubo aquí un trabajo conjunto de los jueces con operadores del gobierno, es una información a la que es difícil acceder”, sostiene. “La agenda de corrupción es instrumental a esa decisión política. No tapa el tarifazo, pero puede ayudar a redireccionar la bronca”.

La imagen positiva de Macri ha caído 10 puntos, a pesar de todo, en los primeros tres meses de gobierno, pasando del 63.9% al 53.5%. “Lo que afectó la imagen del presidente es en primer lugar la inflación y el aumento de tarifas de todos los servicios públicos”, dice a Apro Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública, al frente de la encuesta publicada a comienzos de abril.

“Los sueldos son los mismos que en diciembre y casi el 40% de las personas que están empleadas tiene temor a perder su empleo”, explica el consultor.

La encuesta fue realizada en la última semana de marzo, antes de que se difundiera el escándalo de las cuentas en paraísos fiscales. “Si el tema de los #PanamaPapers va a tener influencia sobre su imagen, personalmente creo que no –dice Timerman–. La gente se forma su opinión en relación con su vida diaria, su trabajo, los chicos en el colegio, las compras en el supermercado, al transporte público cuando va o viene del trabajo”, sostiene.

Queda claro, sin embargo, que la legitimidad del gobierno para aplicar su duro ajuste ha quedado en entredicho.

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