CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el partido en el poder, el PRI, intentó hacer mofa del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, la oposición en San Lázaro dijo que el único responsable de dar justicia y que ha venido ocultando información es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando se le preguntó sobre la cuestionada “verdad histórica” que en su momento dictó el entonces procurador y priista Jesús Murillo Karam, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo: “A lo mejor la misión histórica que se pusieron los del GIEI es poner en entredicho la verdad expresada inicialmente por la Procuraduría, y esto quizá haya distorsionado un poco el juicio sobre lo que esperábamos nosotros, que eran sus hallazgos”. Luego minimizó el trabajo del grupo de expertos, quienes no sólo corroboraron su versión del 6 de septiembre pasado, la falta de prueba científica de que en el basurero de Cocula se incineraron 43 cuerpos de adultos, sino que además pusieron en entredicho el hallazgo de dos bolsas con restos humanos en el río San Juan. “No vemos aquí sus hallazgos, no hay ninguna nueva evidencia que el GIEI le esté aportando a esta causa, son suposiciones de cosas que ya se habían supuesto antes. Por ejemplo, al parecer son los únicos que no conocían este tema de las bolsas en el río San Juan; desde el inicio de este problema se dijo que se habían rescatado bolsas en el río San Juan”, sostuvo Ramírez Marín. Lo que el priista no dijo y que tampoco la autoridad había revelado, y menos aún con imágenes, es que las dos bolsas aparecen en imágenes el 28 de octubre a la vera del camino, y al día siguiente las “descubren” en el río San Juan. Aunque el grupo del GIEI nunca dice que se trata de las mismas bolsas, sí refiere lo extraño que dos bolsas del mismo tamaño y mismos colores aparezcan en ambas zonas en dos días distintos. Ello hizo suponer a gente presente en la conferencia que se trató de una posible “siembra” de restos óseos. El priista se refirió también a la tortura que sufrieron algunos de los inculpados en la desaparición de los 43 estudiantes, por lo que dijo se debe indagar si ello sucedió, para luego dar a entender que el GIEI estaría utilizando dicho argumento para demandar la liberación de los acusados, cuando ello nunca sucedió. “En cuanto a las técnicas por las que hayan obtenido las confesiones la Procuraduría o los agentes de ésta, por supuesto que deben ser revisados cuidadosamente, pero no deben salir de la cárcel los autores confesos de esos crímenes, que se castigue, que se impongan las medidas disciplinarias que correspondan, pero estos delincuentes que mataron, mutilaron, quemaron y despedazaron los cuerpos de estos jóvenes, tienen que estar en la cárcel y por ningún motivo debemos permitir que con una argumentación pseudolegal o arguyendo que se violaron sus derechos humanos, tengan la posibilidad de estar en la calle”, dijo Ramírez Marín. En tanto, el coordinador de los panistas, Marko Cortés cuestionó justamente la existencia de la tortura, pues de ello puede derivarse una confesión dirigida, y las declaraciones pierden validez. “La tortura en nuestro país se debe erradicar. No se debe permitir que ningún tipo de autoridad, institución la ejerza, porque ahí pierde completamente validez cualquier tipo de declaración y una vez más estamos atentando contra los derechos humanos”. El panista dijo que luego del informe presentado por el GIEI, a quienes considera se les debió permitir ampliar su estancia en México, “preocupa que se viene ocultando información, y que los diferentes elementos de prueba no generan ninguna convicción de que la ‘verdad histórica’ sea real”. Para sostener su dicho, Cortés puso dos ejemplos: “Las muestras de ADN que se hicieron en la Universidad de Innsbruck resultó que no se pudo comparar, identificar ninguno de estos restos con algunos de los padres de familia, o sea que no se corrobora que haya relación alguna con los padres de familia y con los desaparecidos. Por ello no hay elementos de convicción que pudieran darnos certeza de que el gobierno nos habló con la verdad respecto de los hechos ocurridos en Ayotzinapa”. De ahí, sostuvo, que el PAN va a seguir demandando el esclarecimiento y exigirá que se conozca la verdad, ya sea en este sexenio o en el siguiente; “si no es en este gobierno porque nos ocultan información, será el próximo gobierno el responsable de dar a conocer los hechos de lo ocurrido en Ayotzinapa, ya cuando no se brinden a ellos mismos protección respecto de sus actos”. El coordinador de la bancada panista aseguró que el GIEI “vino a darnos claridad, más información que la que nos dio el gobierno, y seguimos demandándole al gobierno que nos diga qué fue lo que pasó, que les diga a los padres qué pasó con sus hijos, que le diga a todos los mexicanos qué ocurrió esos días y que les digan a la comunidad internacional qué es lo que se hace en México cuando se trata de derechos humanos”. Y mientras el PAN lamentó que no se hubiera ampliado la estancia del GIE en México, el PRI a través de Ramírez Marín recordó que se dio “una gran desavenencia, una falta de empatía total entre el GIEI y la autoridad investigadora en México”. “No sabemos –añadió– en qué momento se dio esa bifurcación, pero sin lugar a dudas fue en esta última etapa donde la vimos recrudecer. ¿Cuál es el resultado? Que nos hemos quedado sin más aportaciones científicas sobre el caso, que es justamente lo que le correspondía hacer al grupo de científicos internacionales que el gobierno de México convocó”. El conflicto entre el gobierno y el grupo de expertos empezó luego de que el 6 de septiembre de 2014 el GIEI sostuvo que en el basurero de Cocula no hubo un incendio de tal magnitud como para quemar a 43 adultos. Tan es así que se encontraron casquillos cuya pólvora no estaba reventada a pesar de la elevada temperatura que se requiere para quemar un solo cuerpo humano.