Nuevo Sistema Penal funcionará “en nivel óptimo” hasta dentro de 11 años, prevé CIDAC

El penal del Altiplano en el Estado de México. Foto: Octavio Gómez El penal del Altiplano en el Estado de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes y medio de que termine el plazo para implementar en todo el país la reforma de justicia penal, incluidos los juicios orales, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) diagnosticó fallas y vulnerabilidades que, dijo, provocarán que hasta dentro de 11 años se alcance “el nivel óptimo” de operación “eficaz y adecuada” en el país.

Por lo pronto, aseguró: “no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.

En su reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”, aseguró que hasta ahora el proceso se ha caracterizado por “la ausencia de políticas públicas integrales y de coordinación interinstitucional”. Además, dijo que “las acciones para la implementación en todo el país se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada”.

Según el documento, el “constante cambio” de autoridades generó “vulnerabilidad en el proceso de implementación”, lo que derivó en 33 procesos de transformación “paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación”. Ello, alertó, inevitablemente impactará de forma negativa en la operación y resultados del sistema de justicia penal.

El CIDAC detectó la insuficiencia de operadores importantes en el proceso, por ejemplo, asesores de víctimas o facilitadores. Reconoció que aunque se han llevado a cabo esfuerzos en materia de capacitación, “aún existe un enorme rezago, especialmente en el ámbito de la policía”.

No es todo. Durante el tiempo de implementación ha habido un retraso importante en la armonización de legislación nacional trascendental. Eso, agregó, ha significado el riesgo de la aprobación, con prisas, de normas que vayan en contra del sentido de la reforma constitucional.

La reforma en materia de justicia penal implicó –de acuerdo con el organismo–, una “considerable” inversión de recursos financieros. Por ejemplo, el subsidio de apoyo a las entidades federativas para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, administrado por la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Según el Centro, entre 2010 y 2015 esta dependencia distribuyó tres mil 510 millones 92 mil 861 pesos.

Además, las entidades contaron con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (BANOBRAS), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG).

11 años después…

En su reporte, el Centro de Investigación para el Desarrollo clasificó a las entidades federativas según el avance de la implementación del sistema a nivel estatal. Así, encontró que ninguno de los casos, los estados lograron alcanzar, siquiera, el estándar establecido para 2014.

De hecho, dijo, sólo seis superaron el estándar de 2013. Eso, agregó, “hace evidente que aún no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.

Incluso, calculó que, a partir del avance promedio que cada entidad federativa ha mostrado desde 2013 en el proceso de implementación, y en relación con la brecha a nivel nacional, “nos llevará, en promedio, 11 años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada”.

Ante tal escenario, el CIDAC propuso una estrategia consolidar el sistema de justicia penal acusatorio para contribuir a garantizar su viabilidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con su propuesta, la estrategia prevé tres ámbitos de aplicación: La sectorial, con acciones que integren distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional; la institucional, correspondiente a atender a las distintas instituciones del Sistema de forma particular y la del ciudadano, referente al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.

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