PUEBLA, Pue. (apro).- Pobladores del municipio Juan C. Bonilla denunciaron que desde hace un año son víctimas de persecución por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que mantiene cerrada la estación comunitaria de Santa María Zacatepec y los acosa con investigaciones sobre supuesto tráfico de drogas. Afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este jueves los pobladores ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron que ese órgano ha utilizado el aparato judicial para coartar el derecho de libre expresión de esa comunidad, en la que un alto porcentaje de pobladores sólo hablan náhuatl. Norma Ramírez, integrante de la emisora, recordó que hace casi un año, el 30 de mayo de 2015, la policía estatal intervino la radiodifusora comunitaria, supuestamente por una denuncia anónima de que en ese lugar se vendían drogas, sin embargo, al realizar un cateo las autoridades sólo encontraron computadoras y micrófonos. Aunque no existe mayor fundamento para sostener las pesquisas, denunció que a la fecha la FGE mantiene abierta la averiguación 259/2015/AMP04, con lo que evita la devolución del inmueble que era usado como cabina y mantiene los interrogatorios contra pobladores. Incluso indicó que han tramitado varios amparos para exigir que se regrese el inmueble a los propietarios, pero la autoridad no sólo lo mantiene asegurado, sino que aprovecha cada trámite para volver a intimidar a los comunicadores. La coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), Irina Vázquez, consideró que más que una investigación, se trata de un acto intimidatorio y de persecución contra la radio comunitaria y quienes participan en ese proyecto en Santa María Zacatepec. Señaló que con el argumento de que aún continúa la investigación por la supuesta venta de drogas, cuando se han acercado a la autoridad para tramitar la devolución de la propiedad que servía de cabina, la FGE aprovecha para interrogar a los que participan en la radio comunitaria. Es tan claro que la averiguación sobre la supuesta venta de drogas fue armada que las preguntas que hacen a los pobladores giran sobre la programación de la radio, el origen de los recursos con los que se compró el equipo y los motivos que tienen las personas que participan en las transmisiones, apuntó. La radio de Santa María Zacatepec ha mantenido un perfil cercano con la comunidad, a la que informa de asuntos que no abordan los medios de comunicación comerciales, entre ellos el proyecto de construcción del gasoducto Morelos, los cambios en las juntas auxiliares y la fiscalización al Ayuntamiento. Los pobladores reclamaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para frenar esta persecución por parte de la FGE, utilizada para coartar el derecho a la libertad de expresión.