Entrevistada en su despacho de Bogotá, la exfiscal Ángela Buitrago reitera a Proceso que hubo línea de “muy arriba” para obstaculizar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los últimos cuatro meses hubo una cerrazón de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de los militares. Sin embargo, dice, ella y sus compañeros indagaron en varias líneas que aún están pendientes de resolver, entre las que destacan el misterioso “Patrón” de Huitzuco y otros personajes de ese municipio guerrerense. BOGOTÁ (Proceso).- La exfiscal colombiana Ángela Buitrago creía que los furiosos ataques de la extrema derecha colombiana dirigidos en su contra la década pasada –por investigar a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos– le habían dejado la piel lo suficientemente dura. Pero su trabajo durante 13 meses en México como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso Ayotzinapa le demostró que no era así; supo también que sus investigaciones podían desatar reacciones aún más virulentas que las que enfrentó en Colombia. “En México hay francotiradores en la prensa que tiran a matar; son muy duros. Son contratados (por las autoridades) y (publican notas y reportajes) sesgados. Están hechos para eso: para pegarte un tiro con mentiras y tergiversaciones”, sostiene. Hace dos semanas ella y los otros cuatro integrantes del GIEI divulgaron en la Ciudad de México su segundo y último informe sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y aún no se ha desprendido del todo de esa investigación. “Quizá nunca logre hacerlo”, comenta. Todavía le dan vueltas en la cabeza las diligencias y las líneas de investigación inconclusas, los obstáculos que le pusieron al GIEI la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación –las instituciones coadyuvantes– a partir de enero. “Fue una experiencia muy dramática desde el punto de vista humano porque hay 43 familias que no tienen respuesta sobre lo que pasó con sus hijos. Eso es muy duro. Son víctimas que no han tenido ni verdad ni justicia. El Estado las oye, pero no las escucha”, dice a Proceso la exfiscal en su despacho de abogada penalista en el centro de la capital colombiana. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2062, ya en circulación