PUEBLA, Pue. (apro).- El Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) denunció que la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEPP) se niega a reinstalar y pagar salarios caídos a maestros que lograron ganar juicios laborales, luego de que fueron cesados desde 2012 por negarse a aplicar la prueba Enlace. Luego de realizar una protesta afuera de la SEEP, el maestro Gilberto Maldonado, líder del CDMP, mencionó que tras años en lucha, hace un mes se dictó laudo a favor del director en un plantel de la escuela en la Mixteca, Joaquín Aguilar Aguilar, y hace año y medio también obtuvo un fallo a su favor la maestra indígena de prescolar Miriam Bautista, de Huauchinango. Sin embargo, hasta la fecha, con el argumento de que no hay presupuesto, la dependencia se niega a reinstalar a ambos docentes y dar una solución a sus casos. De hecho, refirió que estos dos juicios da en automático un fallo similar para otros maestros que están dentro del mismo litigio, entre ellos Rigoberto Ortiz Martínez, Ramiro Arciga Martínez, María Armenia Alejandra Izquierdo, Moisés Tigre Aquino, Teódulo Rangel Guzmán, Rodolfo Vázquez Hernández, Eulogio Solano Leal, Cecilio Aguilar Rodríguez, y el maestro de grupo Miguel Guerra Castillo. En total fueron 40 los directores de escuela y un maestro de grupo los que fueron cesados en junio de 2012 por el gobierno de Rafael Moreno Valle, luego de que se negaron a aplicar la prueba Enlace en sus planteles como una forma de protestar por considerarla “discriminatoria y parte de un programa educativo que atenta contra el artículo tercero constitucional”. Según el abogado Darío García, el despido quedó sin sustento luego de que la propia prueba Enlace fue desechada por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) y por el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación (INEE). De los 40 que fueron cesados en ese entonces, a la fecha se mantienen en tribunales 15 casos de maestros que se sostienen en la lucha. En febrero de este año, Alma Delia Manzano Ortega, directora de Asuntos Jurídicos de la SEP, inició pláticas con representantes del movimiento para revisar los litigios laborales, pero hasta la fecha no han dado una resolución. Maldonado dijo que aunque el gobierno de Puebla tendrá que acatar el fallo, aunque lo que busca es alargar el tiempo para dejar a la administración estatal entrante el pago de los salarios caídos que por más de cuatro años se les adeuda a los maestros, los cuales contaban en su mayoría con plaza de directivos de escuelas primarias y secundarias. El CDMP además informó que han tramitado un amparo para 20 maestros, que fueron cesados por la SEP por no presentarse a la evaluación docente, a fin de que puedan recuperar su plaza. De la misma forma, burócratas despedidos en la actual administración estatal denunciaron esta semana que el gobierno de Moreno Valle alarga los juicios laborales que se han interpuesto por despido injustificado para que el pago de las indemnizaciones tenga que resolverse en la administración que entrará en 2017. “Compañeras y compañeros despedidos y pensionados del gobierno. Nuevamente nos manifestamos para exigir que agilicen nuestros juicios laborales y que la sociedad poblana se entere de la clase de dictador que tenemos como gobernante y ahora quiere imponernos a su títere, Tony Gali. Poblanos este 5 de junio, ni un voto al PAN, no a la privatización del agua”, señalaron en una manta. Desde que inició el sexenio, se estima que el gobierno de Moreno Valle ha despedido a más de 14 mil burócratas. Alrededor de mil 500 de ellos fueron dados de baja a principios de 2015, de un día para otro, sin que se les diera pago alguno que les correspondía por ley a pesar de que la mayoría tenía décadas en el servicio público, denunciaron. Martha Rodríguez, una de las burócratas despedida porque aspiraba a contender por la dirigencia sindical, señaló que en este tiempo siete extrabajadores del gobierno estatal han muerto porque al ser rescindidos sus contratos se les quitó el derecho a recibir servicio médico y no contaban con recursos para pagar atención particular. “Hay compañeros que por quitarles el trabajo les quitaron el servicio médico y han fallecido, y eso también es un asesinato, no se necesita una bala para matarlos”, deploró.