PGJ indaga a personal del Sistema Penitenciario por fuga en el Reclusorio Oriente  

Las oficinas de juzgados en el Reclusorio Oriente, donde se dictó sentencia al asesino del estudiante del IPN. Foto: David Deolarte Las oficinas de juzgados en el Reclusorio Oriente, donde se dictó sentencia al asesino del estudiante del IPN. Foto: David Deolarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la fuga de dos internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ayer por la tarde, la Procuraduría General de Justicia capitalina inició una averiguación previa contra dos técnicos en seguridad de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario como probables responsables del delito de evasión de presos doloso.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también inició una investigación de oficio relacionada con la fuga de los dos reos que aprovecharon su asistencia a una diligencia de carácter judicial para escaparse de la prisión.

Ayer por la noche, la Secretaría de Gobierno informó que Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez, internos del Módulo de Alta Seguridad “Diamante” del mencionado reclusorio se fugaron por una reja de la zona de juzgados luego de desahogar diligencias.

La Subdirección Jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina e inició la búsqueda de los internos con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque sin resultados.

De la misma forma, se inició una investigación en la Contraloría Interna para deslindar responsabilidad del personal de Seguridad a cargo del traslado, resguardo y la autorización de las salidas a las diligencias, entre otros.

El interno Agustín Miranda Orozco, de 46 años, tiene una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro. Ingresó el 28 de octubre de 2011. Desde esa misma fecha Roberto Sánchez Ramírez de 50 años compurga una condena de 114 años 9 meses y 1 día por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego.

Según la Procuraduría capitalina, la averiguación previa fue iniciada en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a las 18:05 horas de este lunes.

De acuerdo con la investigación, el jefe y el subjefe del Segundo Grupo de Seguridad en dicho penal fueron notificados que a los custodios Juan Casados Gutiérrez y Jesús Piña Cid les hacían falta dos internos que estaban a su cargo. Ambos fueron trasladados del Módulo de Seguridad “Diamante” a este centro, para el desahogo de diligencias y en ese momento aprovecharon para fugarse.

Fue hasta después de reportar el hecho que se activó la alerta para localizar a los internos y avisar a las autoridades correspondientes.

La PGJ informó en un comunicado que realiza las diligencias necesarias para fincar o deslindar responsabilidades, en tanto que la Policía de Investigación (PDI) busca a los evadidos.

El artículo 305 del Código Penal para el Distrito Federal indica que quien favorezca la evasión de reos podría alcanzar una pena de tres a 10 años de prisión, además de una multa.

CDHDF advirtió el riesgo

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que inició una Investigación de Oficio por la fuga de los dos prisioneros del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En un comunicado, recordó que en diversos foros, pronunciamientos y Recomendaciones –como la 14/2010, 6/2011 y 18/2015-, ha hecho “evidente la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente que garanticen tanto la seguridad institucional como la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos y, con ello prevenir este tipo de eventos”.

Ante la nueva fuga, la Comisión llamó a las autoridades capitalinas a realizar una investigación “exhaustiva” sobre los hechos establecer las responsabilidades que correspondan.

El organismo también reiteró a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) la necesidad de brindar el presupuesto necesario para contar con la tecnología que garantice la operación adecuada de los sistemas de seguridad.

Reiteró la importancia de que las cámaras instaladas en los túneles de acceso a los Juzgados Penales sean supervisadas “por personal responsable” que se encuentre pendiente de los acontecimientos y actúen de manera inmediata cuando se detecte cualquier situación que pueda constituir una irregularidad, fugas o cualquier situación de violencia.

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