Los millones detrás de Xochicuautla

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás del enfrentamiento entre la comunidad de San Francisco Xochicuautla y el Grupo Higa está uno de los contratos que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú refirió ante la firma panameña Mossack Fonseca para crear el año pasado empresas offshore con el propósito de movilizar por lo menos 100 millones de dólares.

El proyecto carretero Aeropuerto de Toluca-Naucalpan aparece como uno de “los más significativos del Grupo Higa en los últimos años”, según la documentación obtenida por Proceso como parte de la investigación internacional #PanamaPapers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, https://www.icij.org/) a partir de la filtración de 11 y medio millones de documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (https://www.sueddeutsche.de/).

La oposición de los comuneros al proyecto carretero, por las amenazas que representa al ecosistema de esa zona otomí, no es nueva. Sin embargo, Hinojosa Cantú la pasó por alto cuando se apresuró, en julio del año pasado, a crear complejas estructuras a través de sociedades británicas y fundaciones establecidas en Holanda y Nueva Zelanda para mover lo que sus asesores financieros describieron como “una pequeña parte” de su fortuna.

El despacho D’Orleans, Bourbon & Associates Group, que tiene oficinas en distintas partes del mundo, elaboró el documento en el que menciona una docena de contratos del Grupo Higa para justificar la riqueza del constructor de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

Entre ellos está el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan que ha causado el rechazo de los pobladores de San Francisco Xochicuautla por las afectaciones al bosque y a los mantos acuíferos de esa zona. La semana pasada fue necesaria la intervención policial para que comenzaran los trabajos en la zona. Pero se tuvieron que parar de manera indefinida ante el rechazo organizado de los comuneros desde el año pasado.

PEP y UHNWI

La responsable de la obra es la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. De acuerdo con el documento, la Constructora Teya tiene 36 años de existencia y es “una de las empresas líderes en la construcción civil del país”.

Además de la carretera en discordia, menciona otras 10 obras como algunos de los proyectos más significativos del Grupo Higa “en los últimos años”; es decir en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en el federal (Proceso 2058). La mayoría de las obras que refiere son del Estado de México:

La construcción de más de 58 tramos carreteros, el viaducto elevado Bicentenario, el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, la modernización de 31 vialidades primarias y 39 carreteras en el Estado de México, la modernización de la vialidad de las torres de Zinacantepec a San Mateo Atenco, la construcción del estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Hospital de Zumpango.

También menciona la remodelación del hangar presidencial, “a través de una asignación directa por 945.5 millones de pesos”, el acueducto de Monterrey, y su interés para construir 17% del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, “que será el más grande y moderno del mundo”. Sin precisar, como otras obras menciona la construcción y rehabilitación de unidades médicas en diferentes municipios.

Para demostrar la solvencia de Hinojosa Cantú, el documento no se limitó a esas obras y a la constructora Teya. Mencionó que “algunas” de las empresas que tiene son: Eolo, compañía aeronáutica, situada en el aeropuerto internacional de Toluca y que da varios servicios aeroportuarios, entre ellos de aerotaxi. De la flota de Eolo dice tener un avión Challenger, un avión Hawker, un avión Learjet, un helicóptero Augusta Koala y un helicóptero Augusta Grand.

La información indica que también es dueño de la empresa Mezcla Asfáltica de Calidad; Impresión Publicitaria, que tiene entre sus clientes a Coca-Cola, Domino’s Pizza y el Tec de Monterrey; y Bienes Raíces H&G, que desarrolla vivienda de lujo y propiedades vacacionales en el Estado de México, Guerrero, Quintana Roo y Campeche. Uno de sus clientes fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, con una residencia de descanso que le vendió en Malinalco, Estado de México, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

Además, es dueño de Consorcio IGSA Médica del Perú, que cuenta con la exclusividad por 30 años para el tratamiento de pacientes renales en ocho departamentos (estados) del país, incluida Lima, la capital. Según el documento, el negocio tiene un valor de mil 200 millones de soles, casi 370 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Identificado en el documento como ingeniero civil “originario del Estado de México, graduado del Tecnológico de Monterrey”, Hinojosa Cantú fue asesorado para transferir el dinero que tenía en seis cuentas bancarias en las Islas Vírgenes Británicas y la isla Nevis, en el Caribe, a tres fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de su madre y su suegra.

En el esquema, esos fideicomisos pasaron a ser los beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda, cuyo propósito era la “protección de bienes”, la “planeación de sucesión familiar”, así como “confidencialidad y privacidad”, publicó proceso.com.mx el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios que participaron en la investigación de #PanamaPapers revelaron en forma simultánea sus hallazgos.

A pesar de ser considerado una PEP (persona políticamente expuesta), por su estrecha relación con Peña Nieto, Mossack­ Fonseca le ofreció sus servicios “no sólo desde el punto de vista de negocio… sino también desde el punto de vista estratégico”, porque este señor conoce a muchos UHNWI (individuo de fortuna neta ultra elevada) en México.

Los UHNWI son personas con activos líquidos superiores a los 30 millones de dólares, sin incluir sus bienes personales, residencia principal ni piezas de colección.

Comentarios