MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que William Roberto Chan Cob haya muerto por presunta tortura de policías municipales en la cárcel de Temax y afirmó que su deceso fue causado por “parasitosis”. Activistas de los derechos humanos del Equipo Indignación denunciaron ayer la muerte de Chan Cob en la cárcel de Temax por presunta tortura infligida por policías municipales que lo detuvieron el fin de semana pasado. Pidieron a la autoridad una “investigación y sanción inmediata” a quienes resulten responsables de la muerte del joven temaxeño, así como un alto a las prácticas de tortura policiaca que, aseguraron, aún se practican en Yucatán. La FG del estado informó que el 21 de mayo la policía municipal de Temax recibió un reporte del padre de William Roberto Chan Cob solicitando la intervención de la policía pues “su hijo realizaba disturbios”, por lo que los oficiales acudieron al domicilio y detuvieron al joven para trasladarlo a la comandancia. “Al poco tiempo, al realizar una ronda de guardia, uno de los agentes se dio cuenta que el joven Chan Cob se encontraba tirado y parecía no respirar, por lo que dieron aviso a las autoridades de salud, quienes, después de brindarle los primeros auxilios, indicaron que había fallecido”, explicó. Aseguró que la necropsia reveló que la causa de la muerte de Chan Cob fue “choque séptico secundario a parasitosis” y una infección avanzada en el hígado y otros órganos. Resaltó que el cadáver “no presentó signos de violencia física ni golpes de ningún tipo”. Codhey inicia queja de oficio No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), a cargo de José Enrique Goff Ailloud, condenó el hecho e informó que el organismo inició una queja de oficio para investigar el caso y determinar si la autoridad incurrió en alguna acción u omisión que pudiera haber causado la muerte del detenido. Asimismo, hizo un llamado urgente a los alcaldes de los 106 municipios para atender las deficiencias en las cárceles municipales que, “de manera reiterada, la Comisión ha señalado en sus informes”. Recordó que con insistencia el organismo ha dado a conocer diversas deficiencias que imperan en las cárceles públicas como: la falta de dictámenes y atención médica oportuna, de supervisión permanente a las personas detenidas, lejanía de las celdas de las comandancias, de iluminación, ventilación, registro de ingresos y egresos, entre otras. “Así como la mala práctica de dejar desvestidos a los detenidos atentando así contra la dignidad humana”. Dijo que de acuerdo con el último informe de supervisión se constató que el 68% de las cárceles no cumplen con las reglas mínimas de operación ni cuentan con Bandos de Policía y Buen Gobierno, dejando en estado de indefensión a los detenidos. Recordó que “toda persona detenida se encuentra bajo la responsabilidad de la autoridad y su dignidad, integridad física, personal y la vida deben de ser respetadas y garantizadas”.