CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) y relatores especiales de la ONU pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que acate las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contenidas en su informe sobre el caso Ayotzinapa. El reporte del GIEI “identifica graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas y demuestra que todavía falta mucho por hacer para develar verdad, garantizar justicia y reparar las víctimas”. Así lo señalaron en un pronunciamiento conjunto los expertos Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y Juan Méndez, Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el GTDFI. Los expertos de Naciones Unidas lamentaron que en la segunda parte de su mandato el “GIEI no haya contado con la plena colaboración del gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito a su trabajo y a los resultados de sus investigaciones”. Asimismo, reprobaron las campañas de desprestigio dirigidas contra “el legítimo y muy valioso trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos” que acompañan a las víctimas y a los familiares de desaparecidos, “así como a la sociedad en su conjunto en su derecho a conocer la verdad y evitar la repetición de hechos que han conmovido tan profundamente”. Al destacar la importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta México”, también elogiaron el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que identificó “27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones oficiales” sobre el tiradero de Cocula, donde según la versión gubernamental fueron ejecutados y quemados los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Luego de considerar que las “víctimas deben estar en el centro de toda acción del Estado”, los expertos de la ONU alentaron a los familiares de los desaparecidos y a la sociedad a “seguir adelante en su legítima exigencia al Estado mexicano para que dé a conocer la verdad, esclarezca el paradero de los estudiantes, sancione a todos los responsables conforme a las reglas del debido proceso y garantice su derecho a la reparación integral”. De igual manera, respaldaron la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de establecer un mecanismo especial para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI, y exhortaron al Estado “a participar y colaborar activamente” en el diseño. Los especialistas de la ONU detallaron que el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cobra relevancia “ante la nueva etapa que se abre ante el GIEI”, y aplaudieron las declaraciones de varias autoridades en respuesta al informe final del GIEI sobre la continuación de las investigaciones hasta que se esclarezcan los hechos. Paralelamente a este reconocimiento, los relatores y expertos conminaron a implementar las recomendaciones del GIEI y las formuladas por los mandatos de la ONU, así como “la adopción y adecuada aplicación de las leyes generales sobre tortura y desaparición forzada, que darían importante señal sobre el compromiso de México en enfrentar seriamente estos graves problemas”. Insistieron en que el Estado debe “indagar y sancionar a todos los responsables de las acciones y omisiones referidas por el GIEI”, empezando por las señaladas en el informe, así como “las aberrantes violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre de 2014 y los indicios de tortura y otros abusos ocurridos durante las investigaciones documentados en el informe final”.