En noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a Gabriela Dávila por su presunta participación en un plan para rescatar y traer a México a uno de los hijos del depuesto líder libio Muamar Gadafi. Apenas un mes antes, el despacho Mossak Fonseca –epicentro del caso #PanamaPapers– dio de alta en las Islas Vírgenes Británicas a tres empresas offshore en las que Dávila aparece como socia y directora, y en torno a las cuales giran exmilitares estadunidenses vinculados con empresas de seguridad, contraterrorismo y armas de fuego que operan en Asia y Medio Oriente. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Gabriela Dávila Huerta –detenida el 11 de noviembre de 2011 por participar en un plan para introducir ilegalmente a México a Saadi Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar Gadafi– aparece como directora de tres compañías offshore representadas por Mossack Fonseca. Más aún, los ejecutivos de este despacho –que se precian de investigar la honorabilidad de sus clientes– tardaron 10 meses en detectar que Dávila tenía problemas con la justicia y cuatro meses más en dar por terminada su relación con esas empresas. La información consta en la investigación internacional #PanamaPapers realizada a partir de la filtración de 11 millones y medio de documentos del despacho Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (https://www.icij.org/) con más de 100 medios en el mundo, entre ellos la revista Proceso. De acuerdo con los documentos del caso, Dávila –ciudadana mexicana con residencia en California– poseía 45% de las acciones de la compañía GG Global Holding Ltd, dedicada a la “consultoría de negocios”. Esta empresa tenía además dos filiales, GG Global Air Ltd y GG Global Security Ltd. La primera enfocada a la “consultoría en logística” y la segunda a la “consultoría en seguridad”. Los socios de Dávila en estas empresas eran los estadunidenses Michael A. Boffo (20% de las acciones) y Gregory L. Gillispie (35%). Éste, un exoficial de la marina estadunidense, también habría participado en el plan para traer a Saadi Gadafi a México. La historia de este plan se inició en julio de 2011 cuando la abogada canadiense Cynthia Vanier y el exmilitar australiano Gary Peters, director de la empresa de seguridad Can/Aust Security and Investigations International, viajaron a Libia para ofrecerle a Saadi un plan de huida y refugio para él y su familia. Para esas fechas, la revolución nacida de la Primavera Árabe estaba en su apogeo y los rebeldes avanzaban incontenibles hacia Trípoli, la capital. El régimen de Gadafi se tambaleaba y ya se presagiaba su final. El viaje de Vanier y Peters a Libia duró 10 días. Volaron en un jet Hawker 800, el cual fue proporcionado por el mencionado exmarine Gregory L. Gillispie a través de una de dos empresas: Veritas Worlwide­ Security o GG Global Holding –en la que es socia Dávila–, que por ese entonces sólo estaba registrada en San Diego, California. Según el blog La política es la política, GG Global Holding subcontrató a Christian Eduardo Esquino Núñez, un ciudadano méxico-estadunidense que tenía en el aeropuerto de Toluca una compañía de servicio de jets ejecutivos. El contacto con Esquino fue a través de Dávila, quien era la mejor amiga de la esposa de éste. El plan consistía en traer a México a Saadi y a los miembros de su familia utilizando documentos de identidad falsos en los que éstos aparecerían con nombres ficticios, entre ellos: Daniel Bejar Hanan, Amira Sayed Nader, Moah Bejar y Sofía Bejar Sayed, según señaló el 7 de diciembre de 2011 el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. De acuerdo con las autoridades mexicanas, los integrantes de esta red habían adquirido para Saadi una residencia de lujo en el paradisiaco resort de Punta Mita, Nayarit, y habían intentado comprar el departamento 2207 del edificio ubicado en el número 439 de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Además, habrían abierto cuentas bancarias y alquilado otras “casas de seguridad”. El plan se aceleró después de que en septiembre de 2011 los rebeldes derrocaron al régimen de Gadafi y de que el 20 de octubre de ese año el dictador libio fue asesinado. Saadi y su familia se habían refugiado provisionalmente en Níger. El 10 de noviembre de 2011 la policía mexicana detuvo a la canadiense Vanier y, al día siguiente, a Dávila Huerta –que también utilizaba el apellido Dávila del Cueto– y a dos personas más: al mexicano José Luis Kennedy Prieto y al ciudadano danés Pierre Christian Flensborg, quien trabajaba para Dávila y Gillispie. De acuerdo con la versión que ofreció Poiré el 7 de diciembre de ese año, Vanier era la líder del grupo y realizaba los arreglos financieros; Flensborg era el encargado de la logística, y Dávila, el vínculo con Kennedy Prieto, quien obtendría los documentos falsos. La Procuraduría General de la República los acusó de “tráfico de migrantes”, “delincuencia organizada” y “falsificación de documentos oficiales”. El 18 de enero de 2012 un juez les dictó auto de formal prisión por esos delitos. El siguiente 1 de febrero Kennedy y Flensborg fueron remitidos al penal federal de Villa Aldama, Veracruz, y Vanier y Dávila al área femenil del Cereso de Chetumal, Quintana Roo. “La cliente” El 4 de octubre de 2011 –cuando ya había caído el régimen de Gadafi y estaba en marcha el supuesto plan para traer a México a Saadi–, John Alan Donohue envió un correo electrónico a Bryan Scatliffe,­ ejecutivo de Mossack Fonseca, en el que le pide crear en las Islas Vírgenes Británicas la compañía GG Global Holding Ltd. Le pide, además, que ésta compañía tenga dos subsidiarias: GG Global Air y GG Global Security Ltd. Le informa que los miembros de la junta de directores de la empresa serán sus tres accionistas: la mexicana Gabriela Dávila (45% de las acciones) y los estadunidenses Gregory L. Gillispie (35%) y Michael Boffo (20%). Donohue comenta que él actuaría como secretario de estas compañías. Los ejecutivos de Mossack Fonseca atendieron la petición de manera expedita. En tres días habían obtenido el certificado de incorporación de las tres empresas. No era para menos. Donohue era un cliente especial. Tenía registradas en Mossack Fonseca ocho compañías; entre ellas varias que ofrecen servicios al ejército de Estados Unidos en varios países de Medio Oriente y Asia, en especial en Afganistán. El perfil profesional en LinkedIn de este exoficial del Ejército estadunidense lo presenta como abogado afincado en Vermont y experto en contraterrorismo, armas de fuego, investigaciones criminales, operaciones de seguridad y seguridad corporativa, entre otros. De hecho, para respaldar el trámite de las compañías, envió los pasaportes de los tres accionistas con una apostilla en la que él, como notario público en Vermont, da fe de la autenticidad de los documentos. Pero luego vino la detención de Dávila el 11 de noviembre siguiente y la implicación de Gillispie en el operativo para trasladar a Saadi a México. El caso sólo se conoció el 7 de diciembre, cuando Poiré lo hizo público en una conferencia de prensa. Entonces Donohue trató de deslindarse de GG Global y sus accionistas. El 3 de enero de 2012 envió a Mossack Fonseca un correo electrónico en el que pide que no se vincule la dirección postal de una de sus empresas, Edinburgh International (EI), con la de GG Global: “EI es otro grupo de compañías que tienen otros propietarios y está bajo otro control y para el cual yo soy consejero general y secretario de la compañía. EI de ninguna manera está relacionado con GG Global excepto porque yo he servido para ambos grupos de compañías como punto de contacto con Mossack Fonseca”, escribió Donohue. El 5 de abril de ese año, Donohue envió otro correo electrónico a Mossack Fonseca para pedir que, en el caso de GG Global, su nombre sea reemplazado por el de Gillispie como cliente del despacho. “Yo solamente soy su consejero profesional y actúo como secretario para propósitos corporativos y legales”, argumentó. Los ejecutivos de Mossack Fonseca hicieron el cambio. No sospechaban que su cliente “Dávila” ya llevaba tres meses en la cárcel y que Gillispie era señalado como miembro de la “red” que traería a Saadi a México. De hecho, el 7 de junio Paola Vecchio, de Mossack Fonseca, realizó una búsqueda electrónica en las páginas de Interpol, la CIA, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, entre otros, para ver si sus clientes de GG Global tenían problemas con la justicia. No encontró nada. “Están limpios”, informó a sus superiores. No fue sino hasta el 12 de septiembre de 2012 –10 meses después de la detención– cuando Carmen Batista, encargada de Corporaciones en Mossack Fonseca, se dio cuenta de que Dávila estaba en la cárcel. Envió un mensaje a los ejecutivos del despacho: “Revisando la página web para ver si encontraba la dirección del nuevo administrador (de GG Global), el señor Gillispie, leí en una de las páginas que los directores de las sociedades están implicados en un proceso que tiene que ver con uno de los hijos de Muamar Gadafi”, señala. “La señora Dávila se encuentra detenida en México, y según parece viajaban en los aviones del señor Gillispie (el nuevo administrador). Ella funge como directora de las tres sociedades”, agregó. De inmediato se prendieron las alarmas. Rubén Hernández, director ejecutivo de Mossack Fonseca ordenó una investigación. Ésta demoró más de lo esperado. “Hola, chicas, ¿qué estamos esperando en este caso para renunciar (a la representación de GG Global)?”, preguntó el 8 de octubre de ese año en un e-mail interno Josette Roquebert, del área de Corporaciones del despacho. Un día después –9 de octubre–, Sandra Cornejo, jefa de Conformidad de Mossack Fonseca, envió a Hernández un resumen del caso de Dávila, Gillispie y la red para traer a Saadi Gadafi a México. Le propuso un “curso de acción”: “Renunciar como agentes de registro de las tres compañías tan pronto como nuestro Departamento de Corporaciones obtenga con la debida diligencia información sobre esas tres compañías, incluidos sus directivos y propietarios”. Advirtió: “Si el cliente no está dispuesto a proveer la información dentro de los próximos 15 días, presentaremos nuestra renuncia como agentes de su registro”. Luego le pidió a Hernández autorización para “presentar ante las autoridades un Reporte de Actividad Sospechosa (de GG Global)”. Hernández dio luz verde, pero no fue sino hasta el 26 de febrero de 2013 cuando se concretó el trámite de “renuncia como agente de registro”. Casi dos meses después –el 11 de abril de 2013– el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México otorgó un amparo a favor de la canadiense Vanier y de la mexicana Dávila, y ordenó su liberación inmediata. Argumentó que no había elementos para declararlas culpables y señaló además que se había incurrido en diversas anomalías procesales.