CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad de 113 votos a favor, ninguna abstención ni voto en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal que permitirá la liberación anticipada de todas las personas sentenciadas por robo menor a 80 salarios mínimos, sin violencia. La ley prevé además la excarcelación de quienes cometieron el delito de posesión de mariguana, sin fines de lucro o tráfico ilegal. Como una de las leyes más apoyadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos, el documento considera también la prohibición de medidas disciplinarias en las cárceles que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, por ejemplo, el aislamiento indefinido por más de cinco días o la celda oscura y sin ventilación. Esta nueva ley buscará que las prisiones dejen de ser “escuelas del crimen” y formen parte de “un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión, sin menoscabo de la dignidad y el desarrollo de las personas”, afirmó la senadora Cristina Díaz, del PRI, al exponer el dictamen. “Nuestras cárceles nunca más serán nidos de violación de derechos que nuestra Constitución garantiza” y supera la “vieja escuela” de readaptación social, que data de 1971, afirmó el presidente de la Comisión de Justica, el panista Fernando Yunes Márquez. A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Angélica de la Peña afirmó que esta ley representa una oportunidad invaluable para transformar los centros de internamiento. Afirmó que casi 40% del total de la población penitenciaria se encuentra sin sentencia y “sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país”. Las comisiones dictaminadoras incorporaron varios cambios para precisar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, “conforme a su presupuesto”. En la nueva ley se establece un plazo de cuatro años para que las autoridades penitenciarias capaciten al personal, reformen los establecimientos y logren equipar y desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones en cada uno de los centros. Además, se prevé que las entidades federativas realicen previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas. En materia de derechos de género, la ley ordena que mujeres y niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios tengan condiciones específicas. Las mujeres, precisa el documento, podrán recibir trato de personal penitenciario femenino, atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, alimentación adecuada y saludable para sus hijos, en caso de que permanezcan con sus madres. También se establecen espacios especiales dentro de los centros penitenciarios para aquellos sentenciados por delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad. La ley considera como faltas disciplinarias graves la participación activa en disturbios, evadirse, intentar la fuga o favorecer la evasión de otras personas, así como la comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior de los penales y el uso de aparatos de telecomunicaciones no permitidos.