La transparencia dio un paso más esta semana. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación añadió más de 200 mil nombres a una base de datos pública. Esto reveló que hay muchos más mexicanos implicados en la apertura de empresas offshore de lo que había aceptado la Secretaría de Hacienda. El gobierno mexicano, sin embargo, mantiene su discurso tibio e incluso mandó al criticado Virgilio Andrade a una cumbre donde se debatió el problema de los paraísos fiscales… CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Poco más de un mes después de su lanzamiento, la investigación global #PanamaPapers tuvo un nuevo impulso el pasado lunes 9, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) añadió cerca de 214 mil entidades offshore incorporadas por el despacho panameño Mossack Fonseca a una base de datos interactiva accesible en línea. En la base de datos, que el ICIJ creó en junio de 2013, se encuentran ahora más de 320 mil compañías offshore repartidas en 200 países y territorios, así como decenas de miles de individuos –ya sean accionistas o beneficiarios finales– vinculados a ellas. Entre éstos destacan 2 mil 56 brasileños, 2 mil 16 uruguayos, mil 294 argentinos, 928 ecuatorianos, 831 venezolanos, 527 guatemaltecos y 289 mexicanos. El ICIJ ignoró las amenazas de Mossack Fonseca, que trató de impedir la publicación de la lista. El martes 10, el despacho anunció que tomaría “acciones legales contundentes para protegernos de actos como éste, que al constituir un delito penal deben ser llevados ante las instancias correspondientes para su debido procesamiento”. La organización respondió que “la investigación The PanamaPapers es un relato veraz y riguroso sobre el mundo offshore sigiloso en el que opera Mossack Fonseca” y abundó que el trabajo “resultó en la renuncia de un líder mundial y otras figuras de alto perfil, el lanzamiento de investigaciones en todo el mundo, y un esfuerzo para reformar los despachos especializados en el mundo offshore, que permitieron a individuos ricos y poderosos ocultar sus bienes de las autoridades”. Además, el ICIJ otorgó el acceso a la base de datos original a reporteros de The New York Times y del Washington Post, los cuales se suman a los 370 periodistas de 78 países que participaron en los #PanamaPapers. A raíz de la publicación de la base de datos surgieron nuevos personajes ligados al mundo offshore, entre ellos Malcolm Turnbull, el primer ministro de Australia; el empresario, político y expastor guatemalteco Harold Caballeros López, o la actriz británica Emma Watson, entre otros, y se incrementó la presión sobre las autoridades para poner un alto a los abusos de este tipo de empresas de papel. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, se vio obligado a re­iterar su compromiso de “revisar a cada uno de los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”, en un boletín de 10 líneas emitido el lunes 9. “Se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación, para valorar si dentro de las bases de datos institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros países existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”, insistió la dependencia a cargo de Aristóteles Núñez. De acuerdo con la agencia Reuters, el mes pasado el SAT mandó una carta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que le pidió una lista de las empresas e instituciones financieras que realizaron transacciones en más de 100 jurisdicciones, entre ellas los paraísos fiscales. La base de datos que publicó el ICIJ es apenas la superficie de los 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que una fuente anónima entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung, el cual los compartió con el ICIJ, que a su vez organizó el mayor proyecto de colaboración periodística en la historia, involucrando a 109 medios del mundo, entre ellos Proceso. Estos archivos, cuyo tamaño rebasa los 2.6 terabytes, consisten en correos electrónicos, escrituras de las sociedades, informes de reuniones, pasaportes, números de cuentas bancarias, cartas de recomendación o tablas de contabilidad, entre otros. En ellos se esconden muchos nombres e historias que, hasta la fecha, no han sido revelados. Otros mexicanos Entre los nombres de los 289 mexicanos que salieron en la lista publicada este lunes destacaron varios personajes de los que Proceso relató, en ediciones previas, las relaciones con el mundo offshore. Es el caso de José Ramiro Garza Cantú –dueño de Grupo R y del periódico La Razón (Proceso 2059)–, Carlos Alberto Rojo Macedo –presidente de Grupo Interacciones (Proceso 2061)–, Juan Armando Hinojosa Cantú –contratista de Enrique Peña Nieto (proceso.com.mx)– o Noé Fernando Castañón Ramírez, presidente del PRI en Tuxtla Gutiérrez (Proceso 2062). También aparecieron integrantes de la familia Ballesteros Franco –propietaria de Grupo Mexicano de Desarrollo (Proceso 2061)– y de la familia González Zabalegui –dueña del grupo La Comer (Proceso 2062)–, así como los herederos del empresario veracruzano Valentín Manuel Ruiz Ortiz (Proceso 2062). Otro personaje destacado fue el empresario de origen español Juan Antonio Pérez Simón, miembro del consejo de administración de América Móvil y allegado a Carlos Slim, y quien se convirtió en octubre de 2006 en accionista mayoritario de Esprit Maritime Limited, una sociedad formada en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa tuvo el único propósito de ser la “propietaria” legal de un yate, y los demás accionistas fueron su hija, María José Pérez Simón Carrera, así como los empresarios queretanos José Oleszcovski Wasserteil y Víctor David Mena Aguilar. Pérez Simón también fue accionista de Eagle & Cie, S. A., otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas en 2003 de la que su amigo, el tamaulipeco Óscar de León Montemayor –otro cercano a Slim–, apareció como director. Otro de los nombres que salió en la lista fue el del empresario minero coahuilense Miguel Ángel Barahona Gutiérrez. Barahona es propietario de Tierra Nueva Minería, S. A. de C. V., incorporada en el registro público de Saltillo el 18 de noviembre de 2008. Apenas un mes después participó en la creación de la sociedad Tierra Nuevo Mining Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas, la cual absorbió a la empresa mexicana. En 2011 Mossack Fonseca se convirtió en el agente registrado de Tierra Nuevo Mining Ltd. Según su información corporativa, esa sociedad realiza operaciones de exploración en las minas Unificación Noche Buena y Beatriz, en Coahuila. Según los documentos de Mossack Fonseca, si bien su fachada es mexicana, detrás de la empresa minera se encuentran inversionistas y mineros de Holanda, Canadá o Sudáfrica, además del propio Barahona. Miguel Ángel Dávila Guzmán, propietario del Grupo Cinemex, apareció en la enumeración como propietario de la empresa Invermad II, S. A. de C. V., a través de la cual detenta 300 mil acciones de BBB Foods Inc., una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que opera la cadena de tiendas de autoservicio del mismo nombre en varios países del mundo, incluyendo México. En el inventario surgieron también los nombres de asesores financieros y fiscalistas mexicanos, quienes elaboraron estructuras offshore para sus clientes y a veces para ellos mismos. Es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, uno de los clientes mexicanos más activos de Mossack Fonseca, quien aparece como beneficiario final, cliente y accionista de distintas entidades incorporadas en paraísos bancarios. En abril pasado, Arellanos Gutiérrez aseveró a Proceso –antes de colgar el teléfono–, que sus entidades offshore estaban disueltas. Eso no es del todo cierto, pues el 15 de enero de 2015 incorporó las sociedades Glory One Management Ltd. en Seychelles y Runshine Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas. La primera sólo sirvió para ser accionista de la segunda, cuya actividad principal consistió en poseer una cuenta bancaria en Bahamas, con actividades registradas en México, Costa Rica, Chile y Uruguay. Otro operador de Mossack Fonseca fue Pedro Quirós Madrigal, socio del despacho Tax Design Services, S. C. –Servicios de Diseño Fiscal, en español–, ubicado en Polanco. En abril de 2015, el asesor se comunicó con la firma panameña para incorporar seis fundaciones y asociarles seis cuentas bancarias en FPB Bank de Panamá. Una de estas cuentas se abrió a nombre de la sociedad Valacalega, incorporada en Panamá, y las demás fueron atribuidas a sus accionistas. Según el esquema elaborado por Quirós, la cuenta de la empresa recibiría depósitos de 50 mil dólares cada mes hasta alcanzar 1 millón 500 mil dólares, como comisión por la venta de mercancías chinas en México. Entre los beneficiarios de las fundaciones figuran José Carral Cuevas –quien integra los consejos de administración de HSBC México, Nacional de Drogas (Nadro), Grupo Domit o Tekchem, entre otros–, Carlos García Muriel –también miembro del consejo de Tekchem–, José Refugio Laso Roa, Eduardo Antonio Luis Calixto Legorreta y Carlos Antonio Vales Ochoa. Vista panorámica Los #PanamaPapers, y en un sentido más general la evasión de impuestos a través de los paraísos fiscales, ocuparon un lugar central en la cumbre anticorrupción de Londres, que se llevó a cabo el jueves 12 bajo el monitoreo de organizaciones internacionales como Oxfam y Transparencia Internacional, y tres días después de que el ICIJ actualizara su base de datos pública. La presión era fuerte sobre David Cameron, el anfitrión de la cumbre: el primer ministro británico tuvo que admitir, en una sesión pública llevada a cabo en abril pasado, que se había beneficiado durante años del fideicomiso que su padre abrió en Panamá hace tres décadas. Y el pasado sábado 7, 300 economistas de renombre, agrupados por la organización Oxfam, redactaron una carta abierta en la que exigieron a los líderes mundiales aprovechar la cumbre para “poner fin a la era de los paraísos fiscales”, al aseverar que éstos “no aportan ningún valor al bienestar o la riqueza global, puesto que carecen de un propósito económico útil”. Al terminar la cumbre, los países acordaron tres puntos sobre los cuales enfocar la lucha contra la corrupción. Si bien no plantearon medidas de fondo para eliminar los paraísos fiscales, llamaron a “terminar el mal uso de las sociedades anónimas para esconder los frutos de la corrupción” y a “quitar estos abogados, agentes inmobiliarios y asesores que facilitan o son cómplices de la corrupción”. Apenas dos días antes de que los 40 países asistentes a la cumbre se pronunciaran a favor de proteger a los whistleblowers (informantes), la procuraduría de Luxemburgo pidió a la justicia de ese país condenar con año y medio de cárcel a Raphaël Halet y Antoine Deltour, dos exempleados de la empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC), quienes filtraron a un periodista francés –y posteriormente al ICIJ– documentos que demostraron cómo la empresa incentivaba a sus clientes a practicar la evasión fiscal. En la cumbre, pese a los discursos elocuentes del canciller John Kerry, el gobierno de Estados Unidos se negó a firmar el acuerdo de colaboración, aunque varios de sus estados –en particular Nevada, Wyoming y Delaware– forman parte de los territorios más opacos del mundo en materia corporativa. Y varios territorios offshore de Gran Bretaña –como las Islas Vírgenes Británicas y Jersey– rechazaron crear un registro público de sociedades. La delegación mexicana, encabezada por Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se comprometió a “revisar las penalidades y otras acciones contra facilitadores profesionales de evasión de impuestos, incluso para las empresas que fracasan en impedir a sus empleados la evasión de impuestos”. Andrade encabezó la comisión de investigación que concluyó, en agosto pasado, que no había conflicto de interés en el caso de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, que el empresario Hinojosa Cantú construyó y financió para Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Al cerrar el caso de la Casa Blanca, Andrade dio un gran servicio a Hinojosa Cantú: le permitió seguir con la incorporación de entidades offshore, a través de las cuales el empresario –cuya fortuna creció al amparo de los gobiernos de Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en Los Pinos– buscaba gestionar “cerca de 100 millones de dólares” depositados en distintos bancos del planeta. En septiembre pasado, cuando los abogados de Mossack Fonseca se percataron de que Hinojosa Cantú y Peña Nieto estaban involucrados en el escándalo, los asesores del empresario mandaron las conclusiones de la SFP que disculpaban a su cliente y descalificaron los reportajes sobre la Casa Blanca, aseverando que provenían de periódicos de la “competencia” del empresario, entre ellos “el New York Times de Carlos Slim”.