CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor de al menos 80 familias indígenas de Chenlahó, víctimas de desplazamiento forzado tras los recientes conflictos políticos municipales la semana pasada, que dejaron una niña y un hombre de 54 años fallecidos. A cinco días de los hechos violentos ocurridos en el mencionado municipio chiapaneco, por el cambio de autoridades municipales, la CNDH requirió al secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, para que en un plazo máximo de 24 horas tome las medidas necesarias para “garantizar un mínimo de satisfactores de alimentación, salud, vivienda, integridad física y vida a las personas desplazadas por los recientes acontecimientos violentos”. En un comunicado, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez resaltó que de acuerdo con información periodística las 80 familias se desplazaron “con la finalidad de proteger su integridad física e, incluso, su vida, por la situación de violencia que todavía impera allí, requiriendo el apoyo inmediato de las autoridades de la entidad”. Al cumplirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, la CNDH pidió al secretario de Gobierno de Manuel Velasco que, de forma inmediata y en coordinación con las autoridades estatales y municipales, se levante un “censo de las víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) por los hechos de violencia generados en los últimos días en el municipio de Chenhalhó, Chiapas, y se les garantice la satisfacción de sus necesidades básica de alimentación, salud y vivienda”. El organismo instruyó además que, ante los hechos de violencia generados y su estado de vulnerabilidad, se garantice “su derecho a la integridad física e, incluso su vida”. Demandó también que “se establezcan las acciones necesarias para que, en tanto subsista el desplazamiento, se prevean los lugares de alojamiento temporal de la familias desplazadas y, en su caso, el acceso de las mismas a los servicios de salud, educación, jurídicos y laborales”. La CNDH solicitó que “se lleven a cabo las acciones necesarias dentro del marco jurídico, que permitan dar solución a los hechos de violencia generados en los últimos días en el municipio de Chenalhó, Chiapas, privilegiando el diálogo entre las partes para evitar hechos de violencia con independencia de donde puedan provenir, con la finalidad de que en el menor tiempo posible las víctimas del DFI, puedan tener retorno seguro y duradero a sus comunidades de origen”. El organismo puntualizó que dichas medidas deberán implementarse “durante el tiempo que se requiera, evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos que causen daños de difícil reparación”. La CNDH reiteró que el gobierno de Chiapas tiene un plazo máximo de 24 horas para acatar las medidas cautelares, una vez notificada la entidad, en tanto que dichas medidas serán periódicamente monitoreadas para verificar su cumplimiento. Los desplazamientos se derivaron de las confrontaciones en la comunidad de Puebla, municipio de Chenalhó, entre simpatizantes de la exalcaldesa municipal Rosa Pérez y los del nuevo alcalde Miguel Santiz Álvarez, registradas la semana pasada. Las familias que migraron de manera forzada se refugiaron en el auditorio de la cabecera municipal este fin de semana, luego de que, por las trifulcas, murió una niña de 12 años y un hombre de 54.