Un magistrado decidió que tres soldados implicados en la ejecución de Tlatlaya –perpetrada en junio de 2014– no irán a juicio. La determinación hirió profundamente a los familiares de las víctimas y al estado de derecho, pues había pruebas y testimonios sólidos que incriminaban a dichos militares, además de que pesquisas importantes nunca se realizaron y se obvió, otra vez, el hecho de que hubo confesiones arrancadas mediante tortura. Detrás del fallo se entrevén presiones de las Fuerzas Armadas, el gobierno mexiquense y el federal, e incluso de Televisa. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Obtuvo varios premios con su investigación periodística, que puso en evidencia que el 30 de junio de 2014 el Ejército perpetró ejecuciones sumarias tras un enfrentamiento contra miembros del crimen organizado en Tlatlaya, Estado de México. A un año y 10 meses de los hechos –y a uno y siete de que el periodista valenciano diera a conocer el testimonio de una de las sobrevivientes de la masacre de 22 personas– el reportero español Pablo Ferri reflexiona sobre la reciente resolución del magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Toluca, Adalid Ambriz Landa, quien desestimó las probanzas presentadas para llevar a juicio a tres soldados, los últimos de los siete a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) consignó por los hechos del 31 de octubre de 2014. Gracias al trabajo de Ferri Tórtola (publicada en la revista Esquire Latinoamérica y difundido por Proceso) y antes al de reporteros de la agencia estadunidense Associated Press es que la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, tomó el caso ante el escándalo internacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arrancó su proceso investigativo el 11 de julio de ese año. Reconocido con los premios Nacional de Periodismo y Ortega y Gasset en 2014, Penn Club en 2015 y nominado para el premio Gabriel García Márquez en la categoría de cobertura, Ferri dice en entrevista que no se siente frustrado, pese a que la noticia dada a conocer la noche del viernes 13 provocó una lluvia de cuestionamientos hacia su trabajo por parte de columnistas afines a las Fuerzas Armadas, incluso con un toque xenófobo. “Se ve lo absurdo de tratar de descalificar un asunto en el que ahí está el trabajo y, sobre todo, ahí está la recomendación de la CNDH, que señala las graves violaciones a los derechos humanos, nada ha cambiado por la decisión del juez”, apunta Ferri. No es la primera vez que por el caso Tlatlaya, Ferri padece animadversión y amenazas. “Hubo algunos comentarios en redes muy agresivos tanto hacia la fotógrafa como hacia mí; entramos al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, pero ya salimos porque ahí no pasa nada”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2064, ya en circulación