La caída de Dilma sella el declive de la izquierda sudamericana

Manifestantes progubernamentales sostienen pancartas con consignas durante una protesta por el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, en Sao Paulo, Brasil. Foto: Rahel Patrasso / Xinhua Manifestantes progubernamentales sostienen pancartas con consignas durante una protesta por el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, en Sao Paulo, Brasil. Foto: Rahel Patrasso / Xinhua

BOGOTÁ (apro).- La suspensión de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ordenada por el Senado de ese país el pasado jueves 12, es el mayor golpe a las fuerzas progresistas sudamericanas desde el llamado “giro a la izquierda” que las llevó al poder en varios países de la región a lo largo de la década pasada.

Hasta hace seis meses, 84% de la población de Sudamérica era gobernada por presidentes de izquierda. Hoy ese porcentaje se redujo a tan sólo 20%.

Ese drástico viraje se produjo en un abrir y cerrar de ojos por la caída de Rousseff y por la derrota del peronismo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2015 en Argentina.

El “giro a la derecha” fue tan fulminante que ocho de cada 10 sudamericanos están hoy gobernados por presidentes que, con diferentes matices, aplican modelos económicos que favorecen el mercado sobre el Estado.

Y aunque algunos de ellos rechacen ser “de derecha” y afirmen que las ideologías ya no son definitorias en la actividad política, en los hechos han llegado al poder con la premisa de hacer ajustes macroeconómicos de corte neoliberal que afectarán necesariamente los programas sociales puestos en marcha por sus antecesores izquierdistas.

Ese es el caso de Michel Temer, presidente interino de Brasil, y del mandatario argentino Mauricio Macri.

Ambos justifican los severos ajustes –recortes de gasto público, aumentos de impuestos y tarifas y políticas monetarias restrictivas– con la necesidad de afrontar las crisis económicas y los desajustes fiscales que les heredaron sus antecesores.

Tanto Macri, como ahora Temer, recibieron países en recesión y con escándalos de corrupción que tocan a las más altas esferas del poder.

Rousseff fue suspendida como presidenta por seis meses para ser sometida a juicio político por “maquillar” las cuentas fiscales.

En círculos políticos se da por descontado que será hallada “culpable” y que su mandato –que finaliza el 1 de enero de 2019– será concluido por Temer.

El telón de fondo de la debacle de Rousseff fue el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, que también toca a su antecesor y mentor político Luis Inácio Lula da Silva, una figura emblemática de la izquierda latinoamericana.

Según investigaciones de la Fiscalía brasileña, el desfalco a Petrobras puede llegar a 10 mil millones de dólares, y aunque Rousseff no ha sido acusada de ningún cargo relacionado con ese caso, ella presidió el consejo de administración de ese gigante petrolero durante los años en que se produjo el saqueo en el que participaron políticos y empresarios.

Rousseff pudo haber enfrentado un escenario de menor hostilidad si la economía marchara bien. Pero la irritación ciudadana no es solo por el caso Petrobras. Los brasileños están agobiados por una crisis económica que está revirtiendo los avances sociales de la última década. La caída del PIB en 2015 fue de 3.8% y este año se espera un
retroceso mayor.

Brasil, y en general los países sudamericanos, aprovecharon el auge en los precios de las materias primas durante el periodo 2003-2013 para abatir la pobreza y robustecer a la clase media.

Esa época de bonanza fue bien aprovechada por los gobiernos de izquierda que llegaron a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En todos los casos, esos gobiernos –cuyos matices iban desde la socialdemocracia chilena y uruguaya hasta el socialismo “comunal” venezolano– desarrollaron políticas públicas exitosas que les permitieron consolidarse en el poder y ser reelegidos por los votantes.

Los reveses políticos de esas fuerzas progresistas vinieron de la mano del fin de los precios altos de las materias primas, que habían permitido financiar el desarrollo social: el petróleo, el acero, el cobre y los productos agrícolas, cuya demanda cayó con la desaceleración de la economía de China, que se había convertido en el principal socio comercial de la región.

La derrota del peronismo en Argentina, que puso fin a 12 años de gobiernos consecutivos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández –que enfrenta un proceso penal por defraudación a las arcas públicas mediante la venta de dólares–, se produjo en un contexto de desaceleración económica, alta inflación, alto déficit fiscal y devaluación acelerada del peso argentino frente al dólar.

El “paquetazo” aplicado por Macri durante sus primeros meses de gobierno incluyó un ajuste del gasto público, despidos de empleados estatales e incrementos de hasta 300% en las tarifas de energía eléctrica.
Las medidas de Macri y las que prepara Temer en Brasil para estabilizar las finanzas nacionales no sólo son impopulares, sino que implicarán un alto costo social.

Ambos tendrán a la izquierda en las calles encabezando las protestas contra los ajustes neoliberales y tratando de capitalizar el descontento para su futuro regreso al poder.

Pero el hecho de que los dos mayores países de Sudamérica –Brasil y Argentina– hayan sido perdidos por la izquierda socava la influencia de esta corriente política en el escenario regional.

Golpe mortal para Maduro

Esta nueva realidad será resentida, principalmente, por Venezuela, donde el chavismo enfrenta la peor crisis política, económica y social de las últimas dos décadas.

El nuevo canciller de Brasil, José Serra, se refirió alguna vez al régimen que encabeza el presidente Nicolás Maduro como una “dictadura”, y se espera que la política que habían mantenido Lula y Rousseff frente a Venezuela –de no intervención en los asuntos internos y respaldo al gobernante chavista– sufra un drástico viraje.

En ese sentido, la caída de Rousseff es una pésima noticia para Maduro, que además le llega en un momento muy complejo. Según varias encuestas, el 80% de los venezolanos quiere su salida del poder.

En diciembre pasado el chavismo sufrió su peor derrota electoral al perder a manos de la oposición el control de la Asamblea Nacional. Pero el nuevo Congreso unicameral ha sido virtualmente desconocido por el presidente. Todas las leyes que ha aprobado la legislatura opositora han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le es incondicional al Ejecutivo.

La oposición optó por promover un referendo para revolcarle el mandato a Maduro, pero el presidente, con el respaldo absoluto del Consejo Nacional Electoral (CNE), busca impedir que esa consulta se realice este año, pues de ganar el “sí” a su salida del cargo, tendrían que realizarse nuevas elecciones presidenciales.

En cambio, si el referendo se realiza el año próximo y triunfa el “sí”, la Presidencia tendría que ser asumida por el vicepresidente en funciones. Esto significaría la continuación del chavismo en el poder.

La parcialidad con que han actuado el TSJ, cabeza del Poder Judicial, y el CNE, han llevado a la oposición venezolana a pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) activar la Carta Democrática de ese foro, una medida extrema que se aplica solo en caso de que en un país del hemisferio se produzca una ruptura del proceso político institucional.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes anterior que prepara un informe sobre la situación en Venezuela para presentarlo ante el Consejo Permanente de esa organización, del cual forman parte 34 países del hemisferio.

Se espera que en esa instancia multilateral, donde Brasil y Argentina habían actuado durante los últimos años en defensa del régimen chavista, sean estos países y sus nuevos gobiernos los que ahora lideren una corriente mucho más dispuesta a presionar a Maduro “a respetar (en palabras de la oposición venezolana) el orden constitucional y la separación de poderes”.

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