CAMPECHE, Camp. (apro).- El fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, informó que el exsecretario y el exadministrador de la Secretaría de Salud, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes, respectivamente, fueron consignados por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido de servicio público en pandilla. Los dos exfuncionarios, a quienes se acusa de desviar casi 600 millones de pesos, quedaron desde ayer en prisión preventiva no oficiosa en tanto se resuelve su situación jurídica, que se prevé ocurra el próximo sábado 14, dado que sus defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional. En conferencia de prensa, en la que se limitó a leer un mensaje de ocho minutos, luego de los cuales se retiró sin aceptar preguntas de los reporteros, Herrera Campos explicó que a los dos exfuncionarios se les detuvo en la vía pública en cumplimiento de las órdenes giradas por un juez de control. Añadió que Cobos y Duarte fueron denunciados el pasado 20 de abril por el subdirector de Asuntos Jurídicos y apoderado legal del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), Félix Villanueva Sélem, dando pauta a la carpeta de investigación C.I-2-2016-334. El fiscal recordó que Cobos Toledo asumió la dirección general del Indesalud el 30 de marzo de 2012, y Duarte Reyes subió a la dirección administrativa el 20 de noviembre de 2009. Ambos estuvieron en funciones hasta el 15 de septiembre de 2015, último día del sexenio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, quien recientemente fue nombrado embajador de México en Paraguay. Destacó que como servidores públicos ambos tuvieron a su cargo fondos públicos que fueron transferidos durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 al fondo de aportaciones para los Servicios de Salud en el estado. De esos fondos públicos, abundó, se aplicaron retenciones de pagos a terceros, entre las que se encuentran las contribuciones de trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), para enterarlos debidamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Lejos de cumplir con dicha obligación fiscal, les dieron (a esos recursos) una aplicación distinta de la destinada, que en el presente caso fueron utilizados para cubrir honorarios por contrato de personal, de los cuales omitieron solicitar previamente el presupuesto para tener la partida suficiente para la creación de nuevas plazas o el pago de contratos”, explicó. Destacó que al aumentar el personal se incrementa el ISR y, en consecuencia, aumenta la obligación fiscal. “Y teniendo pleno conocimiento de lo anterior, ambos exservidores públicos, por razón de su empleo, omiten enterar a la SHCP la totalidad del dinero retenido por concepto de ISR, lo que afectó gravemente el patrimonio de la entidad”, subrayó. Lo anterior también causó “un perjuicio al organismo estatal descentralizado, ya que se tuvo que solicitar un subsidio a la Secretaría de Finanzas para cubrir los adeudos de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 hasta el mes de septiembre, con actualizaciones y recargos”. Por ello, agregó, el pasado viernes 6 se solicitó al juez de control en turno que librara la orden de aprehensión contra los dos exfuncionarios por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en pandilla, por estar sancionado con pena privativa de libertad y existir medida cautelar. Comentó que las órdenes de aprehensión fueron obsequiadas al día siguiente, y ayer la Policía Ministerial Investigadora les dio cumplimiento. Ambos acusados tuvieron su audiencia inicial anoche, en la que sus defensores solicitaron la duplicidad del término para definir su situación jurídica, y la Fiscalía General del estado (FGE) solicitó la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa y la vinculación a proceso, lo que a ambas partes les fue concedido.