CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Poco más de tres años después de realizar su visita a México, Christof Heyns, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, observó “serios retos” en los avances del gobierno mexicano en materia de “protección del derecho a la vida”, mismos que ilustró con casos recientes y emblemáticos de violaciones a garantías fundamentales. En un informe de seguimiento sobre las recomendaciones que emitió durante la visita –la cual se llevó a cabo en abril y mayo de 2012–, Heyns destacó “una serie de eventos trágicos que colocaron recientemente a las fuerzas armadas en el centro de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales”, entre ellos las masacres de Tlatlaya, Calera –en Zacatecas– y el asesinato de un niño de 12 años en Santa María Ostula, Michoacán. El relator también denunció casos recientes en los que integrantes de la policía abusaron de la fuerza, lo que derivó en detenciones arbitrarias y tortura, e incluso en masacres y casos de desaparición forzada, como fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la masacre de Apatzingán, Michoacán. Aunque tomó nota de las medidas que adoptó el gobierno mexicano para incrementar la infraestructura carcelaria, lamentó “no haber recibido información sobre las medidas asumidas para proteger a los prisioneros de amenazas a su vida e integridad”. Además, expresó su “consternación” respecto de la muerte de 49 reos durante una riña en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, “una institución que fue denunciada por sus fallas en seguridad y gobernanza”, recordó. El relator también notó que las autoridades mexicanas fueron señaladas por manipular escenas de crimen y lamentó que, “pese al reglamento las mismas sigan perpetrando tales prácticas con impunidad”. Para realizar el informe, que será presentado el lunes 13 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator pidió al gobierno mexicano información sobre las medidas que adoptó para cumplir con sus recomendaciones. En muchas ocasiones, Heyns observó que la respuesta gubernamental resultó insuficiente, y a veces, inexistente. Hace tres años, por ejemplo, el relator especial urgió el gobierno mexicano a alejar el Ejército de las labores de seguridad pública y dejar esta tarea a fuerzas civiles. La administración de Enrique Peña Nieto le contestó que la Constitución mexicana autoriza a la institución castrense a asumir tareas de seguridad pública, por lo que el relator “lamentó” la “falta de avance en la implementación de las recomendaciones”. Heyns también deploró “la falta de implementación de las recomendaciones y los episodios subsecuentes de uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército y la policía”, y subrayó la ausencia de medidas para “proteger a los niños de la violencia por grupos criminales o durante operaciones de seguridad pública”. Según el relator especial, los grupos vulnerables –mujeres, migrantes, activistas y periodistas– siguen siendo “desproporcionalmente sujetos de violencia o de violaciones a los derechos humanos”, y fustigó que, pese a avances legales emprendidos por la administración, “no se recibió información sobre investigaciones llevadas a cabo de manera efectiva sobre violaciones a grupos vulnerables”. Respecto de la migración, Heyns expresó su preocupación sobre las consecuencias del llamado Plan Frontera Sur –que implementó Peña Nieto en julio de 2014 para bloquear el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica— sobre la “situación de los migrantes”. Hace tres años, Heyns pidió al gobierno mexicano tomar acciones para terminar con “el número alarmante de periodistas y defensores de derechos humanos víctimas de amenazas, ataques y homicidios, a veces incluso por las autoridades”. Para demostrar los avances en la materia, la administración de Peña Nieto mandó al relator una lista de regulaciones adoptadas previa a 2012, es decir, a su visita en México. “El relator especial lamenta que la información recibida relata en su mayoría regulaciones adoptadas previo a su misión y fracasa en actualizarle sobre la implementación de las recomendaciones”, sostuvo. También lamentó “enterarse sobre la violencia continua que sufren periodistas y la impunidad relacionada a ella”. El relator deploró que el gobierno mexicano hizo caso omiso a su recomendación de reformar la ley para permitir a las autoridades federales investigar y procesar los casos de homicidio “cuando las autoridades estatales no pueden o no quieran hacerlo”. Heyns reiteró sus críticas sobre la impunidad en la que quedaron los crímenes perpetrados durante la llamada “guerra sucia”, y si bien dio su beneplácito a la creación de la Comisión de la Verdad de Guerrero, deploró las “restricciones” en el acceso público a los expedientes sobre ese periodo. “La violencia, por parte de agentes del Estado y ajenos al Estado, sigue afectando vidas, particularmente de las personas más vulnerables. Las medidas de protección de los grupos de riesgo permanecen insuficientes e inefectivas. Pese a una serie de reformas legales e institucionales, la falta de rendición de cuentas sigue siendo un reto serio, que profundiza la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia”, concluyó.