CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La arquidiócesis primada de México aseguró que en su segundo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puso de manifiesto la “burocracia”, “impunidad” y “corrupción” que aquejan al aparato de justicia mexicano. A través del editorial de su semanario Desde la fe, publicado este domingo, la arquidiócesis destaca que el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita. Como afirma el documento, ‘lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad’”. Agrega que la participación del GEI “suponía una intervención esperanzadora para saber qué pasó en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración”. Sin embargo, lamenta que al final dicha intervención de los expertos “llega a su fin con más preguntas que respuestas”. Desde la fe señala que si en su primer informe el GIEI “puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal”. La arquidiócesis de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, también alerta que el sistema legal del país “está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales. Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México”. De igual manera, asegura que “estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, que son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas”. De acuerdo con el editorial, la opinión pública está “impactada” por los “casos de tortura” a los que recurren los responsables de la persecución de delitos, quienes fabrican culpables “con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal”. Luego de destacar que el caso Ayotzinapa entró en una nueva etapa, añade: “Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos”.